VALENCIA. Los presupuestos de las cinco universidades públicas valencianas suman más de 1.065 millones de euros, procedentes en un 75% de la Generalitat, que aún les adeuda pagos de 2004. Al enfrentar los siete millones que se obtienen con el Campus de la Excelencia para un proyecto sobre hábitat y territorio (Habitat5U) y lo que se necesita para mantener las instituciones, surgen dudas sobre la proporcionalidad de la reacción. Además, los fondos destinados para este proyecto son finalistas, por lo que sólo se entregarán si de confirma que el dinero se ha gastado estrictamente en lo que corresponde.
"El problema de la Universidad no lo resuelve un proyecto, es un problema estructural" advierte Vicent Soler, catedrático de Economía Aplicada de la Universitat de València. La situación actual ha hecho que las universidades tengan serios problemas para pagar las nóminas y el cumplimiento de las exigencias del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, el Acuerdo de Bolonia, resulta difícil de encajar con las cuentas actuales y los previsibles recortes.
Tomando como ejemplo la Universidad Politécnica de Valencia, a pesar de los esfuerzos que ha realizado en la captación de fondos a través de proyectos y la implicación de la empresa privada, la institución dependen en un 71% de las transferencias que le haga la Generalitat. Concretamente, 266,8 millones de euros en 2011, frente a los 373,6 millones que prevé gastar.
Sin embargo, la institución que comanda el rector Juan Juliá es la que menos atada está a las aportaciones de la Consellería de Educación. La palma se la lleva la Universitat de València, con un 77%; y las de Castellón y la Miguel Hernández de Elche, con un 76%. La quinta en discordia, la Universidad de Alicante, se queda en un 72% de dependencia.
LO PEOR ESTÁ POR VENIR
Aunque los principales recortes están por venir, lo cierto es que las cinco han sabido ya lo que significa apretarse el cinturón. Sobre el papel, las aportaciones autonómicas a las cuentas universitarias han bajado en torno a un 2%, pero los impagos reconocidos por la Generalitat superan los 800 millones de euros.
Esta cantidad tenía que haberse empezado a pagar en 2009 y terminar en 2022. Sin embargo, la Generalitat todavía no ha entregado ninguna cantidad y reconoció el 7 de octubre que los plazos eran inasumibles. De hecho, se comprometen a pagar 135 millones que ya debía haber desembolsado entre 2013 y 2022. Mientras tanto, las universidades siguen teniendo que pagar nóminas, la luz, el mantenimiento de su sinstalaciones, los proyectos cofinanciados...
Coincidiendo con este anuncio, el mismo Pleno del Consell asumió que no se podrá pagar los 67 millones de euros con los que las universidades esperaban saldar sus gastos corrientes. Estas transferencias acordadas en el Plan Plurianual de Financiación (PPF) se utilizan para pagar el gasto corriente, pero no llegarán hasta abril de 2012.
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