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Enrique Crespo

VALENCIA. El 'agujero' detectado en la gestión de la depuradora de Pinedo, dirigida por la ya extinguida Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa), continúa siendo investigado en los juzgados tras la querella de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), fruto de una denuncia de los socialistas valencianos.

El número de imputados en el caso va creciendo -ya son 13- a medida que el magistrado Vicente Ríos, titular del juzgado número 15 de Valencia, avanza en las investigaciones, que apuntan a un entramado de empresas organizadas para exprimir Emarsa. Precisamente uno de los imputados es el exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, no parece dispuesto a asumir la entera responsabilidad de las irregularidades de la empresa pública -se habla de un desfalco de más de 17 millones de euros- y ya ha señalado a otros presuntos implicados en la causa. Pero, ¿quién es quién en el caso Emarsa?

Esteban Cuesta: exgerente de Emarsa. Exalcalde de Benimámet por el PP y presidente de la agrupación local de Pedanías Oeste. En sus declaraciones como imputado, tras la querella de Emshi por supuesta estafa continuada y malversación de fondos, ha señalado que el vicepresidente de la Diputación, alcalde de Manises y presidente del ente, Enrique Crespo, conocía la situación de la empresa.

Enrique Crespo: expresidente del consejo de Emshi y vicepresidente de la Diputación. La Fiscalía ha solicitado que sea imputado, a lo que el dirigente del PP ha respondido que será "la mejor forma de defenderse". Cuesta ha declarado que Crespo estaba al tanto de todos los movimientos que se producían y le responsabilizó de repartir los suntuosos regalos que hacía la depuradora como bolsos de Loewe, joyas y relojes de 3.000 euros.

Sebastián García: jefe de Informática de Emarsa. En la empresa desde 1999. Administrador o apoderado de diversas empresas que facturaron a Emarsa cuantiosas adquisiciones o actuaciones de dudosa existencia. Se atribuyen a su entramado de empresas hasta 8,8 millones de euros en facturas.

Mari Paz García y Víctor Manuel García: hermanos de Sebastián y también imputados. La primera era administradora única de Valmasmark SL y Construcciones Rocafort; empresas ambas que se encuentran entre las que facturaron de forma millonaria a cargo de Emarsa. El segundo, figuraba como administrador único de Sofitec Informática, otra de las compañías presuntamente beneficiadas por servicios a la empresa pública.

Enrique Arnal: director financiero de Emarsa y cargo también situado por el PP en 1996. Figura como imputado y se estima que podría estar al tanto de las irregularidades del ente.

Ignacio Martínez: director de Sistemas de Emarsa. Es secretario general del PP en el distrito de Tránsitos. Destituido por la nueva gestora de la depuradora.

Santos Peral: director de Administración de Emarsa. Es secretario general del PP en Patraix. Destituido por la nueva gestora de la depuradora.

Juan José Morenilla: exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), dependiente de la Generalitat. Estuvo al mando desde 2000 hasta 2010. Según publica el diario Levante, actualmente ha fichado por Facsa, una empresa que recibió adjudicaciones por más de 30 millones de euros de, precisamente, Epsar. Esta firma es una de las que está siendo investigada en el sumario del caso Gürtel. Testimonios del juicio, como el del jefe de Medioambiente de Emarsa, Adolfo Polo, apuntan a la estrecha relación entre Epsar y Emarsa.

Según esta declaración, Adobs Orgànics, propiedad de Jorge Roca, imputado -aunque no localizado- por cobrar supuestamente servicios que no se cumplieron, contrató a Notec, empresa impuesta por Epsar. Además, según Polo, esta empresa disponía de información sobre la gestión de lodos de Emarsa. Cabe recordar que Epsar es una de las empresas públicas valencianas que acumula más deuda con entidades financieras, unos 679 millones de euros. Por su parte, el Instituto Valenciano de Finanzas avaló en 2006 un crédito para Emarsa de ocho millones de euros.

A medida que el proceso judicial avanza, salen a la luz mayores interrogantes sobre la gestión del ente que dejó al descubierto, en el momento de su liquidación, un agujero de 17 millones de euros. Material informático pagado que no fue encontrado, servicios facturados que no se prestaron, costosos regalos a los miembros del Consejo de Administración y, todavía más preocupante, pagos a cargo del ente por miles de euros en joyas, bolsos de marca o relojes a destinatarios desconocidos. Un cúmulo de presuntas irregularidades que salpican al Ayuntamiento de Valencia, que controla el 48% de la asamblea local de Emshi, cargos locales de la formación ‘popular' y un vicepresidente de la Diputación.