En julio se decidirá el futuro de un sector hasta hace poco muy productivo y foco de de atracción de inversiones: el fotovoltaico, que se ha puesto en pie de guerra ante el nuevo cambio de las reglas del juego que pretende el Ministerio de Industria

-Empresarios fotovoltaicos estudian presentar una demanda colectiva contra el recorte retroactivo de retribución

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VALENCIA. El secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, y el ministro de Industria, Miguel Sebastián, no paran de ganarse enemigos. Pese a que Rodríguez Zapatero eche la culpa de la situación en el panorama energético a su antecesor en el cargo José María Aznar, lo cierto es que el Gobierno socialista no ha sabido coger el toro por los cuernos. O tal vez no se ha atrevido a entrar en el fondo de la cuestión y el asunto del déficit tarifario lleva coleando desde 2004, sin que las medidas propuestas por el momento representen una solución.

"No se atreven a poner el cascabel al gato", asegura a Valenciaplaza.com Carlos Navarro, presidente de Siliken y vicepresidente de la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), en referencia a las "intocables" compañías eléctricas, grandes beneficiarias del actual sistema de tarificación. En su opinión, "la energía hidráulica y la nuclear no deberían entrar en el pool para cobrar al precio de la energía eléctrica, ya que no tienen costes variables y sus costes fijos son mucho menores. No pagan el agua, las infraestructuras son públicas y ya están amortizadas y, además, obtienen la renovación automática de las concesiones, por lo que están cobrando a un precio injusto", incide Navarro.

En su opinión, se debería hacer un estudio para contrastar su coste real de generación de energía y cobrar la tarifa correspondiente. Así, según un informe de la Comisión Nacional de Energía de 2008, si no se pagara con el sistema de subasta a la hidráulica y la nuclear, el Estado se podría ahorrar unos 3.000 millones de euros al año.

Déficit y más déficit
Pero, critica Carlos Navarro, "en lugar de abordar y reformar el sistema de tarificación de la energía, lo que contribuiría a minimizar el déficit tarifario (la diferencia existente entre el coste de generación y el precio de venta) que se ve incrementado cada año por los intereses anuales de la deuda contraída en 2004 (se financió a 15 años), el Ministerio ha optado por cambiar las reglas del juego para las instalaciones fotovoltaicas ya existentes".

"Los beneficios de las eléctricas son brutales y, sin embargo, sigue habiendo déficit, pero nadie se atreve a meterles mano, mientras que todo lo que es energía renovable significa inversión, porque invertimos en nuevas tecnologías que reducen nuestros costes de producción a razón de un 10% por año y, además, contribuimos a reducir el porcentaje de energía que importa el país (el 80% del total)", añade.

El vicepresidente de AEF considera que "la falta de una buena gestión" por parte del Ministerio de Industria es lo que generó un efecto llamada en cuanto a instalaciones fotovoltaicas, sobre todo las conocidas como huertos solares. Y "ahora no puede cambiar las reglas del juego porque no le salgan las cuentas", en referencia al anuncio de reducir un 30% la tarifa a las instalaciones que ya están en marcha.

Esta decisión ha puesto en jaque a todo el sector que no descarta movilizaciones de seguir adelante el ministerio con su propuesta. Prácticamente desde todos los ámbitos están de acuerdo en que es necesario bajar las tarifas para adecuarlas a los costes decrecientes de producción y garantizar una rentabilidad "razonable" de las instalaciones, entre el 7% y el 10%. Pero nadie secunda la idea de que esta medida tenga carácter retroactivo, con lo que se verían afectadas el 90% de las más de 50.000 instalaciones que ya están en marcha, unos 3.500 MW en total.

Menos prima, menos costes
El Ministerio alega que han producido un 30% más de lo previsto y quiere recortar, para ahorrarse unos 700 millones de euros que debería abonarles en concepto de primas. La propuesta ministerial para reformar el sistema de retribución de las instalaciones de régimen especial al que están sujetas las energías renovables afecta también, pero en menor medida, a la termosolar y la eólica. Pero es la fotovoltaica, la que ha registrado un mayor auge en los últimos años, la que se lleva la mayor parte de las subvenciones.

En su propuesta, el Gobierno pretende reducir la prima entre un 25% (para las instalaciones sobre cubierta) y un 45% (para las de suelo) para las instalaciones que se registren a partir del 1 de enero de 2011. Con esta medida, los representantes del sector coinciden en que se mantendría la tasa de retorno de la inversión entre el 7% y el 8%, lo que consideran aceptable. Y el Estado se ahorraría 1.050 de los 2.600 millones de euros que pretende rebajar en primas a las renovables.

Para Ander Muelas, director técnico de Grupotec, la rebaja es "muy aceptable y necesaria", sobre todo en las instalaciones de suelo, donde todavía quedaba "mucho terreno a la especulación". Además, añade, "para promocionar el sector residencial hay que penalizar a los huertos solares".

No a la retroactividad
Pero el problema viene con las instalaciones que ya están funcionando y que representan unas inversiones con unas expectativas de rentabilidad que ahora podrían cambiar. "Es tan grave como si inviertes en bonos del Tesoro con una rentabilidad del 5% a 20 años, y al tercer año te dicen que te van a pagar el 4% en lugar del 5%", explica Carlos Navarro. Pero no sólo afectará a los inversores, la reducción de un 30% en la retribución puede significar la quiebra de muchos pequeños instaladores, y los bancos tendrán que asumir la gestión de muchas instalaciones.

El anuncio ha puesto en pie de guerra a todo el sector de las renovables, al de infraestructuras y a la banca de inversión a largo plazo por la incertidumbre que se ha generado. Al respecto, el vicepresidente de AEF confía en que el ministerio recapacite y piense en las consecuencias que esto podría tener, aunque advierte de que el mero anuncio ya ha provocado "la pérdida de confianza en España como mercado".

Por el momento, no se descartan acciones legales, y desde las patronales advierten de la "avalancha de demandas" que lloverá en el ministerio, no sólo por parte de empresas nacionales, sino de muchas extranjeras con intereses en España, que harán valer sus derechos tanto en instancias nacionales como internacionales. Asimismo, el presidente de Siliken apunta a un posible traslado de la sede de la compañía a Estados Unidos, desde donde continuarían "luchando contra este atropello".

Objetivo: 2020
El panorama se muestra complicado. El Gobierno quiere reducir el gasto energético a toda costa y amenaza con otro ‘decretazo'. Sin embargo, se le plantea un dilema: si frena la inversión en energías renovables, difícilmente se logrará el objetivo que marca Europa de que en 2020 el 20% de toda la energía eléctrica consumida sea de origen renovable. Sobre todo, teniendo en cuenta que, a pesar del boom de la fotovoltaica en 2008, todavía no llegamos ni de lejos al objetivo del 12% marcado para 2010.

Situación que provocaría la reducción de la tarifa para instalaciones existentes, según AEF

-La seguridad jurídica del país se verá seriamente dañada, y con ella la inversión presente y futura, nacional y extranjera, en todos los sectores regulados.

-El sector fotovoltaico se destruirá, ya que a la inexistencia de nueva inversión hay que añadir la imposibilidad de la devolución de la deuda comprometida por los proyectos con los bancos (cercana a los 20.000 millones de euros), convirtiendo la actuación del Gobierno, en la práctica, en expropiatoria.

-El gran número de inversores (más de 35.000 nacionales y varios miles más de extranjeros) existente puede perder la totalidad de los ahorros invertidos.

-La medida recae en un sector fotovoltaico español gravemente afectado por las sucesivas actuaciones del Gobierno desde el año 2008. Mientras en el resto de Europa, Asia y América se activa, aquí se han reducido drásticamente los 95.000 empleos existentes en 2008 hasta llegar en 2010 a menos de 20.000. A lo que habría que sumar las decenas de ERE, fábricas paralizadas y salidas a bolsa suspendidas en los últimos meses.

Propuesta de AEF al Ministerio de Industria para la producción de energía fotovoltaica:

1. Instalaciones en suelo:

- Aplicar para futuros proyectos un sistema de asignación de tarifa mediante concurso con precio techo, que valore tanto el precio ofertado como la calidad y la solidez técnica y financiera del proyecto.

- La transición a ese nuevo modelo debería evitar paradas artificiales como la de 2009. Para ello, debería mantenerse el actual sistema de asignación y cupos hasta la aplicación efectiva del nuevo modelo.

2. Instalaciones en cubiertas:

- Incentivar el autoconsumo.

- Facilitar la obtención de puntos de conexión, la autorización administrativa, los proyectos de ejecución y las licencias.

- Reducir el límite máximo de autoconsumo en función de limitaciones técnicas.

- Permitir la ampliación de instalaciones en cubiertas hasta un máximo de 10 MW.

3. Sancionar los proyectos irregulares y ejecutar de los avales aportados ante incumplimientos en las condiciones vigentes.

4. Medidas de apoyo a la eficiencia y el coste de la fotovoltaica:

- A través de medidas financieras (creación de una línea de financiación pública ligada al ICO) y fiscales (deducciones de impuestos y tasas locales, como el IBI, el IAE o el ICIO) que podrían incorporarse a la Ley de Economía Sostenible.

5. Comité Observador para combatir actividades especulativas y dilatorias, formado por miembros de las asociaciones y la administración.