VALENCIA (VP). El presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte), Alberto Giménez, afirmó ayer que la apuesta decidida de la Administración por la atención profesional de este colectivo generaría un superávit para la Administración de 30 millones de euros sólo en la Comunitat, tal y como se recoge en los estudios económicos impulsados por la patronal.
En este sentido, Giménez explicó que una persona en situación de dependencia atendida por servicios profesionales genera menos gasto sanitario que si recibe la atención en su domicilio. Además, garantizaría empleo estable y no deslocalizable, una inversión media de 60.000 euros por cada plaza creada y múltiples retornos indirectos.
Por ello, el portavoz de la patronal autonómico insistió en la necesidad de que se prime la política social basada en el otorgamiento de servicios profesionales, tal y como establece el articulado de la ley de la Dependencia.
Según Giménez, esta política favorecería el retorno de cerca de 12 millones de euros mediante impuestos como el IVA, el IRPF o el recorte de prestaciones por desempleo como consecuencia de la creación de nuevos puestos de trabajo. "A éstos habría que añadir otros 17 millones de euros de ahorro sanitario mediante la articulación de una política de coordinación sociosanitaria en la que entren también los centros de atención profesional", afirmó el presidente.
AHORRO DE 1.800.000 EUROS EN MEDICAMENTOS
Teniendo en cuenta que el consumo medio de productos de farmacia de personas dependientes que reciben atención en residencias es de 3.100 euros por año, según los datos de la patronal, y que se estima que este consumo es un 15% inferior al que se produce si la persona dependiente recibe atención en su casa, el ahorro neto en costes sanitarios para la administración autonómica derivado del control de gasto farmacéutico propio de un servicio residenciado sumaría 1.860.000 euros, según explicó Giménez.
Por otra parte, el presidente de Aerte comentó que existen determinados servicios médicos dirigidos a personas dependientes como enfermería o fisioterapia que quedan englobados en los servicios de las PEVS y, si se tiene en cuenta la frecuencia de uso de estos servicios por parte de la población en situación de dependencia y el coste por hora de estos servicios, el ahorro para la administración autonómica, derivado de la disminución en la demanda de éstos, supondría anualmente más de 184.000 euros.
Por último, Giménez manifestó que, en función de los parámetros evaluados en el estudio de Aerte, la estancia media de duración de los ingresos en hospitales de dependientes agudos para el grupo de edad de 75 años es de algo más de 7 días, con un coste medio de dicha estancia -a precios de 2007- de 729,11 euros al día.
Por tanto, el ahorro en costes sanitarios para la administración autonómica derivados de la amortización de camas en hospitales de media y larga estancia como consecuencia de dedicar una parte de las nuevas plazas a aquellas personas que, por su situación, puedan ser atendidas en centros sociosanitarios es de casi 14,5 millones de euros anuales.
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