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Los ayuntamientos valencianos se gastan el 95% de su tesorería y aumentan su deuda un 14%

07/10/2011 El último informe de la Sindicatura de Comptes desvela la grave situación por la que atraviesan las administraciones locales

VALENCIA. La Sindicatura de Comptes ha entregado en Les Corts el Informe de la cuenta general de entidades locales correspondiente a 2009. Este informe recoge y analiza la información económico-financiera de las 596 entidades locales que han remitido sus cuentas a la Sindicatura, lo que supone el 91% del total, una vez deducidas las que no tienen actividad. Dentro de estas 596 entidades se incluyen 507 ayuntamientos, el 94% de los municipios valencianos, que representan el 97% de la población de la Comunitat.

Este informe refleja el "agravamiento" de la situación de los municipios. Así, el remanente de tesorería para gastos generales disminuyó en un 95% y se situó en 7,25 millones de euros. Un total de 150 ayuntamientos presentaron un remanente para gastos generales negativo.

En cuanto a la necesidad de financiación, se mantiene la tendencia negativa de los años anteriores y se estima que, en conjunto, los municipios de la Comunitat precisan 194,56 millones de euros, un 5% más que en 2008 cuando esta necesidad de financiación ya se había multiplicado por 5,6 respecto al ejercicio anterior.

En conjunto, los municipios han visto recortado su presupuesto inicial de ingresos en un 2%. El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras por habitante ha descendido en un 55%, mientras el IBI (impuesto sobre bienes inmuebles) ha crecido un 10%.

El gasto público por habitante se ha incrementado en un 14% de media, pasando de 1.010 euros a 1.148 euros. Los municipios de Castellón mantienen el mayor nivel, con 1.263 euros, seguidos de los de Valencia (1.185 euros), y Alicante (1.063 euros).

Las deudas con entidades de crédito a largo plazo aumentaron un 13% hasta 2.500 millones de euros. El aumento fue superior a corto plazo, con un crecimiento del 32%, hasta un total de 348,77 millones.

La carga financiera por habitante ha aumentado en los municipios de Castellón (de 62 a 71 euros) y Valencia (de 84 a 87) pero ha disminuido significativamente en los de Alicante, al pasar de 70 a 57 euros.

En cuanto a la presión fiscal, ésta se mantiene en niveles similares a los de 2008, con 541 euros por habitante, siendo los habitantes de los municipios de Castellón los que soportan una mayor presión (613 euros), seguidos de Alicante (539 euros) y Valencia (525).

DERECHOS DE DIFÍCIL COBRO

Las comprobaciones globales sobre los estados presupuestarios reflejan que 334 municipios presentan incidencias. Dentro de ellas, una de las más frecuentes es la falta de estimación del importe de dudoso cobro en el remanente de tesorería, que afecta a 166 ayuntamientos. Por ello, una de las recomendaciones del informe es que se tenga en cuenta el principio de prudencia a la hora de estimar los derechos de difícil cobro, sin excluir las deudas que las distintas Administraciones Públicas tengan con las entidades locales.

El resultado presupuestario ajustado negativo, que presentan 165 municipios, es la siguiente incidencia más frecuente y refleja el deterioro de la situación económica. Del mismo modo, 135 ayuntamientos presentan fondo de maniobra negativo.

PRESENTACIÓN DE CUENTAS

"Es relevante el incumplimiento generalizado de los plazos relativos al ciclo presupuestario", señala el informe. De hecho, el 83% de las 596 entidades locales que han presentado sus cuentas no aprobaron el presupuesto ni la liquidación de éste en el plazo legal y sólo el 39% remitió a la Sindicatura la Cuenta General en el plazo preceptivo.

En el caso de los municipios, han sido 35 los ayuntamientos que no han remitido sus cuentas y de ellos, tres tienen más de 20.000 habitantes (Sueca, Torrent y Xirivella). Es especialmente relevante el caso de Sueca que tampoco ha presentado las cuentas de 2006 a 2008. El informe señala que "la falta de un régimen sancionador efectivo, similar al que se aplica a un contribuyente que incumple sus obligaciones tributarias, explica la existencia de una situación irregular como es rendir cuentas, de forma reincidente, por parte de quien gestiona fondo públicos".

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