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VALENCIA. El 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, tiene sus raíces en una procesión religiosa celebrada casi 700 años atrás coincidiendo con el primer centenario de la entrada del Rey Jaime I en Valencia. A este acto se añadieron, a finales del siglo XIX, manifestaciones de carácter político, la mayoría de ellas referentes al autogobierno valenciano.

Este espíritu identitario y reivindicativo adquirió gran efervescencia durante la Transición Democrática, cuando las protestas populares dirigidas a lograr un estatuto de autonomía ponían en la calle a más de medio millón de personas en las concentraciones convocadas a finales de los años 70.

La celebración está marcada este año por la supresión del ágape y los actos lúdicos ordenada por la Generalitat, lo que supondrá un ahorro de 200.000 euros para las arcas públicas. Este hecho, aunque meramente simbólico, pone en relieve el profundo cambio de escenario en la sociedad valenciana. A finales de los 70 y principios de los 80, las señas de identidad, la lengua y el deseo de incrementar el autogobierno valenciano, eran las prioridades en la Comunitat y uno de los motivos principales de reivindicación el 9 d'Octubre.

Sin embargo, 30 años después, la crisis económica y el empleo son las principales preocupaciones de los valencianos. Desde la propia Generalitat, empiezan a mirar con recelo competencias que antaño se exigieron airadamente. Tras tantos años de reivindicaciones, la situación financiera ha dejado al aire las vergüenzas del sistema autonómico: ahora se comienza a poner el foco en las duplicidades, la crispación en materia de competencias es constante, se discute la conveniencia de que las autonomías gestionen demasiadas áreas o injustamente financiadas... Toda una serie de cuestiones que invitan a la reflexión: ¿quo vadis, Comunitat?

Las competencias autonómicas, que se abrazaron con entusiasmo tras la transición y la creación de estatutos, se han convertido en motivo de conflicto cuando no en un auténtico quebradero de cabeza para las administraciones. Con las vacas flacas, el pulso entre la Generalitat y Estado por la financiación exigida y la recibida centra constantemente la actualidad. Las áreas con competencias divididas, como es el caso de Justicia, se convierten en un arma arrojadiza entre administración autonómica y central. A todo ello hay que añadir, alimentado por exigencias del nefasto guión económico, el debate sobre el despilfarro por las duplicidades o la propia existencia de las diputaciones provinciales.

COMPETENCIAS Y DUPLICIDADES

Esta cuestión ha crecido en relevancia en los últimos meses. La crisis económica y la reacción en forma de austeridad ha elevado este debate en 2011, que se ha redoblado con la convocatoria de las elecciones generales el próximo 20 de noviembre.

Uno de los primeros en abrir fuego fue el expresidente del Gobierno, José María Aznar, quien cuestionó públicamente a principios de año el sistema autonómico. A renglón seguido, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, situó el "sobrecoste anual" para el conjunto de las autonomías en "más de 26.000 millones de euros". El número tres de Mariano Rajoy puso sobre el tapete la posibilidad de que algunas competencias o recursos de las comunidades "volvieran a la Administración central".

No son los únicos que han cuestionado el modelo. Tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, también del PP, planteó públicamente la posibilidad de devolver al Estado las competencias en Sanidad y Educación, como ya había hecho con Justicia, si el Gobierno central no facilitaba los recursos atendiendo a criterios como el aumento poblacional. Esta idea fue considerada "lógica" precisamente por el conseller de Hacienda, José Manuel Vela.

Según el economista Luis de Velasco, también diputado de UPyD en Madrid, las duplicidades actuales del Estado de las autonomías suponen entre un 0,7% y 2,3% del PIB nacional. Un estudio realizado por Velasco refleja que si se pusiera fin a esos excesos de la Administración central podrían ahorrarse al menos 24.000 millones de euros.

El Gobierno se muestra más prudente respecto al montante y cantidad de duplicidades. De hecho, ha encargado a la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas un informe que se está ultimando sobre esta cuestión. Así, mientras la oposición señala los problemas del modelo autonómico, desde La Moncloa esta cuestión parece interpretarse más como una maniobra política coyuntural por la llegada de las elecciones generales y la feroz crisis económica.