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VALENCIA (EP). La empresa valenciana de tecnologías de la información IDI Eikon, ha presentado este jueves en Comité de las Regiones de la Unión Europea el proyecto europeo Diego (Digital Inclusive e-Government) como modelo de inclusión digital, y que se enmarca dentro de la Agenda Digital Europea para 2020, según han informado los promotores de esta iniciativa.

El proyecto diego, que lidera IDI Eikon a nivel europeo, es una iniciativa tecnológica que pretende mejorar la calidad de vida de los ciudadanos al facilitarles el acceso a los servicios de la administración.

La particularidad de este proyecto es que se centra en los colectivos más desfavorecidos, con especial atención hacia las personas mayores, discapacitados, o personas en riesgo de exclusión digital y el objetivo del mismo, que se lleva a cabo en seis países europeos, es "reducir la brecha digital y que ningún ciudadano se quede atrás en el proceso de modernización de las administraciones", según los integrantes.

A la presentación del proyecto han asistido la directora general de Tecnologías de la Información de la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas, Sofia Bellés, y la directora general de Relaciones con la Unión Europea, María Victoria Palau. Además también han acudido representantes de la Diputación de Valencia y del Ayuntamiento de Quart de Poblet, como miembros del este proyecto europeo así como la Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea como co-organizadora del evento.

El director general de IDI Eikon, Miguel Alborg, ha explicado en el Comité de las Regiones, el funcionamiento y los beneficios del proyecto que ya se lleva a cabo en países como España, Italia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda o Chipre.

IDI Eikon ha expuesto los "beneficios" del proyecto para el ciudadano, ya que es un servicio que se basa en cuatro pilares para que nadie se sienta excluido en su relación con la e-Administración: es accesible y fácil de usar, tiene carácter multicanal por lo que se puede interactuar desde un ordenador, un móvil, una televisión interactiva e incluso una vídeo consola. Además es integrador y su objetivo es mejorar la comunicación entre el ciudadano y la administración.

Precisamente, se ha expuesto de forma concreta el caso piloto que se lleva a cabo en la población española de Quart de Poblet en Valencia, donde lleva implantado más de un año, y también se puso como ejemplo el caso de la localidad inglesa de Cambridge.

EL RETO DE LA AGENDA DIGITAL EUROPEA

Durante la jornada se ha impartido la conferencia 'La Nueva Agenda Digital Europea: desafíos y oportunidades para las administraciones públicas" en la que ha participado el jefe de la Unidad "Agenda Digital: Políticas de Coordinación" de la Comisión Europea, el español Miguel González-Sancho y la jefa de Unidad del Comité de las Regiones, Silke Tonshoff.

González-Sancho ha centrado su discurso en la Agenda Digital y el desarrollo local y regional de las administraciones públicas, mientras que Tonshoff ha explicado el papel de las regiones en la prestación de servicios públicos eficientes y accesibles de gobierno electrónico hacia el ciudadano.

La jornada se ha cerrado con una mesa redonda sobre la forma de financiar este tipo de proyectos y soluciones de gobierno electrónico inclusivo. El analista de políticas relacionadas con los Fondos Estructurales, de la Comisión Europea, Pierre Godin, ha centrado su discurso en la contribución de la política regional para el desarrollo de la innovación de la UE en 2020, y en las estrategias de especialización y las sinergias de la UE para financiar la asistencia de las regiones. Por su parte, Francescto Totaro, asesor del Banco Europeo de Inversiones ha explicado las formas de sostenibilidad de las plataformas de nuevas tecnologías de la información y comunicación.

La Agenda Digital Europea es una iniciativa que se ha puesto en marcha desde la Unión Europea con el objetivo de diseñar una estrategia conjunta de políticas y acciones para maximizar los beneficios de la revolución digital para todos. Para alcanzar estos objetivos de inclusión la fecha tope es el 2020 y la Comisión trabajará en estrecha colaboración con los gobiernos nacionales, organizaciones y empresas para evaluar los progresos y los desafíos que vayan surgiendo.