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ESTRASBURGO (EP). El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ha propuesto formalmente la creación, a partir del 1 de enero de 2014, de una tasa a las transacciones financieras dentro de la UE, a imitación de la tasa Tobin, que recaudará 55.000 millones de euros al año, según sus cálculos.

La tasa gravará con un tipo del 0,1% las compraventas de acciones y bonos y con un tipo del 0,01% las de derivados. Con estos tipos tan bajos, el Ejecutivo comunitario pretende reducir el riesgo de deslocalizaciones. No obstante, Bruselas admite que su implantación podría reducir a largo plazo el crecimiento del PIB entre el 0,53% y el 1,76%.

Se aplicará a todas las transacciones entre instituciones financieras en el caso de que al menos una de las partes esté en la UE (el 85% del total, según la Comisión). No se gravará ni a los ciudadanos ni a las empresas. Las hipotecas, los préstamos bancarios, los contratos de seguros y otras actividades financieras normales efectuadas por personas físicas o pequeñas empresas no entran en el ámbito de aplicación de la propuesta.

Los ingresos se destinarán a financiar el presupuesto de la UE, reduciendo así las aportaciones de los Estados miembros, y a los presupuestos nacionales. Los Estados miembros podrán decidir incrementar la parte de los ingresos gravando las transacciones financieras con un tipo más alto. La UE llevará su propuesta a la reunión del G-20 en Cannes, en noviembre, aunque Estados Unidos ha dejado claro que se opone a la iniciativa.

"En los últimos tres años, los Estados miembros, los contribuyentes, han dado ayuda y garantías de 4,6 billones de euros al sector financiero. Ha llegado el momento de que el sector financiero devuelva la contribución a la sociedad", ha dicho Barroso en un discurso ante el pleno de la Eurocámara. Además, el sector se ha beneficiado de una ventaja fiscal de 18.000 millones anuales por la exención del IVA sobre los servicios financieros.

La tasa sobre las transacciones financieras tiene pocas posibilidades de prosperar en la UE por la oposición de Reino Unido. La alternativa que se estudia es implantarla únicamente en la eurozona, ya que, según explicó la vicepresidenta económica, Elena Salgado, cuenta con el apoyo de los grandes países como Alemania, Francia o España.

El presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, ya ha expresado su rechazo a esta medida por considerar que provocará una deslocalización de las actividades financieras fuera de la UE.

JUSTICIA E INGRESOS

Barroso ha justificado su iniciativa por una cuestión de justicia, para que el sector financiero contribuya a la recuperación, y también por la necesidad de generar ingresos en el actual periodo de crisis.

"Es una cuestión de justicia. Si nuestros agricultores, si nuestros trabajadores, si todos los sectores de nuestra economía, desde la industria a los servicios, pagan su contribución a la sociedad, el sector bancario debe también aportar su contribución a la sociedad", ha alegado Barroso.

"Si necesitamos consolidación fiscal, si necesitamos más ingresos, la cuestión es de dónde van a venir esos ingresos. ¿Vamos a gravar el empleo? ¿Vamos a gravar el consumo más? Creo que es justo gravar las actividades financieras que en algunos Estados no pagan una contribución proporcionada a la sociedad", ha resaltado el presidente de la Comisión.

La organización humanitaria Oxfam ha celebrado la propuesta, pero ha reclamado que "una parte importante" de los ingresos generados por la tasa se utilice "para ayudar a los países pobres que se enfrentan a escalofriantes reducciones de la ayuda, el comercio y la inversión y no sólo para apuntalar el presupuesto de la EU".

"Una tasa sobre las transacciones financieras internacionales no será una 'tasa Robin Hood' a menos que haya compromisos claros de usar los ingresos para afrontar el cambio climático y la pobreza", ha dicho la organización humanitaria.

Bélgica, Chipre, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Polonia, el Reino Unido y Rumanía ya aplican alguna forma de impuesto sobre las transacciones financieras. Probablemente, tendrán que modificar sus normas nacionales para ajustarlas a la propuesta, según la Comisión. Los demás Estados miembros tendrán que aplicar el impuesto como lo propone Bruselas.