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VALENCIA. Los líderes autonómicos han dado un paso al frente ante la acuciante crisis económica que amenaza con llevar a la bancarrota a las administraciones públicas. Los presidentes del Gobierno catalán, manchego y, ahora, balear han acometido ajustes severos para reducir el gasto.

Mientras, desde la Generalitat Valenciana, las reformas vienen anunciándose desde hace meses aunque su elaboración y empaque todavía no se ha transformado en una realidad palpable. Mañana, según diversas fuentes del Consell, se hará público el decreto que impulsará la corporación pública empresarial  encargada de determinar la gestión de las empresas públicas y situar negro sobre blanco los cambios y recortes en las mismas, que conllevará un ahorro, según el conseller de Economía, Enrique Verdeguer, de 400 millones de euros. No obstante, esto es solo el principio: según está previsto, la relación de entes públicos y las actuaciones concretas sobre los mismos deberá esperar.

Los anuncios de otros presidentes autonómicos del Partido Popular más presurosos, como María Dolores de Cospedal, en Castilla-La Mancha o, ayer mismo, José Ramón Bauzá, en las Islas Baleares, empiezan a dejar en evidencia al Gobierno valenciano que parece querer aplicar la ‘tijera' con demasiada parsimonia.

Bauzá, sin ir más lejos, anunció ayer la supresión de 92 empresas públicas, el 60% del total, con un ahorro de 115 millones de euros anuales y 800 posibles despidos -del total de 3.500 empleados en estos entes sin contar Ibsalut-, lo que supondrá, sólo en gasto de personal, un ahorro de 30 millones de euros. El presidente del Gobierno balear, en esta "primera fase" de la nueva estructura de la administración, desveló un plan detallado de actuación con ‘nombres y apellidos' de las empresas y fundaciones que van a verse afectadas. Una reducción importante para una autonomía que no alcanza los 1.100.000 habitantes.

Este plan inicial de Bauzá, quien advirtió que habría más ajustes en esta línea, permitirá la totalidad del pago pendiente a los proveedores en dos años y, de esta manera, dejar de generar una deuda que ya rondaba los 1.600 millones de euros.

Por su parte, María Dolores de Cospedal anunció poco después de su toma de posesión un ‘tijeretazo' del 90% de las empresas públicas y un recorte sobre instituciones autonómicas que se duplican con las del Estado, como el Defensor del Pueblo o el Comité Económico y Social.

Cabe recordar que, según el informe de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas, las empresas y entes del sector público de Castilla-La Mancha debían a los bancos 1.474 millones de euros al final del ejercicio 2009, una cifra cercana a la deuda que acumula sólo RTVV.

El gasto anual estimado de las más de 128 entidades públicas valencianas entre sociedades, fundaciones y otro tipo de entes vinculados a la Generalitat, ronda los 3.600 millones de euros anuales. En estas empresas trabajan más de 12.000 personas. La oposición, con el PSPV a la cabeza, demanda un recorte más severo (de unos 2.000 millones de euros) que los 400 millones anunciados desde el Consell que preside Alberto Fabra.

¿POR QUÉ LA GENERALITAT VA MÁS DESPACIO?

Desde la dirección nacional del PP han dado orden de no acometer actuaciones que causen revuelo o agitación social antes del 20-N. Según explica un cargo del partido a este diario, una de las claves de las actuaciones de unos y otro resulta evidente: Bauzá o De Cospedal, que vienen de derrotar a los socialistas en sus respectivas autonomías, se encuentran más libres para ejecutar movimientos como los emprendidos, dado que ganan puntos sobre el eterno rival denunciando los ‘desfases' y sobrecostes existentes en las empresas públicas nacidas y alimentadas bajo el paraguas socialista.

No obstante, la situación en la Comunitat Valenciana, con 16 años de gobierno del PP y, además, un cambio de presidente, es bien distinta: dar un puñetazo sobre la mesa contra el sector público existente en estos entes supondría reconocer, sin tapujos, el descontrol acaecido durante los pasados años de gobierno. Todo apunta, por tanto, a que habrá que esperar al 20-N para ver las verdaderas medidas de choque que se tomarán desde la Generalitat de cara al grueso de la legislatura.