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VALENCIA. Dentro de las medidas de austeridad anunciadas por el Consell, el decreto ley que ha de regular el sector público empresarial de la Generalitat es fundamental. No sólo va a fijar, según se ha anunciado, un régimen de incompatibilidades de los directivos de empresas y entidades públicas y la limitación de las retribuciones de sus bien pagados directivos, sino criterios de evaluación de su eficacia en la gestión. Por consiguiente, los retrasos sucesivos que está experimentando su aprobación no pueden sino ser motivo de preocupación.

En sucesivas ocasiones y tanto el conseller directamente implicado, Enrique Verdeguer, como el de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, han anunciado que ésta se produciría en "los próximos días". Los días, sin embargo, van pasado y la medida no ve la luz. Las razones de estos sucesivos retrasos son desconocidas pero todas las hipótesis que pueden explicarlos suscitan una gran inquietud.

En especial dos de ellas. La primera, que sean las resistencias que está encontrando Verdeguer para aprobar la medida las que están bloqueando su aprobación. La segunda, que el galimatías de entes públicos creados en los últimos años sea de tal magnitud que su conocimiento por la propia Administración, necesario para que lo aprobado sea efectivo, se esté demostrando mucho más arduo de lo previsto.

El hecho es que una de las medidas centrales para hacer creíble que la Generalitat presidida por Alberto Fabra va a acometer la tarea de poner orden en el desastroso estado de las cuentas públicas sigue sin ser aprobada. Lo cual no hace sino deteriorar todavía más la credibilidad de la Generalitat Valenciana en los mercados financieros que es lo último que necesita, como acaba de explicar con una claridad meridiana muy de agradecer el conseller Vela.

En lugar de seguir echándole la culpa de todo a Madrid, en donde es posible que muy pronto gobiernen sus afines, el Consell debiera tomar alguna medida más que la reducción de liberados sindicales y plazas de jefe de área. Porque hasta ahora todo son palabras. Y la reducción de liberados y plazas de funcionarios, el chocolate del loro frente el despilfarro que domina en la mayor parte de las 130 entidades que junto a RTVV y Cacsa, todavía peor gestionadas, conforman el sector empresarial público valenciano.