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Antoni Castells

VALENCIA (VP/EP). El consejero de Economía y Finanzas del Gobierno catalán, Antoni Castells, anunció nuevas medidas de recorte para reducir el déficit, entre las que destacan la desaparición de 63 entidades dependientes de la Generalitat, el 26% de las 247 actuales (lo que supondrá un ahorro de 25 millones), y la postergación de inversiones en obra pública (obra civil y edificación) por 531 millones (400 de Gisa, Ifercat -L9 del Metro- y la constructora de equipamientos del Institut Català de Finances (ICF).

Las medidas, que complementan a las aprobadas el sábado, se vehiculan en cuatro acuerdos de Govern: medidas de personal, derechos de asistencia, otros gastos de entes y regularización de acuerdos vigentes, explicó Castells. En total, el Govern prevé reducir el déficit de la Generalitat en 1.670 millones en 2010, hasta dejarlo en 4.700 millones, el 2,40% del PIB, cumpliendo así los objetivos de estabilidad.

De las 63 empresas a reducir -la mayoría sociedades mercantiles, consorcios y fundaciones-, el 25% se integrarán en otras, el 24% se disolverán, el 21% se fusionarán, del 19% se desvincularán la Generalitat, el 8% se liquidarán y el 3% serán consorcios que se dejarán sin estructura.

Castells argumentó que el objetivo es "racionalizar y simplificar el sector público", pero matizó que "prescindir del 26% de las entidades no significa que se reducirá el 26% del personal".

Respecto a obra pública, el consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, destacó que "el criterio es no parar ninguna obra, pero sí ralentizarlas", tanto las previstas como algunas ya en marcha. Así, no habrá nuevas licitaciones en 2010; lo licitado pero no adjudicado se retrasará para empezar a ejecutarlo en enero de 2011, y lo adjudicado no contratado se postergará hasta octubre como mínimo. Además, se reducirá un 5% el crédito inicial a las transferencias del sector público al privado destinadas a inversiones.

Añadió que el Govern "es muy consciente de que hace falta combinar el ajuste con no parar la máquina. En la balanza, está la voluntad de continuar alimentando la capacidad de las empresas de obra pública y edificación y restringir la capacidad de inversión del Govern".

RETRASO DE SEIS MESES EN NUEVOS SERVICIOS

Otras medidas de recorte aprobadas hoy pasan por el retraso de seis meses en la puesta en marcha de nuevos servicios y prestaciones (a excepción de los que tienen un calendario previsto por ley), y medidas derivadas de los criterios de recorte aprobados por el Gobierno central en cuestiones como las prestaciones vinculadas a la Ley de Dependencia o el gasto farmacéutico.

La Generalitat también aplicará una retención del 5% a las transferencias y subvenciones a empresas privadas, manteniendo las partidas para entidades sin ánimo de lucro y familias.

Asimismo, la reducción del déficit supondrá un ahorro de 90 millones de euros a consecuencia de que se deberá satisfacer el pago de menos intereses, con lo que se reducirán los gastos financieros.

FUTUROS RECORTES DE GASTO, MANTENIENDO CONSELLERIAS

Además de este recorte, antes de septiembre, las diferentes consellerias del Govern deberán remitir a la Conselleria de Economía un plan individualizado de ahorros adicionales en que deberán identificar los gastos que generen menos valor público y sean menos prioritarios en el contexto actual.

Preguntado sobre la posibilidad de reducir el número de consellerias, Castells lo descartó dado el contexto de final de legislatura: "Si lo hiciésemos ahora, sería un brindis al sol de cara a la galería, porque el trabajo interno para reubicar servicios sería mayor que el ahorro que se podría obtener; ahorraríamos un conseller, pero el resto seguiría existiendo, las labores de ensamblaje de la nueva arquitectura en términos económicos sería más costosa". Nadal recordó la experiencia de los últimos seis meses de la anterior legislatura, cuando ERC salió del Govern y hubo una reorganización.

Nadal quiso destacar que el Govern "hace casi cuatro años que toma medidas de contención, austeridad, rebaja del gasto público y limitación de determinados aspectos para intentar anticiparse a los efectos de la crisis, que iba evolucionando". Así, defendió que el plan de recorte "no es nuevo", aunque sí "más potente" para luchar contra el déficit, manteniendo el Estado del Bienestar.