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VALENCIA. El conseller de Economía, Industria y Comercio, Enrique Verdeguer, anunció ayer el cierre de cinco oficinas del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX), y la centralización de todas las operaciones de endeudamiento -financiero y con los proveedores- en el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).

En su intervención ante el pleno de Les Corts Valencianes, Verdeguer recordó que en 2012 se reducirá un 20% del gasto de los entes del sector público empresarial, que generará un ahorro de 400 millones de euros, de los que, según anunció, el 3% -doce millones- se destinará a los emprendedores.

La oposición calificó de "insuficiente" el recorte en el sector público, que, a juicio de los socialistas, debería alcanzar los 2.000 millones de euros; instó a la Generalitat a pagar lo que debe a las empresas, y reclamó "valentía" para afrontar la situación actual.

El conseller afirmó que una de sus prioridades es la reestructuración del sector público, para lo que se está ultimando un decreto-ley que, entre otras novedades, contempla que los entes públicos deberán hacer un plan de pagos a proveedores cuando superen determinados niveles de déficit de circulante, que se fijarán en la Ley de Presupuestos.

Ese plan, añadió el conseller, podrá comportar la prohibición de nuevas inversiones financiadas con endeudamiento, e incluso que dicho déficit podrá ser cubierto con cargo a la Conselleria a la que estén adscritos en los plazos establecidos en el plan.

Además, el personal directivo de esos entes estará sujeto al mismo régimen de compatibilidades, de declaración de bienes y rentas y de evaluación del rendimiento que los altos cargos del Consell, y sus retribuciones no podrán superar el sueldo anual de un alto cargo, algo a lo que se deberán adaptar en seis meses desde la entrada en vigor del decreto.

Verdeguer explicó que mediante la ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2012 se creará la Corporación pública empresarial valenciana, que estará operativa a finales de marzo y que ejecutará el plan de reestructuración del sector público.

El conseller se comprometió a mejorar la confianza en la economía valenciana, con medidas como la creación de una web específica para inversores de deuda y prestamistas de la Generalitat, y ha explicado que se mejorarán las condiciones aplicadas a los préstamos que concede el IVF a las empresas.

Además, reivindicó la importancia de la internacionalización y anunció cambios en la red del IVEX para hacerla más flexible y menos costosa, con el cierre de las oficinas de Toronto y Beijing, cuya actividad asumirán otras cercanas, y las de La Habana, Buenos Aires y Tokio, cuyo nivel de actividad "no justificaba su funcionamiento".

El socialista Francisco Toledo aseguró que la economía valenciana "tiene solución", pero no "con recortes a mansalva", pues el "único espacio" donde se puede recortar es en las empresas públicas, que suponen 3.500 millones de euros anuales, y reclamó un calendario de pagos a proveedores para dejar de ser "los más morosos de España".

Mireia Mollà, de Compromís, resaltó que llevan dos años reclamando una reestructuración del sector público, y aplaudió que los altos cargos de esos entes vayan a dejar de cobrar más que el president de la Generalitat, y Marga Sanz (EU) pidió un cambio en el modelo productivo que ha llevado a la crisis.

Verdeguer replicó que los 400 millones de euros suponen las primeras medidas de una reestructuración en la que "nadie ha hablado de privatizar nada", aunque "otra cosa es lo que acabe ocurriendo", y ha asegurado que es consciente de los "elevados" niveles de deuda, pero que ésta no se ha usado "en eventos".

El pleno eligió, por 45 votos a favor, 37 abstenciones y 3 nulos, a José Luis Cuesta, Remedios Sánchez y María Pía Calderón en la terna para cubrir una plaza de magistrado de lo civil y penal en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.