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VALENCIA. Un rosario de decisiones unilaterales de dudosa efectividad y recorrido. Ese es el escenario que están dibujando las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana ante la falta de un plan coordinado para afrontar al crisis económica tanto de las propias instituciones como la que afecta a los ciudadanos.
El retraso por parte de la Generalitat en la toma de decisiones drásticas que recorten el gasto, las dudas sobre cómo se prevén aumentar los ingresos sin recurrir a los impuestos y la incertidumbre sobre el futuro de la deuda y de las empresas públicas está provocando reacciones encontradas entre los actores económicos, sociales y políticos.
Que manejar la crisis no es fácil, es evidente. Pero ayer se produjeron varios hechos que transmiten la sensación de que al Ejecutivo encabezado por Alberto Fabra le esperan tensiones entre cada conselleria, ayuntamiento, institución e incluso dentro de su propio partido, así como con las organizaciones empresariales, colectivos sociales y, en general, la opinión pública.
Los que se relatan a continuación son solo los episodios vividos este lunes. Si vistos en solitario producen cierto desasosiego, observados en conjunto apuntan hacia una especie de 'sálvese quien pueda' que no dibuja más que un escenario nada halagüeño para el futuro inmediato.
1. LORENZO AGUSTÍ SE APUNTA AL FINAL DE LAS DIPUTACIONES. La comparecencia previa al pleno de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) del alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, puso de manifiesto la falta de concierto en el camino a tomar para salir de la crisis en el seno de la Generalitat. Las palabras del responsable municipal, exasesor de Presidencia, agrietan la gestión -todavía en pañales- del Consell de Alberto Fabra y del discurso unitario que plantean desde el PP valenciano.
"Las diputaciones no tienen ningún futuro", señaló el alcalde de Paterna. Ante esta afirmación, no puede obviarse que Agustí quiso formar parte de la corporación provincial y el presidente Alfonso Rus no contó con él. Pero, no obstante, los empresarios valencianos ya propusieron esta medida en el pasado y dirigentes como la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, también la insinuaron meses atrás.
Agustí fue más allá en sus reflexiones preguntado por la gestión del Consell: "A algunas medidas ya no hemos llegado a tiempo y, por tanto, ya no es cuestión de urgencia, es cuestión incluso de haber perdido alguna oportunidad durante los últimos meses o años. Hay que tomar decisiones inmediatas porque aunque se adopten inmediatamente es posible que lleguemos tarde y que ya no sea posible evitar el colapso de alguna institución".
De esta manera, el alcalde de Paterna se convertía en portavoz de los empresarios, suscribiendo las reivindicaciones de los mismos y urgiendo a adoptar medidas de choque frente a la crisis. De las palabras de Agustí se desliza la falta de contundencia y celeridad del Consell para tomar las decisiones necesarias que contribuyan a sanear las maltrechas arcas públicas.
2. RECELO EMPRESARIAL Y MENSAJE AL PALAU DE LA GENERALITAT Y AL PP. La Confederación Valenciana de Empresarios (CEV) y la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) ya avisaron en puertas de las elecciones autonómicas de la necesidad de adoptar medidas de urgencia ante la crisis. Citaron la supresión de las diputaciones, el inmediato pago a los proveedores y otras reivindicaciones que todavía no se han cumplido.
El gesto de AVE de invitar a Agustí a sus exclusivos almuerzos (donde hasta ahora solo se han dado cita presidentes autonómicos, ministros o consellers) desvela el recelo del lobby sobre el Consell de Fabra así como su apuesta por "una persona muy interesante y con mucho futuro dentro de nuestra comunidad y dentro de España", dijo el dirigente empresarial Vicente Boluda. Es más que un mensaje subliminal al propio Partido Popular, que ha prescindido del alcalde de Paterna y sus siempre llamativas y decididas propuestas en el diseño de su política para el futuro.
Por su parte, el nuevo presidente de la patronal, Cierval, está manteniendo un inusual silencio ante los evidentes retrasos de la Generalitat en afrontar de forma decidida los numerosos frentes abiertos por la crisis económica.
3. LAS EMPRESAS PÚBLICAS, EN EL PUNTO DE MIRA. En los casi 100 días de Gobierno, se ha asistido al cambio de presidente en la Generalitat, además de una serie de nombramientos y relevos en la administración pública y puestos de confianza. Poco más. La sensación de tapar agujeros a ‘salto de mata' es patente en situaciones como el anuncio de reducción de sueldos de los gerentes de empresas públicas o el recorte de directivos de RTVV que trasladará el confirmado director general de la televisión pública al consejo de administración.
Esta última medida supone un ahorro de 1,2 millones de euros en una institución que tiene una deuda de 1.200 millones de euros y un coste de personal anual de 79 millones de euros. Un recorte, que de ser la única medida que incluye, se antoja ridículo para un ente que precisa de un plan de viabilidad específico.
Estas pequeñas iniciativas dejan titulares en la prensa mientras el desglose de las deudas contraídas por las empresas públicas, fundaciones, canones para eventos deportivos y un largo etcétera, produce escalofríos. A la espera de que se emita esta semana el decreto del conseller de Economía, Enrique Verdeguer, que planteará una reducción de al menos 400 millones de euros de estos entes, los empresarios, oposición y, ahora, un importante alcalde del propio PP, muestran su impaciencia ante la falta de soluciones reales.
4. PARÁLISIS EN LA JUSTICIA. Ayer se conocía también que la Conselleria de Justicia paralizará 12 de las 16 sedes judiciales previstas en el plan de innovación de sedes judiciales para reasignar esos recursos, porque, según palabras del propio titular de la cartera, Jorge Cabré, "hace falta dinero para otras cosas".
El conseller anunció de esta forma una decisión aparente -hay que recordar que la Generalitat ya tuvo un conflicto con el turno de oficio por falta de pago- pero no cuantificada económicamente ni desarrollada en una estrategia mayor por reducir el gasto en esta área.
Cabré es uno de los consellers al que se le supone una fidelidad al anterior presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y, por tanto, origen de tensión en el seno del Consell. También hay que recordar que fue él quien apuntó la posibilidad de establecer un 'copago' por el uso de la Justicia, una medida que generó un debate nacional y que tuvo que ser explícitamente rechazado por la cúpula del PP en Génova así como por el propio presidente Fabra.
5. ROCHE SACA LOS COLORES A SANIDAD. La multinacional farmacéutica Roche, que ha saltado a la palestra por anunciar que deja de suministrar medicamentos a la sanidad pública de Grecia por el impago y que ha advertido que otros países como España pueden seguir su camino, señaló ayer con el dedo a las administraciones autonómicas.
El periodo medio de pago está entre los 600 y 700 días, dos años. En ese punto está la Comunitat Valenciana, que siempre puede mirar a los 900 días que alcanzan otras autonomías, como Castilla y León, según informó Roche en un comunicado.
La empresa recuerda que lleva colaborando desde hace meses con las consejerías de sanidad para buscar una "solución urgente" a la actual situación de impagos. El laboratorio Roche Farma España también recuerda que al igual que sucede en otros países, la situación de crisis y deuda en España es "significativa" y, en el caso de algunas comunidades autónomas, "se encuentra al límite".
La Sanidad es uno de los departamentos que, por su fuerte gasto, más ha sufrido el impago a los proveedores. El año pasado, según la cuenta general, más de 700 millones de euros en facturas se quedaron en el cajón. El exconseller de Sanidad, José Manuel Cervera, una de las sorpresas por su ausencia en el Consell que diseñó Camps y que ha heredado sin cambiar Fabra, fue uno de los primeros en romper el guión al apuntar que sin cambios radicales el sistema público de salud entraría en quiebra. El actual conseller, Luis Eduardo Rosado, rubricó esas palabras días más tarde.
6. LAS UNIVERSIDADES LE PIDEN A FABRA QUE NO RECORTE EN EDUCACIÓN. El conseller de Hacienda, José Manuel Vela, desveló la semana pasada que ha advertido a las universidades valencianas de que les va a diferir el pago de varias decenas de millones de euros. Ayer, en la apertura del curso académico en la Universitat Jaume I de Castellón, y ante el presidente Alberto Fabra, el rector Vicent Climent, reclamó que no se recorte la inversión. "En nombre de todos los rectores valencianos le pido que no haga recortes que deterioren la formación ni la investigación en la Comunitat Valenciana". A cambio, Climent prometió que las universidades sabrán ser "corresponsables y austeras" con su gasto corriente.
"Estamos haciendo ya esfuerzos de ahorro y de eficiencia importantes, pero de la necesaria inversión en educación y en investigación depende nuestro futuro como sociedad", ha dicho el rector, quien ha añadido que hace falta una "apuesta decidida" por el futuro, "no una gestión del presente".
7. LOS AYUNTAMIENTOS, SIN FONDOS. Y volviendo al primer punto, la financiación de los ayuntamientos tuvo otro episodio esta vez en voz de la alcaldesa de Valencia, aunque frente al discurso crítico de Lorenzo Agustí, la primera edil de la capital, de cuyo consistorio no se tienen noticias de medidas concreta de austeridad, optó por el del victimismo respecto al Gobierno central.
Rita Barberá se erigió en cabecilla de una revuelta de alcaldes para no devolver al Estado 126 millones de euros que se transfirieron de más a Valencia por "erróneas liquidaciones". Para ello, Barberá ha enviado una carta a la ministra de Economía, Elena Salgado, y también a los alcaldes de todas las capitales de provincia y a los presidentes de todas las diputaciones provinciales -excepto a los del País Vasco "por tener un régimen económico distinto, preció-, así como a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) con el fin de que puedan sumarse a su planteamiento de no abonar el dinero al Gobierno o aplazar el pago diez años.
Más titulares para una alcaldesa que, precisamente, no está alejada de la confrontación diaria y no precisamente con la oposición. Su reproche a Mariano Rajoy y su amenaza de optar a las listas para el Congreso en las próximas elecciones ante la "falta de cariño" de la cúpula de su partido sigue generando división en el PP.
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