13/09/2011 Los bufetes que asesoran a los inversores de Nueva Rumasa avisaron ayer que el nuevo propietario, Ángel de Cabo, ha gestionado con "resultados negativos para los acreedores" todas aquellas empresas en dificultades que ha comprado y han mostrado su temor a que descapitalice aún más el grupo

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MADRID (EFECOM). En un comunicado, Iure Abogados ha asegurado que "es común que empresas que afrontan situaciones de insolvencia sean objeto de 'ataques o capturas' con el único objetivo de descapitalizar la sociedad a través de la venta de activos interesantes" y que Ángel de Cabo es "reconocido en estos menesteres".

Por eso, el despacho de abogados ha apuntado que el nuevo propietario mostrará especial interés por las empresas de Nueva Rumasa que todavía no han sido declaradas en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) y que tienen "algún activo con valor pecuniario cuyo nuevo titular en función de sus objetivos podrá disponer en perjuicio de acreedores".

Iure Abogados ha recordado que los inversores se podrían ver damnificados por esas prácticas, porque se puede extender la responsabilidad por el agujero de unas empresas a otras no concursadas "por formar parte de un grupo de sociedades informal en el que los activos podrían haber circulado sin control contable, ni registro previo".

El despacho catalán Llort Abogados también ha considerado que el cambio de titularidad en la empresa no afectará a las sociedades que ya están en concurso de acreedores, pues la mayoría están gestionadas por los administradores concursales en vez de por la familia Ruiz-Mateos.

En cualquier caso, el socio David Huertas ha indicado que la operación de compraventa "no afecta a la responsabilidad de los antiguos administradores", cuyos bienes pueden ser embargados si existen indicios de que su actuación generó la insolvencia de las diversas empresas de Nueva Rumasa.

Así ha sucedido en Marsans, cuyos antiguos propietarios, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, tienen embargados cautelarmente sus bienes, como también los tiene la sociedad Posibilitumm, propiedad de Ángel de Cabo, por haber agravado supuestamente la insolvencia del grupo turístico.

El letrado de V Abogados, Santiago Viciano, para quien la venta es una "capitulación" por parte de la familia de sacar empresa adelante, ha asegurado que los Ruiz-Mateos han contactado con un liquidador profesional y "parece que el grupo va a verse abocado a la liquidación, que es lo que hemos visto con Marsans".

A juicio de Viciano, a los inversores se les mantiene su crédito frente a la sociedad y "no van a tener ningún problema, por mucha venta que se produzca, ya que las personas responsables lo van a seguir siendo", y además de los avales, también está la posible responsabilidad de los administradores cuando se califique el concurso.

Esta venta, según Viciano, no afecta tampoco a los inversores que han reclamado ante la Audiencia Nacional.

Por su parte, el abogado Enrique San Juan del despacho Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero, ha pedido hoy al Juzgado Central de Instrucción número 5 que requiera a ambas partes los contratos de compraventa.

"Queremos que ese documento de compraventa conste en el juzgado, tanto por parte de los compradores como de los vendedores, y saber si se ha escriturado, ya que así veríamos quien es el propietario último de las participaciones", ha planteado.

Para este despacho de abogados, que ha solicitado que la familia Ruiz-Mateos deposite una fianza de 13 millones, "si ellos tienen pendientes el otorgamiento de una fianza y han vendido algo de su propiedad podríamos hablar, si no tienen otros bienes, de un presunto delito de alzamiento de bienes; por ello vamos a ver quien ha vendido y qué se ha vendido".