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VALENCIA. Las empresas públicas y fundaciones dependientes de la Generalitat Valenciana son grandes desconocidas para la mayoría de ciudadanos de a pie. El conseller de Economía, Enrique Verdeguer, está impulsando un recorte en estas organizaciones que se hará público en los próximos días. Atendiendo a la cuenta general de la Generalitat de 2010, resulta comprensible en muchos casos aplicar el ‘tijeretazo'.

En diversas de estas sociedades y fundaciones se perciben incumplimientos detectados en las auditorías y, en varias de ellas, una constante derrama de dinero público que parece imposible de ser atajada. A esta circunstancia, hay que unirle el coste en salarios de altos directivos que se sitúan al frente de estas empresas, que incluso en ocasiones cobran sueldos superiores al presidente de la Generalitat (por encima de 70.000 euros).

Valenciaplaza.com ha analizado los números en varias de estas empresas públicas o fundaciones -más allá de las más conocidas y ya estudiadas-  donde los auditores han encontrado incidencias ya sea en la contratación, deudas a proveedores o fondos propios negativos, lo que demuestra la necesidad de recortes inmediatos y saneamiento de estas sociedades las cuales, en algunos casos, además de dudosa eficacia, suponen un auténtico ‘agujero financiero' para las arcas públicas.

Una de las entidades de derecho público donde el informe de la auditoría de 2010 se detiene es en la Agencia Valenciana de Energía (Aven), cuyo origen se remonta prácticamente a la adjudicación del plan eólico valenciano y que ahora se dedica a gestionar ayudas vinculadas a la mejora de la eficiencia energética o diseñar planes de ahorro.

En el informe, realizado por Audit Ibérica, desvela una retahíla de incumplimientos, omisiones y desgloses de partidas contables que impiden al censor de las cuentas realizar "la interpretación y comprensión adecuada de las cuentas anuales".

En lo que se refiere a contratación, según el informe de la auditoría, Aven adjudicó contratos antes de que las empresas ganadoras de los concursos hubieran presentado los avales que se exigían. Por otra parte, los auditores también denuncian que la agencia utilizó como puntos a favor en los concursos aspectos que sólo sirven en los trámites previos que verifican la solvencia de los candidatos y no para la fase de adjudicación.

El informe de cumplimiento concluye que la memoria de esta entidad no se ajusta a la legalidad: "Las omisiones de información existentes y los incumplimientos, en cuanto a clasificación y desgloses, con respecto al contenido mínimo de la Memoria (atendiendo al Real Decreto 1514/2007 por el que se aprueba el Nuevo Plan de Contabilidad), permiten concluir que el contenido de la misma no cumple con lo previsto en la legislación vigente".

Respecto a las cuentas de Aven, el pasivo corriente se duplicó de 2009 a 2010: de 14,89 millones de euros a 25,59. Las pérdidas de esta empresa en el pasado ejercicio fueron de 8,48 millones de euros. En esta entidad, se contabiliza un gasto de personal de 1,45 millones de euros, destinados a pagar las nóminas de 30 trabajadores y un director general, Antonio Cejalvo.

ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (EPSAR)

Esta empresa, encargada del abastecimiento, tratamiento y saneamiento de aguas residuales y modernización del regadío, acumulaba a finales de 2010 una deuda con entidades financieras de 679 millones de euros, un 9,3% más que al año anterior. Esta cifra la sitúa a la altura de la deuda de CACSA, pese a ser menos mediática.

El grueso de ese pasivo, acumulado en apenas una década a un ritmo trepidante, está contraída con el Banco Europeo de Inversiones, si bien desde 2007 la entidad ha incrementado su deuda con créditos firmados con bancos privados y con el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). Los plazos de amortización alcanzan hasta 2035. La entidad tiene unos gastos financieros de 21 millones de euros y de personal de 2,3. Los ingresos llegan por el canon de saneamiento que suman los 201 millones de euros.

Pese a esa facturación -lo normal en las empresas públicas valencianas es tener ingresos ridículos y depender de forma exclusiva de las transferencias de capital de la Generalitat-, EPSAR perdió el año pasado 24,13 millones de euros, un 35% más que en el ejercicio anterior, sin que a simple vista se observe motivo para ello.

Además, como desvela el informe de la auditora Russell Bedford, EPSAR comparte con el sector público autonómico el dudoso honor de acumular facturas por atender en el cajón. "Una indeterminada cantidad de impagados", resume lacónicamente el auditor, que explica que los desconoce porque no se informa "adecuadamente de estos hechos en la memoria". No obstante, se estima en 103 millones la deuda comercial vencida al cierre del ejercicio.

La falta de liquidez de la empresa, que cuenta con un fondo de maniopbra negativo de 180,54 millones, se ha visto agravada "por la no concesión de nuevos avales por parte de la Generalitat en importe suficiente para obtener financiación bancaria adicional". Es decir, al no poder renovar sus pólizas de crédito para el gasto ordinario por falta de garantías, la empresa ha dejado de pagar con normalidad a sus proveedores.

FUNDACIÓN LA LUZ DE LAS IMÁGENES

Una de las fundaciones que llama la atención por las anotaciones de la auditoría es esta organización dedicada a la recuperación, intervención y difusión del patrimonio histórico y artístico valenciano, si bien se centra de forma exclusiva en la restauración de iglesias y su contenido. Entre otras incidencias, el informe de Russell Bedford España pone en duda de forma muy seria las propias cuentas de la fundación, que declara unas modestas pérdidas de 0,53 millones. "Las pérdidas se encuentran infravaloradas en 7,9 millones de euros", al apuntarse transferencias de la Generalitat como ingresos en lugar de imputarlos al capital. Esta salvedad situaría los números negativos cerca de los 8,5 millones de euros.

Esta práctica -repetida en no pocas empresas y organismos públicos, según desvelan los distintos informes de auditoría- la arrastra la fundación de años anteriores. "A efectos comparativos, las pérdidas del ejercicio de la cuenta de resultados de 2009 están infravaloradas por importe de 11.200.000 euros", señala el fiscalizador.

Es el propio informe de la auditoría quien revela que las retribuciones de la gerente de la fundación -alta dirección- han ascendido a 71.804 euros, un sueldo mayor que el del propio presidente de la Generalitat, que se encuentra situado en 67.615 euros. No es el único director de una empresa pública o fundación, que amasa un sueldo mayor que el jefe del Consell. Otro caso es el de Marisa Gracia, directora gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, que percibe 73.894 euros anuales.

INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE MODERNO (IVAM)

Las cuentas del IVAM reflejan unas pérdidas de 8,24 millones de euros en 2010. Las ventas alcanzaron los 1,4 millones de euros mientras los gastos de personal supusieron 3,4 millones de euros y otros gastos de explotación representaron 5 millones de euros. La auditoría no refleja incidencias contables de importancia, pero sí revela situaciones curiosas en el control de las contrataciones.

El informe, realizado por Audit Ibérica, puntualiza que sería "conveniente" que se sellara "con el registro de entrada determinada documentación obrante en los expedientes analizados: acreditación de cumplimiento de obligaciones financieras y con la seguridad social o remisión del documento justificante del abono del anuncio de licitación por parte del licitador".

El auditor subraya que en el caso de uno de los expedientes analizados de septiembre de 2010, "la fecha de adjudicación definitiva y de la firma del contrato es posterior a la fecha de notificación de la adjudicación definitiva a los interesados, soportada mediante el sello de registro de salida del IVAM".

Por otro lado, las cuentas, en este caso, sí desvelan el salario de la directora de la entidad, Consuelo Císcar, en el apartado de sueldos de altos cargos, reflejando una retribución anual de 61.955 euros. Un montante similar al de la mayoría de gerentes de las 128 empresas públicas, fundaciones y otro tipo de sociedades que dependen de la Generalitat.

Las empresas públicas y fundaciones ya fueron objeto de análisis en la última etapa del anterior conseller de Economía, Gerardo Camps, quien anunció la supresión de nueve fundaciones y seis sociedades que supondría un ahorro de 115 millones de euros. Ahora, el titular de la cartera, Enrique Verdeguer, pretende dar una vuelta de tuerca considerable a esta previsión y lograr un aliviar las arcas públicas con un recorte que permita un ahorro de entre 400 y 700 millones de euros.