ÁLVARO MOHORTE. 03/09/2011 Para aplicar en Valencia algunas de las medidas anunciadas en Castilla La Mancha por su presidenta sería necesario reformar el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. Sería el caso de la Sindicatura de Greugues o el Comité Económico y Social (CES), encabezados en la actualidad por José Cholbi y Rafael Cerdá. No lo necesitaría, en cambio, el Tribunal de la Competencia, presidido por Fernando Castelló

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VALENCIA. Si la presidenta de Castilla La Mancha, María Dolores de Cospedal, llevara las riendas de la Generalitat, o el Consell 'copiara' el plan de ajuste de la comunidad vecina, ni el ex conseller de Industria Fernando Castelló ni el histórico diputado del PP José Cholbi se tomarían el turrón en sus actuales responsabilidades. Son sólo dos ejemplos del efecto que tendría la aplicación del Plan de Garantía de los Servicios Básicos de Castilla La Mancha en la Administración valenciana.

Al margen de la reducción de altos cargos en general y de sus secretarios y chóferes, de los interinos, los liberados sindicales o los asesores, la presidenta manchega ha anunciado la eliminación de organismos concretos que tienen sus gemelos en la Comunitat Valenciana. Este es el caso del Defensor del Pueblo de Castilla la Mancha, cuyo homólogo es la Sindicatura de Greuges, presidida por José Cholbi, diputado desde 1983, senador territorial desde 2004 y Síndic desde 2009.

La Sindicatura de Greugues sirve de ventanilla de reclamaciones del ciudadano frente a las decisiones de la Generalitat y los ayuntamientos valencianos. Su presupuesto aprobado para 2011 es de 3,5 millones de euros, frente a los 3 millones de este servicio en Castilla La Mancha. Los cargos de designación política afectados por su desaparición serían, además del de Cholbi, el de sus adjuntos Emilia Caballero (propuesta para el cargo por el PSPV) y Carlos Morenillas (propuesto para el cargo por el PP).

Sin embargo, el organismo que primero figura en el listado de prescindibles para Cospedal es la Comisión Regional de la Competencia. Aunque en la Comunitat se denomina Tribunal de Defensa de la Competencia, no es un órgano judicial sino que depende la Conselleria de Economía, Industria y Comercio con un presupuesto de 962.640 euros en 2011. Una cantidad que ronda el 50% del presupuesto de la entidad manchega, que suma 1,9 millones de euros.

Al frente se encuentra desde el año 2008 el exconseller de Industria, Fernando Castelló. Tras una larga carrera que le ha hecho pasar por el Consell entre 1999 y 2003, por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social hasta 2004 y por el Congreso de los Diputados entre 2004 y 2008, es uno de los pocos hombres que unieron su destino al de Eduardo Zaplana en la Comunitat y en Madrid y que todavía sigue en cargos de responsabilidad del Consell.

También desaparecería de la esfera pública el Consejo Económico y Social, que en Castilla La Mancha cuesta 1,1 millones de euros y en la Comunitat, 962.640 euros. Este órgano cuenta en su presidencia desde hace décadas con Rafael Cerdá, un hombre tan discreto como conocidos son sus vicepresidentes: Rafael Montero, secretario general de Cierval, y Josep Manuel Picó, actual secretario de Relaciones Institucionales de CCOO-PV y secretario general de la Federació d'Ensenyament de este sindicato entre 1996 y 2008.

Según expertos jurídicos consultados por este diario, la aplicación de estos cambios en Valencia exigiría, no obstante, la siempre procelosa reforma del estatuto autonómico, lo cual dilataría en el tiempo excesivamente la medida haciéndola perder su eficacia. Tanto el CES como la Sindicatura de Greugues vienen recogidos como instituciones autonómicas en el código 'soberano' y son practicamente intocables si no se reforma éste en las condiciones que marca la ley.

Para este cambio, haría falta que dos tercios de la Cámara aprobaran la modificación. De este modo, a los 55 que actualmente tiene el PP deberían sumarse 11 de la oposición. En todo caso, "si hemos sido capaces de reformar la Constitución del Estado en un par de semanas por una situación económica extraordinaria, ¿no seríamos capaces de realizar el mismo esfuerzo en Valencia ante unos problemas no menos complejos?, comentan las mismas fuentes.

Y TAMBIÉN LOS DELEGADOS PROVINCIALES

Los altos cargos que se unirían a la nómina de caídos por el Plan Cospedal serían los delegados de las consellerias, que en el caso valenciano se concretan en los delegados del Consell en Alicante, Juan Antonio Rodríguez; en Castellón, Joaquín Borrás; y en Valencia, Rafael Soler Vert. Según fuentes del Consell, se salvaron en la anterior remodelación del Ejecutivo porque significan "sólo" el 0,01% del Presupuesto autonómico: 1,4 millones de euros. Más de lo que cuesta el Tribunal de la Competencia o el Consejo Económico y Social.

Cospedal también va a extinguir otras entidades como la Fundación Ínsula Barataria, dedicada a la formación en red y a la promoción de la I+D+i, dotada de 1,5 millones de euros; el Instituto Don Quijote de Promoción Turística, con un presupuesto de 8,8 millones o el Instituto de la Vid y el Vino, que se sufraga con 1,5 millones.

Aunque no es fácil encontrar un homólogo exacto entre estas tres manchegas y las más de 130 fundaciones y empresas públicas de la Comunitat, desde la Generalitat se repite que "pronto" se tomarán medidas, teniendo en cuenta la "idoneidad" de algunas de ellas para la situación económica actual.

 

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