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WASHINGTON (EFECOM). "Para los trabajadores de construcción y sus familias en todo el país, (la extensión de la ley) representa la diferencia entre cubrir no o cubrir sus necesidades", advirtió Obama durante una declaración en la Rosaleda de la Casa Blanca.

Obama señaló que sin la extensión de la ley, que vence el próximo 30 de septiembre, "más de 4.000 trabajadores afrontarán de inmediato una suspensión sin pago", y una demora de tan sólo diez días significará la pérdida de cerca de mil millones de dólares en fondos para las carreteras.

"Si se demora más, cerca de un millón de trabajadores podrían perder sus empleos en el próximo año", advirtió Obama.

La ley de transporte cubre gastos para la construcción de carreteras, la reparación de puentes, los sistemas de transporte público y otros proyectos de infraestructura en todo el país.

Obama, acompañado del secretario de Transporte, Ray LaHood, el presidente de la federación sindical AFL-CIO, Richard Trumka, y algunos trabajadores del sector de la construcción, tachó de "inaceptable" e "inexcusable" que los trabajadores pierdan sus empleos por culpa de la politiquería en Washington.

Al indicar que el Congreso ha renovado la ley de transportes un total de siete veces en los últimos años, Obama dijo que "es hora de cesar los juegos políticos que nos pueden costar centenares de miles de empleos", y que "este no debe ser un asunto demócrata o republicano".

El mandatario también pidió una extensión de la ley de gastos para la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés), que vence a mediados de septiembre.

Los desacuerdos entre demócratas y republicanos provocaron el cierre parcial de esa agencia durante dos semanas a finales de julio pasado.

Obama prevé abordar de nuevo la necesidad de aumentar las inversiones en la infraestructura y obras públicas cuando presente un nuevo plan para la creación de empleos ante una sesión conjunta del Congreso el próximo 7 de septiembre.

A su regreso del receso legislativo la próxima semana, la Cámara de Representantes de EE.UU. tendrá ante sí un proyecto de ley de gastos de transporte por 230.000 millones de dólares por un período de seis años, mientras que la versión que analiza el Senado es de 109.000 millones de dólares y sólo cubre dos años.