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MADRID. En ese último caso, la decisión es doble: por un lado, unificar en un solo calendario las diferencias hasta ahora existentes de forma que ahora el periodo en el que se realizan las provisiones es idéntico para todo tipo de préstamos. En concreto, frente a un periodo de hasta 6 años en los que de forma progresiva se iban realizando las provisiones en determinados préstamos (como los destinados a la compra de vivienda, siempre que estuviera terminada y el importe del préstamo no superara el 80% del valor de tasación), ahora el 100% de la provisión se alcanza a los 12 meses desde que el préstamo es catalogado como de dudoso cobro.

Y por otro lado, se han endurecido las provisiones efectuadas en los llamados activos adjudicados (los que se queda la entidad por impago del préstamo con objeto de paliar los problemas derivados de los créditos dañados) de forma que obliga a dotar un 10% adicional si el inmueble permanece en balance más de 24 meses. Hasta ahora, la obligación era realizar una provisión del 10% en el momento de la adjudicación y otro 10% a los 12 meses. Ahora, con esta nueva regla de juego, el total acumulado de provisiones pasa al 30% si el inmueble no se vende en dos años.

¿Qué consecuencia va a tener sobre el sector? El informe de impacto del propio BE cuantifica en un 2% el aumento de las provisiones en 2010 y una caída del 10% en los resultados. Si bien para 2011 cuantifica en un 7% al aumento adicional de las provisiones, el supervisor no cuantifica el impacto sobre el beneficio, si bien es obvio que va a ser mayor en 2011 dado el mayor aumento de las provisiones.

Obviamente, la repercusión del cambio contable no va a afectar a todos por igual sino que va a repercutir con más virulencia en las entidades que hayan acumulado más inmuebles en sus balances como estrategia para frenar el aumento de la mora contable. Según datos del propio BE en su último informe de Estabilidad Financiera de marzo de 2010, el importe de activos adjudicados asciende a algo más de 59.000 millones de euros. Si se utilizan los balances consolidados que reportan tanto la AEB como la CECA (disponibles en sus páginas web) referidos a 2009, es posible estimar en unos 39.000 millones esos inmuebles en el caso de las cajas de ahorros y en 21.000 en los bancos. Es evidente, con estas cifras, que la repercusión del cambio contable es mayor en las cajas que en los bancos.

Si analizamos la información entidad a entidad, en estos momentos, tiene especial interés ver cuánto pesa en el activo de cada entidad el importe de esos activos adjudicados. Si sumamos los activos no corrientes en venta, las inversiones inmobiliarias y las existencias, en algunas entidades el porcentaje llega a un máximo de casi el 10%. En concreto, las primeras posiciones del ranking las ocupan las cajas catalanas Caixa Terrasa y Caixa Catalunya, con un porcentaje del 9,3%. Le sigue otra catalana Caixa Laietana con un 6,05%, Caja Gipuzcoa y S.S. con el 5.44% , la intervenida Cajasur con un 5,23% y otra catalana, Caixa Sabadell con un 5,11%. La media de todas las cajas está en el 2,91% frente al 1% de los bancos.

En el caso de las cajas valencianas, tanto Bancaja como la CAM presentan ratios por encima de la media del sector: un 4,16% en la CAM y un 4,07% en Bancaja. Por el contrario, Caixa Ontinyent está en el 1,7%, por debajo de la media de cajas. Y en los bancos, no es oro todo lo que reluce: el Banco Pastor presenta un porcentaje del 4,95% (casi cinco veces superior que la media de bancos), el Guipuzcuano el 3,87%, y el Popular el 3,40%.

Si tenemos en cuenta el aumento de la provisión que se exige a los inmuebles adjudicados, el esfuerzo en términos de la cuenta de resultados es mayor en las entidades con más inmuebles en balance. En este caso, la primera en el ranking es Caixa Catalunya, con un valor de inmuebles adjudicados de 5.919 millones de euros a finales de 2009. Le sigue Bancaja con 4.535 millones de euros, el Banco Popular con 4.393 millones y la CAM con 3.144 millones. El Santander y el BBVA, dados sus tamaños, tienen elevados importantes en inmuebles adjudicados (7.399 y 4.617 millones de euros, respectivamente), si bien en porcentaje del activo total, los valores son muy reducidos (0,67% y 0,86%, respectivamente).

Si multiplicamos el importe de los inmuebles adjudicados por el 10%, tenemos una idea aproximada del impacto del endurecimiento de la normativa de provisiones. En el caso de las cajas, estamos hablando de detraer de la cuenta de resultados 3.900 millones de euros, mientras que en los bancos 2.100 millones. Y si quieren ustedes saber el impacto banco a banco, no tienen más que multiplicar por 0,1 (10%) el valor de los inmuebles en sus balances. Es evidente que algunas entidades lo van a pasar mal con este cambio contable. A cambio, se fuerza a los bancos a desprenderse de esos inmuebles adjudicados, lo que ayudará a que se haga de una vez por todas el necesario ajuste del precio de los activos.