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VALENCIA. "Esto es un antes y un después en la historia de la hacienda pública española". La sentencia es del conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana, José Manuel Vela y se refiere al pacto alcanzado entre PSOE y PP para incluir en la Constitución un techo de gasto -en realidad limitaciones a posibles déficits presupuestarios y de endeudamiento- que afectará no solo al Gobierno central si no a todas las administraciones públicas. Entre ellas, por supuesto, la Generalitat.
La inclusión de la norma en la ley de mayor rango de las que existen en España, y por tanto su obligado cumplimiento, no es una decisión que se haya tomado con entusiasmo y emana de los acuerdos de estabilidad financiera alcanzados en el seno de la Unión Europea. La traslación de este compromiso, que tiene por objeto evitar incurrir en descuadres presupuestarios que pongan en peligro la unión monetaria, es prácticamente una obligación impuesta.
Sin embargo, los dos grandes partidos han llegado a la conclusión de que es una medida necesaria tanto para calmar a sus socios europeos como a los mercados, recelosos de la efectividad y cumplimiento de las distintas medidas de control del gasto que se han aprobado hasta ahora. De hecho, solo la irrupción del Banco Central Europeo comprando deuda de los países más necesitados ha permitido que se relajen las tensiones sobre la prima de riesgo.
Uno de los elementos que más se ha valorado por analistas externos -a falta de conocer detalles de la modificación constitucional y lo que ella implique en la gestión del dinero público- es que se trata de una norma transversal. Es decir, no afectará únicamente a los gastos o la deuda del Gobierno, si no que descenderá todos los escalones de la administración pública, pasando por las autonomías.
Un informe para el mercado de Barclays Capital calificó este miércoles de positiva la decisión de limitar constitucionalmente el gasto por tres razones: porque es un pacto de PP-PSOE, porque España pasa a formar parte del grupo de países de la eurozona que ya lo han hecho o planean hacerlo (Alemania, Francia e Italia) y porque incluye a todos los escalones de la administración.
"En segundo lugar (como en el caso de los estados alemanes) la propuesta española establece un límite efectivo a los déficit fiscales de los tres niveles del gobierno español. Esto es particularmente relevante para las regiones españolas por dos razones: La primera porque son responsables de todos los gastos en servicios de educación, salud y sociales, y la segunda porque algunas regiones han incurrido reiteradamente desviaciones presupuestarias en relación con los objetivos de déficit fiscal", explican los analistas de la división de inversión de Barclays.
"Esta propuesta es una sorpresa (positiva) porque lo que estaba previsto es que el techo sería votado por cada uno de los parlamentos autonómicos en septiembre, pero no hay garantía de que lo hicieran todas. Sin embargo, la propuesta de enmienda constitucional se aplicaría automáticamente a todos los niveles del gobierno, incluidas las regiones", se felicitan los analistas.
El proceso de aprobar el techo de gasto por parte de las comunidades autónomas, acordado en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, había entrado en una vía de difícil salida. El Gobierno, a través de su ministro portavoz, José Blanco, y de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, han reclamado en las últimas semanas a los ejecutivos regionales que fueran aprobando rápido la norma. Sin embargo, nadie se ha movido. "No vamos a ser nosotros los primeros en hacerlo. Cuando veamos que lo hacen otros...", explicaron a ValenciaPlaza.com fuentes del entorno económico de la Generalitat.
Las comunidades autónomas que tienen un fuerte endeudamiento, como el caso de la Comunitat Valenciana o Cataluña, por poner dos ejemplos, son las que están bajo el foco de atención de los organismos que esperan un recorte del déficit público en España y otros países afectados por la crisis de deuda soberana. Pero esa misma circunstancia, la de tener una delicada situación de liquidez, es la que también las hace más reticentes a fijarse corsés que les impidan o limiten buscar fondos que necesitarán ya sea para atender vencimientos de los créditos o para los gastos corrientes. En el fondo, que una norma como la Constitución fije el límite de déficit reduce la autonomía financiera de las regiones, como criticó el síndic de Compromís, Enric Morera, contrario a la reforma.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ejemplificó en una frase la dualidad que viven algunas autonomías: "Es conveniente que exista el límite de gasto pero hay que mejorar la financiación que nos llega del Estado". La cuestión de fondo es que si lo que se limita es el déficit, tan importantes son los gastos como los ingresos. Y la Generalitat estima que no recibe suficiente dinero del Estado.
Este mismo año se da por hecho en la calle Palau, sede de la Conselleria de Hacienda, que no se va a cumplir la previsión de desfase presupuestario del 1,3%, recogido en el plan de saneamiento al que está sometida la Generalitat. Y el 1% del año que viene es una incógnita.
Pero si, como se ha comentado desde el Gobierno, la nueva normativa afectará también a la capacidad de endeudamiento, el escenario se complica más para la Generalitat, que vive a expensas de acudir a los mercados mayoristas para poder tanto refinanciar los vencimientos como obtener fondos que están incluidos en el presupuesto como nueva deuda.
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