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VALENCIA. El ambicioso Plan de Infraestructuras Estratégicas (PIE) lanzado por el expresidente Francisco Camps el año pasado y cuya vigencia ratificó en su discurso de investidura semanas antes de dimitir, lleva camino de convertirse en una declaración de intenciones cuya concreción se verá seriamente afectada por los recortes en el gasto a que están obligados tanto la propia Generalitat Valenciana como el Gobierno central, a quien el Consell le endosó parte del presupuesto global del programa.

El plan, para cuya presentación se editó un voluminoso y lujoso catálogo (se puede consultar en internet aquí), recoge decenas de actuaciones en materia de infraestructura para el periodo 2010-2020. El volumen de inversión prevista para todas ellas ascendía a 52.595 millones de euros, una cifra elevada (el presupuesto anual total de la Generalitat asciende a menos de 14.000 millones) que el Consell entonces presidido por Camps confiaba en repartir entre inversión directa propia (11.345 millones), mixta con empresas privadas (4.595 millones), indirecta o totalmente asumida por empresas (11.200 millones), otras administraciones públicas de la Comunitat Valenciana (ayuntamientos y diputaciones, 350 millones) y el Estado, 25.105 millones.

Estas cifras, si bien hay que tener en cuenta la plurianualidad del plan, se antojan en estos momentos del todo excesivas ante la prioridad de controlar el déficit público exigida tanto por el Gobierno a las comununidades autónomas, como por Bruselas al Ejecutivo central. Todas las administraciones están apretándose el cinturón ante la fuerte caída de ingresos que, de no ser compensada con recortes en gastos tanto corrientes como en inversiones, provocaría un desfase presupuestario que está formalmente vetado.

El ministro de Infraestructuras y portavoz del Gobierno, José Blanco, hizo un llamamiento a primeros de semana a que los gobiernos autonómicos se apresuren a presentar ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera su techo de gasto para el próximo ejercicio. Precisamente en eso trabaja ahora el equipo económico de la Generalitat, enfrascado, por una parte, en la reordenación del sector público, que le reporte ahorros, y en la elaboración del presupuesto para el año que viene.

Las cuenta de la Comunitat Valenciana para 2012 van a sufrir un notable recorte en todas las conselerías, tal y como ha repetido en varias ocasiones el conseller de Hacienda, Manuel Vela, que ha exigido a los responsables de cada cartera que le presenten una propuesta de cuentas con fuertes minoraciones en el gasto que podrían llegar a porcentajes de dos dígitos.

Desde la Consellería de Infraestructuras, que dirige Isabel Bonig, insistieron ayer a ValeciaPlaza.com que el PIE está vigente, si bien reconocieron que la situación económica actual no es la idónea para su desarrollo pleno. "Confiemos en que la economía se recupere y se puedan acometer los proyectos aunque sea en plazos distintos", dijo una portavoz oficial a este periódico.

Pero la situación es compleja, más teniendo en cuenta la difícil situación de liquidez de la Generalitat y los problemas que tiene para atender el pago a los proveedores y de las certificaciones de obra, que se retrasan hasta 220 días. La imposibilidad de recurrir a un mayor endeudamiento -la Comunidad Valenciana lidera el ránking en deuda por habitante- dificulta contar con fondos ya no para nuevos proyectos -el PSOE denunció que el año pasado 40 actuaciones en carreteras programadas no se habían ejecutado- si no también para los iniciados.

Una muestra de esa situación de incertidumbre de la obra pública se puede comprobar en la construcción de la línea 2 de Metrovalencia. El tramo que irá de Natzaret a la calle Alicante (que se debe poner en marcha independientemente del avance del ramal que atravesará el barrio de Velluters y El Carmen) tiene el túnel acabado y las estaciones, prácticamente también, al menos en lo que se refiere a la obra dura. Sin embargo, las obras acabadas están valladas desde hace meses -de forma provisional pero pensada para durar- sin que se registre ninguna actividad en su interior (no se colocan vías, ni catenaria, ni se acicalan las estaciones y andenes.

El exconseller de Infraestructuras, Mario Flores, reconoció en su día que la Generalitat no puede poner en marcha esta línea en solitario. "No tenemos dinero para comprar los trenes necesarios", se sinceró entonces. El plan, en este caso concreto, pasa por la privatización del servicio, obligando a la concesionaria a comprar el material rodante. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha manejado un par de borradores de licitación de la explotación de la línea 2, pero finalmente no se ha decidido a sacarlos adelante.

COMPLEJA PARTICIPACIÓN PRIVADA

La participación privada en estos proyectos, reclamada por la Generalitat y que los empresarios ven con interés, tampoco está exenta de dificultades. La primera es que las empresas tienen igual o más cerrado el grifo de los préstamos que la Generalitat. Para poder participar en obras de cierta entidad -desde quedarse la gestión del metro a construir carreteras con peaje en sombra- las empresas necesitan fondos que ahora no tienen. El aval de una concesión, que en otro momento hubiera sido una garantía ante los bancos, ahora no es suficiente para los bancos, que han llegado a rechazar pagos con fondos de líneas de descuento del Gobierno autonómico.

Si bien los empresarios ansían captar este tipo de negocios que generan ingresos recurrentes, como quedó patente en la reunión que mantuvieron el miércoles el presidente Alberto Fabra y los máximos responsables de la patronal Cierval, José Vicente González, y de las Cámaras de Comercio, José Vicente Morata, la crisis general y la desconfianza en el cobro puntual de las cantidades que se puedan acordar, generan recelos a la hora de presentarse a dichos concursos. Para muestra, el Aeropuerto de Castellón, cuya concesionaria quiso rescindir el contrato porque "ni con el dinero que aportará la Generalitat será rentable". Al final, el Consell se hace cargo de las instalaciones y la concesionaria se queda con algunos servicios no deficitarios.

Finalmente, respecto a los 25.105 millones que la Generaitat imputó al Gobierno central -sin que se sepa que esta cifra estuviera consensuada- y que suponen prácticamente la mitad del programa, tampoco parece que sean una prioridad en estos momentos. El de inversiones no es un capítulo del que se esperen grandes alegrías para el próximo ejercicio, si bien la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2012 estará condicionada por las Elecciones Generales del 20 de noviembre.

El PIE tiene previstas 10 áreas de actividad: carreteras (12.520 millones), transportes (15.535 millones), logística (500 millones), puertos (2.890 millones), costas 815 millones) , aeropuertos (2.420 millones), energía (8.925 millones), arquitectura e infraestructuras urbanas (900 millones), infraestructuras hidráulicas (6.750 millones) y telecomunicaciones (1.340 millones).

Los objetivos fundamentales son que en las áreas metropolitanas, el transporte público atienda el 40% de los desplazamientos (los planes de explansión de Metrovalencia y del Tram de Alicante son interminables), que el transporte de mercancías por tren alcance la media europea del 17%, la creación de ocho plataformas dentro de la red logística ferroviaria, así como la puesta en marcha de 14 ejes autonómicos de carreteras para conectar el interior y el litoral.

Incrementar casi un 25% los amarres en los puertos y construir una red de aeródromos y helipuertos de extinción de incendios, alcanzar el 100% de la depuración de aguas y que las energías renovables alcancen el 50% de la potencia eléctrica completan el catálogo.

Pese a que quedan nueve años por delante para cumplir estos objetivos, en el entorno del equipo económico del Consell tienen claro que las prioridades en estos momentos son muy distintas y que pasan por cuadrar muy a la baja los números, siquiera a martillazos.