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VALENCIA. La decisión de la Generalitat Valenciana de aplazar la venta de parte de su patrimonio que tenía prevista para este año "hasta que el mercado inmobiliario mejore" se enmarca en un escenario de sobra conocido: la inversión en inmuebles está prácticamente paralizada.
De hecho, en los últimos meses en Valencia capital, donde se ubican buena parte de los 13 solares y cuatro edificios que quiere vender el Consell para aliviar sus cuentas, a penas se han cerrado operaciones relevantes. Con una única excepción, registrada además hace unas semanas, la compra por parte de Zriser, el fondo de Pablo Serratosa y sus hermanas, del edificio de Seguros Generali en la plaza del Ayuntamiento.
Este tipo de operaciones inmobiliarias, que en otros momentos fueron habituales, cuentan en la actualidad demasiados inconvenientes para que los acuerdos fluyan. Por un lado, los fondos que suelen invertir en este tipo de bienes regatean hasta el último céntimo en el precio, conscientes de la necesidad de los vendedores y de que el suelo de precio en el sector aún está por vislumbrar.
Por otro, también es importante la necesidad de que en muchas de estas operaciones participen entidades financieras, encargadas de apalancar las operaciones que suelen tener un alto coste. Un apoyo, el de los bancos, difícil de conseguir en la actualidad, dadas las reticencias a aumentar su riesgo en el sector.
En el caso de la ciudad de Valencia se combinan especialmente estos dos elementos, según las fuentes consultadas por este periódico. Al temor de los bancos se une un gran parque de edificios de terciario a la venta que, con la salida al mercado de las dependencias que dejará la Generalitat cuando abra el complejo administrativo 9 d'Octubre, multiplicará los metros cuadrados disponibles y rebajará su precio, según los análisis de las empresas que suelen intermediar en estos negocios.
La venta del inmobilizado por parte de empresas necesitadas de liquidez puede tener, básicamente, dos formas: o se venden instalaciones ocupadas en renta (o directamente por los propietarios, que pasan a ser arrendadores), lo que facilita, en principio, encontrar un comprador, pues se le garantiza una rentabilidad fija a la inversión, o se ofrecen edificios vacíos disponibles para generar un negocio nuevo desde cero.
De los dos casos hay ejemplos en positivo ahora en la ciudad, como el ya mencionado de Seguros Generali o el edificio de Lauria que ocupará la ansiada Apple Store. Pero también los hay, y muchos, en negativo. La lista de inmuebles considerados emblemáticos -es decir, que por su ubicación o por sus características pueden ser objeto de deseo- es demasiado larga como para que los inversores se peleen por cerrar compras al precio que sea.
Ejemplos: la antigua sede de Iberdrola, en la calle Isabel la Católica, a escasos metros de Colón, la principal arteria comercial de la ciudad, languidece casi en ruinas desde hace años. La compañía eléctrica vendió ese edificio a un grupo de inmobiliarias locales lideradas por Gesfesa cuando se trasladó al rascacielos de la avenida de Francia. Desde entonces las únicas piedras que se han movido en ese inmueble son las que se han desprendido por el abandono.
Incluido en estos momentos en la cartera de Nau, el grupo inmobiliario creado por Banco de Valencia e inmobiliarias clientes, la vieja sede de Iberdrola está a la venta sin que, de momento, haya movimientos para que vuelva a estar activa.
Otro. El espléndido edificio del cine Capitol, en la calle Ribera, junto a la Estació del Nord y la plaza de toros, ha estado años con el cartel de se vende colgado. Durante ese tiempo también cambió de propiedad, ya que el grupo Coresol, que lo rehabilitó, acabó canjeándolo por deuda con Servihábitat, la inmobiliaria de La Caixa. La caja catalana intentó colocarlo entero, a trozos y, finalmente, alquilarlo. Será en los próximos meses cuando el bajo comercial se ocupe por C&A, pero las oficinas de las plantas altas siguen disponibles.
El antiguo edificio de la Bolsa de Valencia en la calle Pascual y Genís, libre desde la marcha de Fibanc a un palacete que fue sede de la inmobiliaria Nou Temple, el rehabilitado edificio de la vestusta cafetería Lauria, en plena esquina de la plaza del Ayuntamiento, la antigua (y ahora también semiabandonada) sede de Mutua Valenciana Automovilista, justo a unos metros, un edificio en plena zona financiera de la calle Barcas... La lista se hace casi interminable.
En ese sentido de sobreabundancia es en el que resulta complejo imaginar una operación con los inmuebles que ofrece la Generalitat, pese a que el número 32 de la calle Colón -de los solares casi ni hablar, más cuando algunos, como los de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, tienen incertidumbres jurídicas- puede resultar muy tentador. Al menos una operación que resultase, cuanto menos, favorable para las dos partes.
Los 363 millones que esperaba ingresar Gerardo Camps cuando anunció el plan se antojan mucho dinero para unos inversores con mucha oferta y mucha capacidad para regatear. Otra cosa sería que las urgencias obligasen a malvender el patrimonio público, algo que, parece, no convence al nuevo equipo económico de la Generalitat.
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