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VALENCIA (VP/EP). Los Colegios Oficiales de Farmacéuticos y las organizaciones patronales de la Comunitat Valenciana calificaron ayer de "inaceptables y desastrosas, social y económicamente" las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno, que obligan a las oficinas de farmacia a realizar un descuento obligatorio del 7,5% al Sistema Nacional de Salud en la facturación de los medicamentos.

En un comunicado, alertaron de que esta medida "pone al borde de la quiebra a centenares de farmacias y ratifica la pérdida de muchos puestos de trabajo prevista tras las anteriores medidas de recorte". En su opinión, el Modelo Mediterráneo de Farmacia "ya no puede más y ha recibido quizá la puntilla definitiva a su supervivencia".

Destacaron que el sector está elaborando ya un informe sobre el alcance económico y social de esta nueva medida y va a convocar a sus asambleas para adoptar las medidas de protesta oportunas contra esta decisión.

En su opinión, los efectos de este descuento serán "especialmente graves" en las pequeñas farmacias, ubicadas en la periferia de las ciudades o en las poblaciones rurales, lo que "dejará desprotegidos a los ciudadanos con mayor dependencia, que tendrán que hacer largos desplazamientos para conseguir su medicación".

Asimismo, recordaron que el descuento aprobado se suma a la aportación de una parte importante de sus ingresos, que están obligadas a hacer las farmacias desde 2000.

Explicaron, en este sentido, que las farmacias "se ven afectadas periódicamente por todo tipo de medidas de racionalización del gasto, como el recorte de los precios de los medicamentos genéricos decretada en el anterior decreto o los descuentos en productos sanitarios, además de afrontar la continua exigencia de modernizar sus instalaciones".

Esta medida, que se aplicará también a los laboratorios y a la distribución, supondrá una aportación total de 1.300 millones de euros anuales al Estado, a los que hay que sumar los 1.500 millones derivados del anterior Real Decreto-ley, aprobado hace menos de un mes. Los farmacéuticos señalaron que, por tanto, el 20% del coste económico de todas las medidas contra la crisis recaerá sobre este sector, un hecho que consideraron "injusto, desproporcionado y discriminatorio".