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VALENCIA. La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana se ha marcado como uno de sus objetivos estratégicos impulsar la transparencia de las cuentas públicas de las entidades locales. Para lograrlo, la Sindicatura ha llevado a cabo distintas acciones que han permitido que desde 2004, cuando tomaron posesión los actuales síndicos, la tasa de no rendición se haya reducido en más de un 60%, situándose en torno al 6% actualmente.

Así, por un lado, la Sindicatura ha intensificado la elaboración de fiscalizaciones específicas a los municipios, y especialmente a aquellos que no cumplen con su obligación de rendir cuentas. En conjunto, la Sindicatura ha realizado un total de 182 fiscalizaciones sólo a municipios, que o bien lo han solicitado o bien la Sindicatura ha considerado conveniente fiscalizar.

"Las entidades locales están obligadas a rendir cuentas a la Sindicatura. Estas cuentas se integran en el Informe de la Cuenta General de Entidades Locales, que a partir de la información facilitada arroja magnitudes e indicadores de la evolución del sector local. No remitir las cuentas supone un grave incumplimiento por parte de los administradores públicos de su obligación legal", explica el Síndic Major, Rafael Vicente. Para facilitar esta obligación, la Sindicatura firmó un acuerdo con el Tribunal de Cuentas, que posibilita la rendición en un acto único, a través de una plataforma común que unifica criterios y simplifica los trámites.

Además, el órgano de control externo ha apostado por una mayor claridad en el sector público local, realizando informes para delimitar las entidades que deben considerarse como integrantes del sector público, y, por tanto, someterse a los controles correspondientes a pesar de no estar contempladas en las vigentes instrucciones de contabilidad. En situación de vacío legal se encuentran actualmente más de 80 entidades que, por tanto, carecen del control adecuado.

Este año, la Sindicatura ha dado un paso más y ha analizado la situación de los perfiles de contratante e instrucciones de contratación en los municipios de más de 50.000 habitantes y en las diputaciones provinciales. El objetivo de estos informes no es otro que contribuir a una mejora de la gestión de los fondos públicos. De hecho, actualmente está realizando la fiscalización del control interno de estos municipios, mayores de 50.000 habitantes, y de las diputaciones.

En total, la Sindicatura ha realizado desde enero de este año 14 informes, de los que 13 corresponden a municipios.