VALENCIA. La reordenación del sector público que prepara la Generalitat Valenciana puede acabar con una ficción, mantenida por distintas administraciones, consistente en 'centrifugar' parte de su deuda en empresas y entes autónomos, evitando así que compute en la cuenta general.

El conseller de Hacienda, José Manuel Vela, confirmó este martes que el Consell estudia asumir en su presupuesto ordinario el pasivo generado en sus empresas públicas. Esta medida, que formaría parte de la remodelación que prepara esencialmente el departamento de Economía e Industria, que dirige  Enrique Verdeguer, permitiría presentar un consorcio empresarial público sin el lastre de los más de 3.000 millones de euros de deuda que acumulan fundamentalmente Ràdio Televisió Valenciana (Canal 9) y Ciegsa (la empresa 100% de la Generalitat encargada de construir colegios).

Vela, que se reunió con el presidente del Consell, Alberto Fabra, dentro de la ronda que mantiene el nuevo inquilino de la calle Cavallers, aseguró que la medida no supondrá un problema para la Generalitat, que acumula un fuerte endeudamiento. En el total consolidado, el que incluye a las empresas públicas, la deuda autonómica valenciana asciende a 17.895 millones de euros, el 17,4% del PIB. Sin embargo, el Banco de España, en su contabilidad oficial, no incluye los más de 3.000 millones que están apalancados en las empresas públicas, lo que rebaja formalmente la cifra.

Si bien la deuda es la misma, la forma de contabilizarla, llevándola a los balances de empresas públicas, ha sido un elemento utilizado por las administraciones para presentar una imagen más pulida de sus números ante los supervisores. Sin embargo, ese centrifugado de la necesidad de financiación se ha convertido en una carga difícil de soportar.

En los dos casos mencionados, los de RTVV y Ciegsa, el presupuesto anual se ha ido completando ejercicio tras ejercicio no con aportaciones del capítulo de transferencias si no con préstamos bancarios que, lejos de cancelarse a su vencimiento, se han ido renovando o aplazando, provocando tensiones que ahora son insostenibles. Esa práctica también ha incrementado el coste financiero del pasivo, es decir, los intereses que se pagan por mantener los préstamos vivos.

Al cerrarse el grifo de la financiación las cuentas de estas empresas se han quedado al descubierto, hasta el punto de que, pese al aval de la Generalitat, la desconfianza de los bancos para mantener los créditos a estas formalmente sociedades anónimas, se ha radicalizado. 

Que la Generalitat asuma en sus cuentas la deuda de estas empresas públicas no será una novedad. Ya lo hizo con Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en una ocasión. Con todo, la situación que se plantea ahora es distinta, ya que viene englobada en un planteamiento más general de saneamiento del sector empresarial dependiente del Gobierno autonómico. 

Vela restó importancia a esta medida. "En el presupuesto consolidado la cifra es la misma", aseguró el conseller. Sin embargo, la decisión cobra sentido dentro de la estrategia anunciada inicialmente por Francisco Camps y mantenida por su sucesor, Alberto Fabra, de concentrar en un grupo empresarial las distintas sociedade actualmente participadas por la Generalitat. Una cartera a la que se podría dar entrada al capital privado, según dejó entrever en su día Camps, para lo que es necesario un saneamiento de sus cuentas que le den una viabilidad económica que ahora no tiene.

La asunción de la deuda por parte de la Generalitat supondrá un incremento del apalancamiento formal ante el Banco de España y, por tanto, ante el Gobierno central, que mantiene un estrecho cerco al desvío del gasto de las autonomías. De hecho, la Generalitat debe cumplir un estricto plan de estabilidad financiera que se revisa regularmente. "No va a suponer un problema para el cumplimiento del plan, ya que lo que se vigila es el déficit, no la deuda", aseguró Vela, que fijó para el próximo otoño la puesta en marcha de la reordenación del sector empresarial dependiente de la Generalitat. 

 

EN BUSCA DE LIQUIDEZ PARA LO QUE QUEDA DEL AÑO

El conseller de Hacienda, por otra parte, se mostró necesariamente optimista ante la necesidad de lograr ingresos en la caja pública para lo que queda de 2011. Vela confió en que en los próximos meses la tensión de los mercados con la deuda soberana se relaje y permita a la Generalitat emitir obligaciones por 1.300 millones de euros. El responsable de Hacienda matizó que la responsabilidad de conseguir colocar en los mercados esta cantidad, autorizada por el Gobierno central, es de la Conselleria de Economía, si bien mantuvo su determinación de que los fondos provengan de los mercados mayoristas.

 

"La situación debe cambiar", dijo el conseller, en referencia a los 400 puntos básicos de diferencia entre la rentabilidad del bono alemán y el español que se alcanzó el martes por la mañana, un dato que supone un encarecimiento de los intereses que hay que pagar por lograr dinero del mercado. Recurrir a los minoristas de nuevo (los conocidos como bonos patrióticos) está descartado. A final de año, de hecho, la Generalitat deberá atender el vencimiento de los 1.500 millones emitidos en diciembre de 2010. "No hay problema con eso", aseguró el titular de Hacienda.   

Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame
• whatsapp