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VALENCIA (EP). Los plazos para depositar las fianzas y para señalar fecha de juicio en la conocida como 'causa de los trajes' derivada del 'caso Gürtel' podrían retrasarse al ser el mes de agosto inhábil -se fijan unos días hábiles pero solo para determinados trámites y, además, los magistrados de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) están de vacaciones-, según informaron fuentes judiciales.

El magistrado instructor de esta causa, José Flors, dictó la semana pasada un auto en el que acordaba la apertura de juicio oral contra el ya expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps; el exvicepresidente del Consell, Víctor Campos; el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo y actual jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret; y el ex número dos del PPCV, Ricardo Costa. En este mismo escrito, contra el que no cabía recurso, ordenaba emplazar a las partes a comparecer ante la Sala en el plazo de 15 días y a pagar una fianza para asegurar responsabilidades.

Las fianzas fijadas por el magistrado equivalen a la multa solicitada por el ministerio fiscal y un tercio más, es decir, de 55.000 euros para Camps, Costa y Betoret -Fiscalía les requiere 41.250 euros de multa-; y de 46.666 para Campos -el ministerio le pide 35.000-.

Tras este paso, ahora tiene que ser el magistrado Juan Climent, que presidirá el tribunal del jurado encargado de juzgar a los cuatro imputados -previsiblemente en el mes de octubre-, el que dicte una o varias providencias en las que, por un lado, fije el plazo de depósito de la fianza y, por otro, otorgue a las partes el plazo de 15 días para pedir más diligencias.

En cuanto a la fianza, según indicaron las mismas fuentes, se trata de un requerimiento "personal" pero no es necesario que los imputados acudan directamente al tribunal para hacerla efectiva, ya que pueden hacer un ingreso en cuenta o, por ejemplo, dar poderes a su abogado para que entregue unas escrituras que den cobertura a esa fianza. No obstante, Climent podría acordar que los imputados se presentaran directamente ante el tribunal.

Respecto al plazo de 15 días -denominado cuestiones previas-, según recoge el artículo 36 de la Ley del Jurado, las partes podrán en este tiempo alegar lo que estimen oportuno sobre la competencia o inadecuación del procedimiento; alegar vulneración de algún derecho fundamental; interesar la ampliación del juicio a otros hechos inadmitidos por el juez instructor; pedir la exclusión de algún hecho; o impugnar medios de prueba propuestos por las demás partes y proponer otros nuevos. Así, a lo largo de estos días, el PSPV podría solicitar que se imputara a los acusados un delito de cohecho propio, tal y como ha mantenido a lo largo de la instrucción.

Climent estudiará las posibles peticiones y nuevas diligencias y tras ello dictará un 'auto de hechos justiciables' en el que precisará qué es lo que se va a juzgar; el delito o delitos que dichos hechos constituyan; resolverá sobre la procedencia de los medios de prueba propuestos por las partes; y también señalará día para la vista del juicio oral.

HABRÁ JUICIO

Los cuatro procesados en esta causa irán a juicio después de que Francisco Camps haya presentado esta semana por escrito su renuncia a conformarse con el delito que se le imputa. Para evitarlos, los cuatro debían reconocer su culpabilidad y pagar la multa más alta -en este caso, la del PSPV-, pero al final no ha sido posible.

Inicialmente, las partes habían pactado conformarse, y por este motivo Campos y Betoret acudieron en la mañana del miércoles al TSJCV a reconocer los hechos. Se esperaba que posteriormente lo hicieran Costa y Camps, quienes finalmente no se presentaron. De hecho, este último avisó para decir que se dirigía al tribunal, y media hora más tarde cambió de opinión y volvió a llamar para comunicar que finalmente no iba a ir.

Tres horas más tarde, el ya ex jefe del Consell convocó a los medios de comunicación para anunciar su dimisión con el objetivo de poder defender su inocencia en esta causa y para no perjudicar al presidente del PP, Mariano Rajoy, de cara a las elecciones generales. Según parece, el expresidente adoptó esta decisión ante la presión ejercida por su familia y debido a las dudas sobre el apoyo de Rajoy.