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VALENCIA (EP). El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, se sentará finalmente en el banquillo de los acusados después de que el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) José Flors haya dado por concluida la conocida como 'causa de los trajes' derivada del 'caso Gürtel' tras casi dos años y medio de instrucción. Este procedimiento ha pasado por la Audiencia Nacional, el TSJM, el Tribunal Supremo y el tribunal valenciano, donde las partes han llegado a presentar hasta 90 recursos.

La causa dio comienzo por decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien abrió las diligencias previas 275/2008 para investigar una supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP y liderada por Francisco Correa.

En el caso de la Comunitat, en febrero de 2009, funcionarios de Justicia reclamaron en la Conselleria de Turisme los contratos adjudicados para el stand de Fitur a la empresa Orange Market, vinculada a la trama y la Policía detuvo en Valencia a su responsable Álvaro Pérez, alias 'El Bigotes', relacionado con Correa y que había trabajado en la organización de actos del PPCV. Quedó en libertad imputado en la causa.

Fue en ese mismo mes cuando se publicaron por primera vez informaciones que vinculaban a Camps con la investigación de esta trama por el regalo de varios trajes por parte de las empresas implicadas. La Fiscalía Anticorrupción le implicó por la frase de un imputado que aludía al pago en trajes para él.

El jefe del Consell desmintió en ese momento "indignado" la relación y anunció que iba a emprender todas las acciones legales en defensa de su honor, del PP y del cargo que representaba. Sin embargo, se filtraron conversaciones telefónicas grabadas por la Policía entre Álvaro Pérez y Camps, donde el presidente de la Generalitat se refería al responsable de Orange Market como 'amiguito del alma'.

En el mes de marzo, Garzón se inhibió en parte de la investigación en favor del TSJCV al encontrar indicios de responsabilidad penal en Camps y en el ex secretario general del PPCV y diputado 'popular', Ricardo Costa. Además, implicó al ex secretario general de Organización del partido y exvicepresidente, Víctor Campos, y al ex jefe de Gabinete de la Consellería de Turisme, Rafael Betoret.

La sala de lo civil y penal del TSJCV se declaró el 21 de abril de 2009 competente para asumir la investigación, en la que el instructor sería el magistrado José Flors. Una semana antes, la Fiscalía Anticorrupción había solicitado al alto tribunal valenciano que tomara declaración a Camps y a Costa.

TURNO DE DECLARACIONES

Las declaraciones de los cuatro imputados por un presunto delito que se concretó en cohecho pasivo impropio fueron el 19 de mayo -con Campos y Costa- y el día 20, cuando Camps compareció durante 45 minutos ante el instructor, tras llegar al Palacio de Justicia acompañado de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y de los que entonces eran sus tres vicepresidentes: Vicente Rambla, Gerardo Camps y Juan Cotino. A las puertas, centenares de personas le mostraron su apoyo.

A la salida explicó a los medios de comunicación que estaba "muy satisfecho y contento" y que esperaba que todo fuera "lo más rápido y mejor posible". En la sala, aseguró que nunca pedía tickets de sus adquisiciones y que siempre paga en efectivo. Negó mantener alguna relación con Pérez y atribuyó su contacto a cuestión "de partido".

La versión del sastre de Milano, José Tomás, que declaró al día siguiente, fue radicalmente distinta: afirmó que "todos" los trajes que adquirió Camps los pagó el número dos del empresario Francisco Correa y administrador único de Orange Market, Pablo Crespo.

Durante el procedimiento, también prestaron declaración 35 altos cargos y funcionarios de la Generalitat, los contables y empleados de Forever Young y Milano, firmas donde supuestamente se confeccionaron los trajes a medida para los imputados.

En junio del mismo año, el TSJCV rechazó ampliar la investigación a Camps más allá del delito de cohecho impropio, y posteriormente Flors fijó una audiencia preliminar --según la ley del Jurado-- al haber encontrado suficientes indicios racionales de delito contra los cuatro imputados en Valencia.

Sin embargo, la Sala, tras estudiar los recursos interpuestos contra esta decisión, acordó, con el voto de dos de los tres magistrados que la componían, el sobreseimiento libre de la causa abierta por un delito de cohecho pasivo. Fiscalía y el PSPV --personado como acción popular-- recurrieron esta decisión ante el Tribunal Supremo, que en mayo de 2010 acordó reabrirla. En concreto, el alto tribunal ordenaba el reenvío de las actuaciones a Flors para que continuara su tramitación.

ESCRITOS DE CALIFICACIÓN

En su nueva etapa en Valencia, las partes presentaron sus escritos de calificación. La Fiscalía Anticorrupción pide una multa de 41.250 euros para Camps, igual condena que reclama para Costa y Betoret, mientras que solicita 35.000 euros para Víctor Campos. El PSPV eleva la petición hasta los tres años de prisión y ocho de inhabilitación, aunque también contempla tres escenarios alternativos para los cuatro imputados que incluyen multa o inhabilitación.

Los letrados de los acusados piden el sobreseimiento de las actuaciones al negar que sus clientes hubieran recibido algún regalo. En el último acto procesal previo a la decisión de apertura del juicio, la conocida como 'vistilla', la defensa alegó que en el hipotético caso de que Camps hubiera recibido los trajes como regalo, un extremo siempre negado por el jefe del Consell, habría sido como cargo del PP.

Fiscalía y PSPV pidieron que se abriera juicio contra los cuatro imputados por un delito de cohecho pasivo impropio, mientras que las defensas solicitaron el sobreseimiento de la causa. Hoy Flors ha decidido abrir juicio.

COSTA, LUNA

En estos dos años y medio de investigación, la dirección del PP decidió destituir a Ricardo Costa como secretario general del PPCV después de unas declaraciones que realizó en las Corts Valencianes en las que aseguraba que continuaba en el cargo, pese a que ya se le había dado por suspendido por su "actitud" en relación con este caso.

En este tiempo, el PP en las Corts propició una investigación contra el entonces portavoz socialista en la Cámara, Ángel Luna, por exhibir un informe de la Policía bajo secreto de sumario desde la tribuna de oradores del hemiciclo valenciano. Tras la apertura de juicio oral contra Luna, acusado de un delito de encubrimiento, el TSJCV decidió absolverle.

Asimismo, el abogado José Luis Mazón interpuso una queja contra el TS después de que el CGPJ archivara su denuncia contra el ex presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, por no abstenerse en la resolución que sobreseyó inicialmente la trama valenciana del 'caso Gürtel'. El Alto Tribunal también archivó la pretendida sanción disciplinaria al no estimar "circunstancias subjetivas de temeridad".