13/07/2011 Govern Obert intentó ejercer su derecho de acceso a la información pública al solicitar a través del registro de entrada de la Generalitat información detallada sobre el coste y procedimientos de contratación de dos campañas de publicidad institucional

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VALENCIA (EP). El Síndic de Greuges ha admitido a trámite la queja presentada por Govern Obert por considerar que se había vulnerado el derecho de acceso a la información pública, reconocido en el artículo 105 de la Constitución Española, según ha informado este martes la plataforma cívica en un comunicado.

Govern Obert intentó ejercer su derecho de acceso a la información pública el pasado 11 de marzo al solicitar a través del registro de entrada de la Generalitat valenciana información detallada sobre el coste y los procedimientos de contratación de dos campañas de publicidad institucional.

Al cabo de tres meses sin haber recibido la información solicitada, se presentó una queja al Síndic de Greuges al considerar que se había vulnerado el derecho de acceso a la información pública. Han pasado cuatro meses desde entonces y Govern Obert sigue sin recibir la información que solicitó.

Ahora, el Síndic de Greuges ha informado de que ha admitido a trámite la queja presentada, que ha remitido de oficio a la Conselleria de Sanitat, conforme establece el artículo 18.1 de la ley 11/1998 de 26 de diciembre del Síndic de Greuges.

Según esta norma, "admitida la queja, el Síndic promoverá la oportuna investigación sumaria e informal, para el esclarecimiento de los presupuestos de la misma. En todo caso dará cuenta sustancial de la reclamación al organismo o a la dependencia administrativa procedente con el fin de que por su jefe, en el plazo máximo de quince días, se remita informe escrito. Tal plazo será ampliable cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen".

Govern Obert ha defendido el acceso a la información que poseen las instituciones públicas porque "es un derecho de todas las personas" y se suma a la demanda de la Coalición Pro Acceso para que la futura Ley de Transparencia cumpla nueve principios.

Entre ellos, el derecho a la información, el derecho de acceso para que se aplique a todas las entidades públicas, que las solicitudes se realicen de forma "sencilla, rápida y gratuita", que el secreto y la denegación de la información sean la excepción, que toda persona tenga el derecho de recurrir las denegaciones de acceso, que las entidades públicas, a iniciativa propia, pongan a disposición del público información sobre sus funciones y gastos sin que sea necesario realizar una solicitud.

"Ni el borrador que se filtró al año pasado sobre la Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública que prepara el gobierno, y que ha anunciado aprobará en las próximas semanas, ni la Proposición de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, presentada el 28 de junio por el Partido Popular, cumplen con estos principios", ha recalcado Govern Obert.

A su juicio, "es necesaria una ley de transparencia que cumpla esos nueve principios, para garantizar el derecho a acceder a la información pública. Garantizar este derecho es contar con el mejor instrumento para evitar la corrupción y encaminarnos hacia una sociedad del conocimiento: informada y formada, imprescindible para lograr una democracia más participativa".