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MADRID (EFECOM). Unos 900.000 jóvenes en paro no reúnen las condiciones ni para incorporarse al mercado laboral ni para acceder a formación profesional, ya que tampoco disponen de las "herramientas básicas" para desenvolverse en el aprendizaje, según la secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez.

En una entrevista, Rodríguez, repasa la situación del desempleo juvenil y se refiere también a la polémica sobre el contrato único y al fraude en las prestaciones por desempleo.

La secretaria de Estado explica que una buena parte de los jóvenes en situación de desempleo son los "hijos del modelo económico que acabamos de vivir", basado en la construcción.

Es decir, chicos que con 16 años abandonaban de forma prematura el colegio porque había mucho trabajo, y con salarios "razonables".

Hoy, esos jóvenes en su mayoría entre 21 y 30 años se encuentran sin trabajo "y lo que es peor, sin muchas posibilidades de volver a tenerlo" porque no tienen el título de educación secundaria obligatoria.

Este es uno de los asuntos que se abordarán la semana próxima en la mesa tripartita del empleo, en la que participan también empresarios y sindicatos.

Aunque Rodríguez no especificó la fecha de la reunión, dijo que el Ejecutivo "presentará sus propuestas por escrito antes de la semana que viene".

Para el Gobierno, el paro juvenil es un problema "de país" y requiere medidas diferentes según las distintas situaciones de los jóvenes.

Así, para aquellos que no tienen la educación secundaria obligatoria y que han acabado la escolaridad, las medidas más adecuadas no serían tanto canalizarlos hacia el mundo laboral sino devolverlos al sistema educativo, porque la economía va a crecer por unos empleos que exigirán cualificación intermedia o superior.

"Hay que pensar en estímulos que hagan más atractiva la vuelta a la formación" a través de fórmulas diferentes, subrayó, aunque eludió aclarar si eran de carácter económico.

En este sentido, se refirió al modelo "alemán" o "modelo dual" que combina formación y contrato de trabajo, y que el Gobierno está dispuesto a discutir.

El Ejecutivo estaría dispuesto a poner dicho modelo en la agenda política "siempre que sepamos qué es, cómo se articula, y que necesita un gran pacto de Estado y la implicación de todos", subrayó Rodríguez.

Además, hay otro grupo de jóvenes en paro, el 13 % del total, que sí tienen una elevada cualificación, pero no encuentran trabajo por falta de experiencia, para ellos, -dijo-, se requieren medidas "que mejoren el acercamiento a la empresa".

Con respecto a la propuesta de los sindicatos, de reservar el 2 % de la plantilla para los jóvenes, Rodríguez dijo que espera "verla sobre la mesa" para conocer cómo se articularía.

Sobre el contrato único, Rodríguez dijo que quien avala el contrato único piensa más en rebajar las indemnizaciones por despido que en acabar con la segmentación del mercado de trabajo.

El contrato único, -señaló- es una "construcción académica" que no está probada en la realidad, que se "adapta mal" a economías cíclicas como la española y, además, tiene problemas de "encaje constitucional".

Al respecto, explicó que según la Constitución, la extinción del contrato siempre debe ser causal y en la formulación académica del contrato único "no hay causa y cuando se extingue se acaba".

Sobre el balance de la reforma laboral, indicó que, desde su entrada en vigor en julio de 2010, se han firmado casi 300.000 contratos de fomento, un crecimiento del 31 %, respecto al año anterior y, de ellos, las conversiones de temporales a fijos se han multiplicado por seis.

También se han suscrito casi 68.000 contratos de formación, un aumento en torno al 17 %, y más de 50.000 de prácticas, una subida del 16 %, señaló.

Sobre las irregularidades en las prestaciones de desempleo, Rodríguez precisó en el año 2010 se saldaron con 268.000 sanciones de retirada de las ayudas durante periodos entre uno y tres meses, o de manera permanente en los casos más graves.

También el año pasado, según detalló la secretaria de Estado de Empleo la labor inspectora contra el empleo sumergido permitió recaudar mil millones de euros, tras detectar 117.000 infracciones.