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MADRID (EFECOM). El PSOE ha presentado 36 enmiendas al proyecto para reformar la Ley Concursal, la que rige los procesos de insolvencia de empresas y particulares, que se centran en que estos procedimientos estén supervisados en todo caso por un único administrador nombrado judicialmente, en vez de los tres actuales.

El PSOE propone el nombramiento de un único administrador concursal "para rebajar costes", aunque se establece la posibilidad de que el juez que gestiona el concurso de acreedores pueda nombrar un auxiliar delegado.

Ese nombramiento adicional será obligatorio en el caso de empresas de gran dimensión, aquellas con establecimientos dispersos por el territorio, en el caso de insolvencias de empresas conexas o en aquellos supuestos en los que el administrador concursal pida una prórroga para emitir su informe sobre la situación patrimonial de la compañía.

La reforma de la Ley Concursal que el Consejo de Ministros remitió al Congreso de los Diputados el pasado mes de marzo trataba de impulsar el nombramiento de un único administrador concursal en el caso de que ese puesto lo desempeñara una sociedad (por ejemplo, un despacho de abogados).

Para el resto de los casos, mantenía el actual régimen, que obliga a nombrar en el caso de empresas con más de 10 millones de deudas a un abogado, a un economista y a un tercer profesional que represente a los acreedores.

Las enmiendas del PSOE también buscan modificar el régimen de incompatibilidades de estos profesionales, eliminando el artículo que vetaba el nombramiento en un mismo concurso de aquellos que estuvieran "entre sí vinculados personal o profesionalmente".

Entre otras novedades, el proyecto de ley que reforma la Ley Concursal permitirá que la banca pueda imponer acuerdos de refinanciación de deudas y favorecerá la aportación de liquidez a empresas en dificultades, con el objetivo de frenar los concursos de acreedores.

El proyecto no ha modificado sin embargo la regulación de los concursos de acreedores de particulares, pese a las recomendaciones que hizo oficialmente en febrero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las peticiones de numerosos expertos.