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VALENCIA. Si alguien pensó hace un par de semanas que el aval de la justicia europea a la Ley Urbanísitica Valenciana (LUV) iba a espantar todos los fantasmas que siguen atenazando al sector inmobiliario, las noticias de los últimos días no le habrán ayudado precisamente a mantener ese optimismo.

Inmobiliarias y constructoras del calibre de la antigua Sedesa, Blauverd, Grupo Santa Ana, BM3 o filiales de los grupos Selma y Franjuán, por poner ejemplos conocidos, se han sumado a la larguísima lista de empresas con problemas. Y algunas, como los casos de Ezentis Infraestructuras (Sedesa) y Blauverd, son el ejemplo de lo que está ocurriendo en los últimos meses en el sector. A los bancos ya no les encaja una tercera renegociación de la deuda.

Desde que estalló la burbuja inmobiliaria, se han sucedido distintas etapas. Hubo grupos que cayeron de inmediato en la suspensión de pagos. Fue el caso de Llanera. Otros lograron participar en la primera ronda de refinanciación de sus pasivos. Los bancos aún no intuían lo que se les venía encima con la quiebra de Lehman Brothers un tiempo después.

Mientras tanto, caían gigantes como Martinsa Fadesa o otras menos grandes como la alicantina Omega Urbacivil (ahora en liquidación). Pero sobre la campana del crack crediticio, muchos lograron renegociar por segunda vez su deuda. Aún tenían activos de cierto valor que aportar como garantía y los bancos algo de dinero disponible. Lubasa, por ejemplo, logró refinanciar casi en el último segundo una deuda de 1.000 millones de euros. Otras, como Quabit, la antigua Astroc, también consiguió reordenar y aplazar el pago de su pasivo. Sedesa y Blauverd, también.

Pero precisamente el presidente de Quabit, Félix Abánades, que ha pasado graves apuros para evitar, de momento, suspender pagos en su empresa de siempre, Rayet, hizo una advertencia hace un par de años: "Si en tres años estos no cambia, lo vamos a tener mal. Nosotros y los bancos".

Y es lo que está ocurriendo. El ladrillo sigue sin despegar. Las promotoras y constructoras están, cuando no incumpliendo los ratios que las entidades financieras les marcaron en el último acuerdo (lo que les obligaría a amortizar de golpe todo el capital), afrontando la realidad de que no hay negocio. Y sin negocio, no hay ingresos con los que pagar los intereses ni el capital.

El proceso de entregar activos para cancelar pagos tiene un límite para unos bancos y cajas que lo que necesitan es dinero, inmersos como están en un proceso de reestructuración. Eso al margen de que el ladrillo es el lastre que ni el Banco de España ni los grandes inversores instituciones quiere ver en los balances del sistema financiero español.

La solución, a concurso. Es lo que ha hecho Blauverd (a través de su cabecera Vent del Maresme). Ezentis Infraestructuras de momento ha optado por la posibilidad que se abrió con la reforma de la Ley Concursal. El preconcurso, figura que usó con éxito por ejemplo Juan Bautista Soler, permite negociar durante cuatro meses con amparo judicial, evitando en lo posible llegar a los en muchos casos eternos procesos concursales.

Otras, como BM3, especializada en obra pública, no ha aguantado la falta de licitación y de pago por parte de las administraciones públicas. Intentó el preconcurso, pero la imposibilidad de saber cuándo va a cobrar de sus clientes principales (especialmente los gobiernos autonómicos de la Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha), impidió ofrecer un plan de viabilidad a los bancos. A concurso con un pasivo de 100 millones, una cifra que hace unos años se hubiera considerado casi ridícula.

Consorcio de Promoción y Vivienda de Alicante, la principal filial del grupo Santa Ana (propiedad de Juan Antonio Iniesta, expresidente del Alicante CF, club en peligro de desaparecer) también había participado en los procesos de refinanciación de 2009. Pero hace unas semanas no le quedó más remedio que acudir a los juzgados. En sus últimas cuentas tiene una deuda con los bancos de 283 millones.

El último susto en el sector inmobiliario valenciano lo ha dado Nou Temple. La promotora, que ya estuvo en concurso y logró firmar un convenio de acreedores, amenazó la semana pasada con incumplirlo ante la negativa de Banco Caja Castilla-La Mancha de financiarle el final de la construcción de dos urbanizaciones. No llega al millón de euros lo que asegura Nou Temple que necesita para acabar y entregar las viviendas, algunas de ellas vendidas.

Son casos de compañías conocidas que demuestran lo lejos que queda la vuelta a la normalidad (y no digamos a la edad de oro del ladrillo español) de un sector que, pese a todo, sigue siendo el más importante de la economía valenciana, según datos de KPMG.

Precisamente por su inmenso tamaño, la crisis de unos arrastra a otros. Leer cada mañana el Boletín Oficial del Estado, en el apartado de administración de justicia, es enfrentarse a una cascada de suspensiones de pagos y liquidaciones de empresas tanto constructoras y promotoras como vinculadas. Compañías de materiales de construcción (como las hormigoneras de la constructora Franjuán, que también está en concurso), empresas de transporte, como Etrans, dedicada a trasladar áridos y cementos a las obras, o incluso firmas como Sakyser, que envasa esos materiales, viven pendientes de los administradores concursales.

Pero hay más: empresas de suministros de fontanería, madera, hierros y aceros, muebles, tapicería... En las tres últimas semanas, un repaso somero al BOE deja más de 20 empresas (muchas desconocidas para el gran público, otras pequeños imperios comarcales, como el grupo Selma de Segorbe, Moya Cons de La Ribera, o Inversiones Bononat de Benidorm) en manos de los juzgados. La lista se completa con muchas compañías que están en procesos de liquidación. Otras esperan a la junta de acreedores para aprobar el convenio. Otras no tienen ni propuesta de convenio, con lo que su futuro es nulo.

Y de cuando en cuando aparecen aquellas sociedades que presentaron grandes proyectos de urbanizaciones con golf, como Costa Malvarrosa, que planteó en 2004 un PAI en Xilxes (Castellón). A concurso, en el mejor de los casos.

Desde los juzgados mercantiles de Valencia se asegura que los primeros convenios de acreedores que se firmaron están funcionando. Entonces los bancos, menos apurados, se quedaron muchos activos casi en pago por dación. "Lo que está llegando ahora es, en muchos casos, insalvable", afirman desde las salas encargadas de llevar estos procesos.

Lo está por venir no parece muy halagüeño, al manos a corto plazo. Los concursos están afectando cada vez a empresas más pequeñas, ahogadas por los impagos de las más grandes. Es un efecto dominó que alcanza también a las personas. De hecho, el número de ciudadanos que se declaran en concurso es cada vez más elevado. Estos días, por ejemplo, cinco miembros de una misma familia de Carlet (Valencia) se declararon en suspensión de pagos a título personal.

La reestructuración del sector financiero, obligado a mejorar su solvencia, ha agravado la falta de crédito tanto a las empresas como a los particulares que quisieran comprarse una casa. Sin demanda, no hay negocio. Y más con el añadido de un parque de vivienda sobredimensionado que, según los expertos, aún se tardará en digerir.