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VALENCIA. La decisión de la Generalitat Valenciana de concentrar en el complejo Ciudad Ros Casares a parte de los funcionarios que ahora ocupan distintos edificios alquilados en la ciudad de Valencia va a tener un efecto colateral en el mercado inmobiliario.
El edificio histórico de Valenciana de Cementos, situado en la confluencia de las calles Colón y Jorge Juan, se va a convertir en objeto de deseo de distintas compañías que buscan instalar su sede social en un punto emblemático de la ciudad de Valencia.
El inmueble, propiedad de Porcelanosa que lo compró en 1994, tiene los bajos comerciales (con entresuelo incluido) ocupados por dos tiendas: Cortefiel y Hoss (hasta hace unos meses estaba Emporio Armani). Las plantas superiores están ocupadas por dependencias de la Generalitat Valenciana, que alquilaba estas oficinas para distintos departamentos de la administración autonómica.
La Generalitat ha llegado a un acuerdo con Ciudad Ros Casares -un complejo terciario situado en término municipal de Xirivella, aunque está anejo a la zona industrial de Vara de Quart de Valencia- para ocupar durante los próximos siete años estas instalaciones, concentrándose allí varios departamentos ahora distribuidos en distintos inmuebles de la ciudad, entre ellos los ubicados en el edificio de Valenciana de Cementos y también a parte de los funcionarios de la Agencia Valenciana del Turismo (supuestamente los que ahora ocupan dos plantas del Edificio Europa, en la avenida de Aragón).
El traslado de los funcionarios al nuevo centro de trabajo ha sido criticado por el sindicato CSI·F por el cambio en las condiciones laborales que se imponen a los empleados públicos.
Hay otros que ven oportunidades en este movimiento. Según explicaron fuentes de BNP Paraibas Real Estate a ValenciaPlaza.com, el edificio de Colón que ahora queda libre es un espacio interesante para empresas que buscan una ubicación relevante en la ciudad.
"Tenemos al menos dos clientes, uno extranjero y otro nacional, que buscan un espacio para sus oficinas centrales en un emplazamiento emblemático y céntrico en Valencia", explicaron desde la comercializadora inmobiliaria.
El espacio que deja libre el traslado de los departamentos autonómicos de Modernización y de Patrimonio (unos 100 empleados) tiene una ventaja: están distribuidos para ser ocupados por una única empresa. "Ese es el valor que tiene el emplazamiento, frente a desventajas como un acceso poco atractivo", según señalaron las mismas fuentes.
La Generalitat tiene previsto trasladar a buena parte de sus empleados al centro administrativo bautizado como 9 d'Octubre y que está acabándose de construir sobre la antigua cárcel modelo de Valencia. Sin emabrgo, en este espacio no cabrán todos los funcionarios. La intención del gobierno autonómico es dejar tantos espacios alquilados como sea posible y, en el caso de no poder concentrar a los trabajadores en un inmueble propio, dejar alquileres de alta renta como los que paga en oficinas como las de la calle Colón.
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