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VALENCIA (JORDI FERRER). El máximo responsable de este sindicato en la Comunitat Valenciana, Daniel Matoses, no tiene reparos en reconocer la conveniencia de nuevos mecanismos que den flexibilidad al grueso de trabajadores de la función pública, para que se puedan llevar a cabo reubicaciones "razonables" de personal en función de las necesidades del momento y la coyuntura económica.

"Los empleados públicos deberíamos ser más generosos y realistas en estas cuestiones para permitir que se puedan llevar a cabo reubicaciones razonables de personal, siempre y cuando no implicasen cambios de localidad. Deberíamos ser menos dogmáticos e inflexibles, ya que la administración está al servicio de los ciudadanos".

 "Creo que sería razonable que se pudiese trasladar al personal de uno a otro servicio en función de lo que fuese necesario. Imagino que el Servef y el INEM andarán escasos de personal desde hace muchos meses, por poner un ejemplo. Los sindicatos somos demasiado exigentes en que no se toque a nadie si no se quiere ir, y quizá deberíamos replantearnos esta postura desde la honestidad. Soy consciente de que estas afirmaciones me pueden restar algunos votos, pero creo que es un ejercicio de autocrítica necesario", añade Matoses, quien sin embargo se muestra radicalmente en contra de los recortes salariales anunciados por el presidente del Gobierno y que afectarán a unos 230.000 empleados públicos en toda la Comunitat.

CONTRA LA EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS

En referencia a la cada vez mayor externalización de servicios practicada por buena parte de las Administraciones en ámbitos como el urbanismo, la sanidad o la gestión turística , asegura que "es cierto que da agilidad a procesos como la contratación de personal", si bien se muestra en desacuerdo con esta práctica.

"Todo lo publico ha de estar gestionado por personal público y ajustado a la ley de contratos del Estado. Se debe cumplir los principios constitucionales de igualdad y méritos para garantizar el acceso al empleo público y el control e intervención. Creo que la externalización no es lo más conveniente a la hora de dar un buen servicio a los ciudadanos".

Por otra parte, reclama una profesionalización de la función pública. "El Estado ha de tener la dimensión necesaria para mantener la sociedad del bienestar. Entendemos que hay que actualizar y profesionalizar la función pública para que no esté sometida a los vaivenes políticos. Que los políticos se dediquen a legislar con objetividad y que la aplicación de las leyes la dejen a los profesionales, que son los empleados públicos".

"En términos generales, el número de empleados públicos en España no es excesivo, aunque es cierto que pueda estar descompensado en función de las necesidades de un momento u otro. Quizá es en los ayuntamientos donde están ‘colocadas' más personas, ya que el acceso a la función pública a la Administración central o autonómica suele ser muy riguroso", agrega Matoses.

En el caso de los funcionarios valencianos, el presidente de CSIF considera que "su número y estructura son razonablemente buenos", si bien insiste en que percibe "cierta acomodación y falta de iniciativas valientes en una situación como la actual".

Asimismo, también se muestra crítico con la reducción de la oferta pública de empleo anunciada por el Gobierno central para este mismo año. "Entiendo que si las necesidades no se cubren, si hay bajas y no se repone a los trabajadores, se irá desvirtuando progresivamente la imagen del sector público y sus trabajadores. Además, quienes tengan que hacer frente a toda la carga de trabajo van a recibir mucha presión".

CRÍTICAS AL PAVACE

En opinión de Daniel Matoses, el diálogo social en la Comunitat, concretamente el que se produce en el marco del Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo, se ha desviado de su cometido original.

Cabe recordar que en estos momentos el sindicato CSIF no forma parte del Pavace (sólo UGT y CCOO, además de la patronal Cierval), contrariamente a lo que sería su deseo.

"El Pavace debería ser un instrumento legal creado por el Gobierno valenciano y los sindicatos mayoritarios para incentivar el empleo de calidad a través de la formación, en lugar de una herramienta de apaciguamiento y financiación para las organizaciones que lo componen. Hemos denunciado en varias ocasiones que este sistema de acuerdos no está contemplado en ninguna ley, y en algunos casos conculca lo establecido legalmente. Resulta vergonzoso que en la mayoría de ocasiones los acuerdos llegan a las mesas de negociación sólo para ser ratificados porque ya se han pactado en el Pavace", subraya Matoses.

"Nos gustaría aportar ideas novedosas, imaginativas y valientes para crear más empleo, pero quienes componen el Pavace no quieren repartir el pastel. Además, creo que quizá tenemos una idea equivocada en torno a la innovación, puesto que los sectores más avanzados tecnológicamente no son precisamente intensivos en mano de obra. Lo que nos hace falta es ser más competitivos, adaptar nuestras empresas al mercado global, ser realistas y buscar el fortalecimiento de nuestra economía tradicional", afirma.

"Estamos perdiendo mucho tiempo pensando en la reforma laboral. Sólo se habla de despido cuando todavía no hemos dejado de incrementar las cifras del paro. Hemos de darnos cuenta de que los trabajadores que pueden recibir indemnizaciones por despido son cada vez menos, la gran mayoría tiene contrato temporal", señala.

TERCERA FUERZA SINDICAL

En la última década el sindicato CSIF ha triplicado su afiliación en la Comunitat Valenciana hasta alcanzar los 18.600 socios (en los últimos dos años el crecimiento ha sido del 25%), con lo que se ha transformado en la tercera fuerza sindical (en la Comunitat y en España).

Actualmente tiene una representación especialmente significativa en el sector público, concretamente en la administración de Justicia, Sanidad (pública y privada), Construcción, ayuntamientos y determinadas secciones de la función pública como el Registro de la Propiedad.

La dirección de CSIF en la Comunitat ha convocado una manifestación frente a la Delegación del Gobierno el próximo 25 de mayo contra el recorte salarial anunciado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y probablemente secundarán otras iniciativas como una huelga general.