VALENCIA (EP). El presidente Hortofrutícola de las Cooperativas Agroalimentarias de la Comunitat, Cirilo Arnandis, ha asegurado este martes que la crisis de los pepinos afectará directamente a unas 20.000 familias que confiaban en percibir sus ingresos generados por el empleo de más de un millón de jornales en campo y almacén.
En un comunicado, Arnandis ha señalado que las consecuencias de la alarma alimentaria provocada en Alemania por el brote de 'E. coli', atribuido a una partida de pepinos procedentes del mercado español, "amenaza con arrasar entorno a los 300 millones de euros a que ascienden las cosechas de las cooperativas valencianas de frutas de verano y verduras".
En este sentido, Cirilo Arnandis ha denunciado "la incompetencia de la Unión Europea cuyo modo de proceder ha generado confusión y ha agravado la alarma social".
"En estos momentos estamos obligados a exigir contraprestaciones económicas por la envergadura de los daños provocados en el mercado y en la imagen del sector, además de adoptar medidas que eviten reiterar un episodio tan lamentable como el que estamos afrontando", ha manifestado.
En su opinión, resulta "fundamental" que la Unión Europea "se dote de los instrumentos necesarios para garantizar en cualquier otro momento la identificación de la causa de una alarma alimentaria con prontitud, transparencia y fiabilidad".
"CUANTIOSOS DAÑOS DIRECTOS"
Arnandis considera que "más allá de los cuantiosos daños directos en la comercialización de las producciones ofertadas en este instante, no tiene cuantificación posible el daño producido a la imagen de un sector como las frutas y verduras valencianas que se caracterizan por su imagen, profesionalidad, trazabilidad y seguridad alimentaria".
De hecho, ha agregado, "la imagen de nuestras producciones es un valor intangible obtenido con el esfuerzo y el saber hacer de numerosas generaciones que han tenido en la agricultura su modo de generar empleo y riqueza a la economía valenciana".
A su juicio, "contra la celeridad manifestada por el sector productor que, en aplicación de la trazabilidad normativa exigida, fue capaz en un muy breve plazo de tiempo de localizar la partida y el proceso de las producciones imputadas, contrasta la lentitud por parte de las autoridades europeas en ofrecer de forma exacta e inequívoca las causas que han provocado problemas sanitarios".
"Esta situación ha provocado indefensión del agricultor cuyo esfuerzo, sacrificio y contribución socio-económica con nuestras poblaciones no le hace ser merecedor de semejante linchamiento internacional", ha concluido.
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