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LONDRES. Cualquiera habría apostado a que la Cámara de los Comunes no iba a claudicar cuando en febrero de 2008 respondió que era "intrusiva e ilegal" aquella demanda, la primera petición judicial en firme para que el parlamento de Westminster revelase los detalles de las dietas recibidas por las señoras y señores diputados. Tenían razón a medias.

Hoy, los escaños del que ya se conoce como "el Parlamento podrido de 2005" han asistido a cinco dimisiones del que fuera el gabinete laborista en Downing Street y una del actual gobierno de coalición entre conservadores y liberal-demócratas, junto a siete diputados laboristas que se han retirado, a seis más del Partido Conservador y cinco miembros de la Cámara pseudosenatorial de los Lores. La lista no se ha cerrado todavía, ni tampoco las investigaciones de Scotland Yard, la policía metropolitana.

Otros no han tenido la fortuna de salir, con la manos vacías pero libres, por la puerta trasera del palacio cuya solemne silueta gótica tiembla sobre el río Támesis.

Esta semana, mientras el laborista David Chaytor salía de prisión tras haber cumplido la mitad de una condena de nueve meses por haber estafado al contribuyente británico 22.000 libras, entraba a la cárcel el "parlamentario de mayor rango hasta el momento que ha acabado su trayectoria en la política del Reino Unido como recluso", en expresión del diario progresista The Guardian: Elliot Morley, exministro de Medio Ambiente bajo el lideraje de Tony Blair, ha sido sentenciado a un año y cuatro meses por haber reclamado entre 2004 y 2007 el pago de cerca de 31.000 libras en intereses hipotecarios sobre una supuesta segunda residencia, necesaria para su estancia en Londres y su labor en Whitehall.

Era mentira. De hecho, si hubiera observado las reglas de la casa, le habrían correspondido exactamente 1.572 libras, no las 15.200 que se llevó al bolsillo ni, menos todavía, las 16.800 que continuó defraudando cuando el crédito hipotecario se había pagado ya por completo. Que Morley devolviera las cantidades trampeadas no le ha servido de nada: ni a él, ni a Chaytor, ni a dos laboristas más, que quedarán entre rejas como así lo requieren los tribunales que han emitido el veredicto de culpable.

UN DELITO ES UN DELITO

No obstante, desde 2009 -y cabe recordar que en mayo de ese año, el diario The Daily Telegraph comienza a publicar su exitosa serie de reportajes sobre la trama de abusos en el departamento de dietas de Westminster-, los miembros del parlamento han devuelto voluntariamente más de medio millón de libras.

Bajo anonimato, uno de los gerentes del periódico ha explicado a ValenciaPlaza.com la causa por la que sus editores se atrevieron a lanzar la mayor campaña por la transparencia política a que nunca antes se había sometido a la Cámara de los Comunes: "Sin nuestros casi 700.000 ejemplares en papel y los dos millones de lectores en internet, no podríamos haber resistido las presiones para enterrar los resultados de nuestra investigación periodística".

La Cámara de los Comunes, en efecto, encargó al propio cuerpo de detectives de Scotland Yard que descubriera la fuente de las filtraciones a The Daily Telegraph. Scotland Yard rehusó la misión, argumentado que "el desempeño de la petición no resultaría en beneficio alguno para el interés público".

Mucho más sustancioso ha sido el experimento del diario The Guardian, que ha puesto a disposición de su audiencia las 500.000 páginas de la documentación oficial sobre las dietas parlamentarias. Las pesquisas de los propios lectores han sacado a la luz que el viceprimer ministro, Nick Clegg, se ha visto obligado a realizar ciertos pagos a cuenta de haber reclamado demasiado dinero al Parlamento para "el mantenimiento de jardines residenciales", y que Gordon Brown, el exprimer ministro laborista, reembolsó 500 libras que había logrado atrapar como dietas para "repintar la casa de verano". El primer ministro, David Cameron, obtuvo 20.240 libras para pagos hipotecarios y de combustible para la calefacción.

NUEVO RÉGIMEN, VIEJAS ACTITUDES

"Tras el escándalo de la pasada legislatura, la Autoridad Independiente de Supervisión Parlamentaria (IPSA) viene a acabar con el obsoleto, fracasado régimen para traer la confianza de nuevo a las cámaras. Esta es nuestra misión, y la vamos a cumplir", ha dicho recientemente Ian Kennedy, presidente del nuevo organismo.

La institución funciona desde hace solamente un año, y se le ha dado poderes para que vigile y controle el sistema de dietas en Westminster, para que administre y expida pagos e incluso los salarios de los propios diputados y del personal a su servicio desde mayo de 2011. Hasta el momento, ha denegado reclamaciones por valor de 200.000 libras. "En el pasado, los miembros del parlamento decidían sus propias reglas en reuniones a puerta cerrada", ha explicado Kennedy, "pero eso se ha acabado".

IPSA publica regularmente las entradas y salidas de dinero en el departamento de dietas. Los contribuyentes pueden así acceder a toda la información que deseen sobre su representante en la Cámara de los Comunes, buscando ahora por año, mes, categoría y tipo de dieta. La consecuencia es que, según IPSA, cuarenta diputados han sido amonestados para que los errores no lleguen a mayores. Porque aquí, el que se pasa de la raya, se arriesga a algo más que perder su asiento de cuero verde.