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ALICANTE (EP). La sección décima de la Audiencia Provincia de Alicante ha confirmado el archivo de la pieza desgajada del caso 'Brugal' que afecta al vicepresidente segundo del Consell y conseller de Economía y Hacienda, Gerardo Camps, en la que se investigaba un presunto delito de tráfico de influencias en los procesos de adjudicación de las obras del Palacio de Congresos de Alicante y del Parque Cultural de San Vicente del Raspeig. Asimismo, la sala ha decidido denegar las diligencias de pruebas interesadas por el ministerio fiscal al considerar que "nada aportarían a la causa".

De esta forma, el tribunal ha desestimado el recurso interpuesto por el ministerio fiscal contra el auto de sobreseimiento y archivo dictado por el juzgado de instrucción número 2 de Alicante el 5 de noviembre de 2010, en una decisión contra la que no cabe apelación.

La sala ha considerado que las conversaciones mantenidas entre el empresario Enrique Ortiz y el corredor de Rallys Miguel Ángel Fuster, --patrocinado por Ortiz, y amigo personal de Gerardo Camps-- en las que hablan sobre cantidades de dinero y emisión de facturas "son incardinables en la relación de patrocinio deportivo que mantienen".

Así, la sección décima de la Audiencia de Alicante ha entendido que expresiones como "le daré un apretoncillo", "tengo buenas noticias para ti" o la información facilitada relativa a que el Parque Cultural de San Vicente saldría a licitación antes que el Palacio de Congresos de Alicante, "no tienen entidad para demostrar la existencia de actos de influencia ejercidos por Fuster a favor de Ortiz", dada su "generalidad e imprecisión".

Además, ha considerado el tribunal que las cantidades facturadas por la empresa de Fuster a las entidades de Ortiz no son fruto de la intermediación del primero a favor del segundo.

Asimismo, la Audiencia entiende que una conversación mantenida entre Ortiz y un directivo de Bancaja que obra en la causa "evidencia claramente la resolución manifiesta del empresario alicantino de influir en la decisión de Gerardo Camps", en lo que se refiere a la adjudicación de las obrasdel Palacio de Congresos de Alicante y del Parque Cultural de San Vicente del Raspeig, mediante la intermediación de Miguel Ángel Fuster, un hecho que justificó "la incoación del procedimiento, y la continuación y prórrogas sucesivas de la intervención telefónica".

Sin embargo, la sala ha estimado que "todas las restantes y posteriores conversaciones mantenidas por Enrique Ortiz con Miguel Ángel Fuster y diversos empresarios durante más de un año y medio, no aportan indicios mínimos, claros y racionales de la realidad de los actos de influencia y presión que pudiera llevar a cabo Ortiz, con la gestión intermediadora de Fuster, en tal decisión de Gerardo Camps en la concreta adjudicación de las obras de Alicante y San Vicente".

También resuelve la Audiencia que las conversaciones de Ortiz y el representante legal de Acciona sobre estas obras "no evidencian presiones realmente efectuadas, ni instigaciones en el sentido de influencias capaces de interferir en el proceso de decisión administrativa".