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MADRID (EP). El portavoz de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), Antoni Cañete, ha calculado que las administraciones públicas adeudan unos 35.000 millones de euros a las empresas, por lo que ha exigido que se priorice el pago de deudas a aquellas compañías que están al borde de la quiebra por tener hasta un 70% de su facturación vinculada a servicios prestados a las administraciones.

En declaraciones a Europa Press, Cañete concretó que la idea es que las administraciones locales decidan pagar las deudas contraídas con las empresas en función de lo que éstas suponen en su volumen de negocio total. El portavoz de la PMcM explicó que cuando más del 30% de la facturación de una empresa depende de las deudas de una administración local, las posibilidades de que acabe cerrando "se multiplican".

Y es que Cañete lamentó que el Gobierno destinara alrededor de 13.000 millones de euros a las dos versiones del Plan E --8.000 millones en primera estancia y otros 5.000 millones en la segunda partida--, que de haberse utilizado al pago de las deudas contraídas por los ayuntamientos habría solucionado "gran parte del problema" de las compañías españolas, e incluso aventuró que podría haber contribuido a rebajar la elevada tasa de paro, por encima del 20% de la población activa.

Pero la propuesta de la plataforma no se queda en la exigencia del pago a las empresas al borde del cierre, sino que también se dirige a exigir avales de las administraciones para que las compañías con menos deudas procedentes de la administración puedan descontar este pasivo y así facilitar la concesión de créditos.

APROVECHAR EL 22-M

La intención de la plataforma contra la morosidad pasa por "aprovechar" las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo para "arrancar" el compromiso de los partidos políticos. "Hay que aprovechar la campaña electoral para que se pague a las empresas", aseguró Cañete, quien advirtió de que los ayuntamientos, aún cuando se produzca un cambio de gobierno, tienen la "obligación" de asumir las deudas.

Por último, el portavoz de la PMcM reclamó poner en marcha una línea ICO para que los ayuntamientos puedan afrontar sus deudas, tal y como recoge la Ley de Morosidad, si bien recordó que el Gobierno ya lo rechazó al elaborar los Presupuestos Generales del Estado para este año.

La plataforma contra la morosidad agrupa a una treintena de instituciones sectoriales de toda España que en conjunto representan a cerca de 1 millón de empresas -con un cifra de negocio cercana a los 150.000 millones de euros, que dan empleo a más de cuatro millones de trabajadores y 400.000 autónomos.