Londres Plaza/ VÍCTOR JIMÉNEZ. 15/05/2011 "Y no es el único país", afirma el eurodiputado británico Michael Cashman, un laborista nacido en la zona obrera de Londres en 1950, que ha tomado el relevo en el Parlamento de la Unión para combatir por doquier los abusos de constructoras e inmobiliarias

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LONDRES. La carta que Michael Cashman, miembro de la Alianza Progresiva de Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo, ha enviado recientemente al ministro de Fomento, José Blanco, está dando más de un quebradero de cabeza.

La misión española que recorre los mercados para hallar inversores en el sector inmobiliario no necesita exactamente el ruido de fondo de una campaña orquestada en Bruselas para atraer la atención de compradores y autoridades sobre los numerosos y controvertidos casos de construcciones ilegales a lo largo de la costa mediterránea. Sin embargo, el político inglés asegura sin diplomacia alguna que, "personalmente, no aconsejaría al capital exterior que se interese por el sector de la propiedad en España". Cashman explica a Valencia Plaza los motivos.

-¿Cuándo comenzó usted a interesarse por las quejas de inversores británicos en casos de urbanización irregular en nuestro litoral?
-Fue en el año 2004. El Parlamento Europeo recibió un informe sobre la situación de injusticia en la que había sido abandonado un grupo considerable de ciudadanos de la Unión Europea, no únicamente del Reino Unido, que habían adquirido viviendas de forma absolutamente legal y sin conocimiento previo de que pudieran ser declaradas ilegales más tarde o incluso antes de que se finalizase su construcción. Yo mismo visité la región valenciana poco después, porque los casos allí son bastante excepcionales. Pero permítame que deje bien claro que no se trata de un asunto que afecte a compradores británicos de manera exclusiva: nunca olvidaré un señor de Alicante, de unos sesenta años de edad, que me vino a preguntar con todo el aspecto de haber llorado que por qué se le había arrebatado una tierra que había pertenecido a su familia durante más de un siglo...

-¿Qué le respondió?
-Que las autoridades valencianas eran las únicas que podían contestarle, y que yo no cejaría ni un momento de buscar la solución correcta a esta situación.

-¿Cree que es un problema que podríamos localizar específicamente en las costas españolas?
-Ni España, ni Valencia, son los únicos puntos donde ocurren estos abusos. De hecho, los mismos mecanismos que los han facilitado allí, se están duplicando ahora en otras zonas de la Unión Europea. Lo que ocurre en Valencia es un ejemplo peligroso de las consecuencias de los excesos en el sector de la construcción, porque es aquí donde todo comienza. Los desequilibrios en el tejido económico tienden a apilarse y debemos ser capaces de aplicar el freno a tiempo para que no surjan replicantes.

-¿Así es que Valencia es ahora el modelo de lo que no se debe hacer en el terreno inmobiliario europeo?
-No llegaría tan lejos. España es una democracia sólida, pero también es cierto que este tipo de prácticas y abusos se llevan cometiendo desde hace bastante tiempo. Los inversores compran legalmente, aconsejados por agentes inmobiliarios del país y cumpliendo con todos los requisitos financieros, pero las propiedades son ilegales. El sistema legal español no ofrece ninguna protección, ningún respiro a las víctimas, como si no tuvieran derecho de apelación alguno. Y la forma en que este proceso se ha organizado en Valencia es, bueno, sorprendente.

-¿Cuál es la clave para deshacer el conflicto?
-Es la Constitución Española. Las regiones autónomas poseen capacidad legislativa en materia de vivienda, construcción y planificación, y las autoridades regionales, como las valencianas, parecen fuera de cualquier tipo de control. Particularmente, yo pienso que si dependiera del Gobierno estatal en Madrid, sería más sencillo llegar a un acuerdo para resolver estas situaciones tan duras. El Gobierno valenciano es totalmente reacio a debatir el tema... No obstante, la causa no tiene origen allí, como le he dicho antes, sino que cada vez que se infla una burbuja en el mercado inmobiliario, la facilidad con la que se atrae el dinero provoca la codicia.

-¿Ha recibido respuesta a su carta al ministro Blanco?
-Todavía no. Lo que proponemos, en cualquier caso, no es un gesto unilateral, sino el establecimiento de paneles de expertos junto a representantes de la Administración, de la industria de la construcción, inmobiliarias y compradores que analicen caso por caso, con períodos razonables de consulta y estudio. Estamos hablando de personas a las que se les ha despojado de su vivienda y que, además, han perdido los ahorros de toda una vida de trabajo. La experiencia es terriblemente dramática para las víctimas, que se han quedado sin ni tan siquiera compensación por sus depósitos.

-¿Hay algo más que se pueda hacer desde Bruselas?
-Por el momento, el Gobierno español se niega aceptar que este estado de cosas es inaceptable. Por supuesto, llevaremos estos abusos al Tribunal Europeo de los Derechos Humano si hace falta. La Comisión Europea también podría habilitar ciertas acciones, como la retención de subvenciones y ayudas económicas hasta que el Gobierno español se abra al diálogo. Con todo, yo confío en el sistema democrático español.

-¿Ha podido hablar del asunto con el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps?
-Sí, cuando viajé a Alicante mantuvimos una conversación personal. Me dijo que se tomarían las medidas necesarias para proteger los derechos de los afectados, pero hasta hoy no he podido observar ninguna diferencia.