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VALENCIA (VP). Ninguno de los programas de las cuatro grandes formaciones políticas que se presentan para la presidencia de la Generalitat estima necesario reducir el número de funcionarios públicos en la Generalitat. La opinión que expresan los partidos coincide en que la Administración pública valenciana está razonablemente dimensionada. Pese a que la Comunitat es la autonomía con un mayor porcentaje de endeudamiento sobre el PIB -un 13,8%, frente a una media del 5,6%-, el número de funcionarios públicos no parece ser el principal motivo para el agujero. Atendiendo al último 'Índice de Libertad Económica en las Comunidades Autónomas 2011' que elabora la Universidad Complutense, las cifras sitúan a la Comunitat como la tercera con menos empleados públicos en relación con el total de ocupados.
Valenciaplaza.com ha preguntado a especialistas de la universidad, empresariado y sindicatos sobre las decisiones que deberá tomar el futuro partido político que constituta el nuevo Govern de la Generalitat respecto a los funcionarios. Coincidiendo con los políticos, los encuestados coinciden en que el número de estos trabajadores públicos no un problema significativo en la deuda autonómica.
Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) afirma que en el lobby que lidera están de acuerdo con la cifra de trabajadores públicos en general: "aunque también hay que decir que en muchos casos los funcionarios no están bien aprovechados y no se ajustan a las necesidades reales. Una reorganización es necesaria. También creemos que en los últimos años no debería haberse incrementado su número por la grave situación de crisis que atravesamos".
El problema no es "de cantidad sino de calidad de la función pública y eso tanto por el coste como por la eficiencia de las funciones", según Vicent Soler, catedrático de Economía Aplicada de la Universitat de València (UV). De hecho, da un paso más allá y considera el número actual de asalariados del sector público -150.824 trabajadores- insuficiente. "Necesitamos más médicos, más maestros, más cuidadores profesionales de personas dependientes, más profesionales en general, pero, también, necesitamos -incluidas, por supuesto, las labores administrativas- una mejor organización de los recursos humanos para aumentar el rendimiento de los mismos".
Con ello, comprende que se reduciría el coste laboral unitario, "aumentando la productividad de los empleados públicos y haciendo más eficiente la función pública. Por supuesto, prescindiría de los puestos de trabajo sin función atribuida clara, comenzando por el llamado personal de confianza".
José Manuel Pastor, doctor en Ciencias Económicas por la UV , tampoco considera excesivo el número de trabajadores del sector público, apoyándose en datos del INE para la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2010. "En España el porcentaje de empleo público (13%) está por debajo de la media de la OCDE (14,4%) muy por debajo de países como Noruega, Suecia, Francia o Finlandia, en donde más de uno de cada cinco empleos es público. A nivel regional la Comunitat Valenciana es junto con Cataluña las regiones con menos empleo público respecto del total".
Según el documento, en Ceuta y Melilla 4 de cada 10 empleos son públicos, militares fundamentalmente. Este dato pone de manifiesto otro detalle importante, señala Pastor, "¿De que tipo de funcionarios se desea prescindir? ¿De militares? ¿Quizás deseamos reducir el personal sanitario aumentando las listas de espera? ¿Quizás prescindir de maestros en la escuelas de nuestros hijos elevando el número de alumnos por profesor y reducir la calidad de la enseñanza? ¿Tal vez reducir el número de policías y aumentar la inseguridad ciudadana? ¿Quizás sencillamente privatizar la enseñanza y la sanidad?"
Los empresarios coinciden en que el número de funcionarios no es el problema. Sin embargo, resaltan que la productividad de los mismos sí que resulta un menester en entredicho, por ello, además de apostar por la privatización de distintas administraciones públicas en la Comunitat, recomiendan acercar el modelo a un esquema de organización más parecido al de la empresa privada. Rafael Ferrando, presidente de Cierval, afirmaba en una entrevista a este medio hace tres meses: "Las administraciones públicas deben seguir ese camino -criterios empresariales- sobre la base del consenso entre los partidos porque muchas de las personas tienen carácter de funcionarios. Hay que hacer planes de reconversión o de adaptación a la situación actual en muchas empresas públicas y eso es un tema que está pendiente y que habrá que afrontar en cualquier momento", y en 2008, al inicio de la crisis, recomendaba congelar el salario de los funcionarios para invertir en infraestructuras.
Daniel Matoses, presidente del sindicato CSI·F no quiere ni oír hablar de reducir el número de trabajadores públicos. Pero sí considera preciso "adecuar los efectivos a las necesidades de cada sector". En lugar de despidos recomienda "plantearse otras figuras, en lo que a recursos humanos se refiere, existentes en el sector público y que no son empleados públicos".
En CC.OO del País Valencià se muestran también en contra de reducir el empleo público, porque "degradaría aún más unos servicios con claros déficits", afirma su secretario general, Paco Molina. Y por contra, apoyan su fortalecimiento. "Es necesario incrementar unas plantillas, que en muchos casos son claramente insuficientes para ofrecer un servicio público de calidad. Hablar de despidos de trabajadores de la administración pública autonómica o local es hablar de recortes en la sanidad, educación o atención a la dependencia. De hecho, somos la una de las autonomías con menor empleo público, con un 3%".
SOLUCIONES ALTERNATIVAS
Visto que la medida del recorte de plazas no es la más popular en el reajuste de la deuda valenciana, deberían estudiarse otras alternativas. La reestructuración de la Administración pública y la implementación de los servicios online, son dos de las favoritas.
Para el presidente de AVE, esa reorganización está muy clara: "lo que creemos es que hay que reducir el número de asesores y cargos de confianza y emprender un proceso de reorganización de la Administración que permita reubicar a los funcionarios donde más falta hagan, que introduzca fórmulas de productividad e incentivos, y que fomente la iniciativa y el emprendedurismo, para incrementar su eficiencia y eficacia y poner en valor la función pública".
De hecho, en su receta de medidas para el próximo consell, los empresarios de AVE reclamaban una gestión eficiente y sin pérdidas en las empresas públicas, "como hacen los empresarios normales". Sobre esta petición, recomendaban la eliminación de diputaciones y la concentración de consellerias. "Considero muy válidas a las tres personas al frente de cada diputación, pero no tienen sentido los cuatro niveles de Administración en la Comunitat [municipal, provincial, autonómico y estatal], son excesivos en el siglo XXI", opinaba el naviero valenciano.
La propuesta de Vicent Soler pasa por "clarificar también las funciones de las diversas administraciones, con especial atención a las funciones banales de las Diputaciones y a la sobrecarga de las de los ayuntamientos, más allá de las atribuibles por ley. Implementaría, consecuentemente, el transvase de recursos humanos de unas a otras en función de los resultados del diagnóstico competencial. Por supuesto, implementaría igualmente la e-administración, que puede ser un magnífico instrumento para el logro de una administración más eficiente. En todo caso, revisaría las funciones externalizadas a empresas -públicas o privadas- porque, con frecuencia, es fuente de opacidad, el peor cáncer para los intereses del ciudadano y contribuyente".
La solución financiera del Consell para la elevada deuda y déficit debe ser abordada desde el gasto, según el secretario general de CCOO, "con una mayor austeridad ante los grandes fastos con poca utilidad social. Y desde los ingresos, con una recuperación de figuras impositivas transferidas a las comunidades autónomas y que el Gobierno valenciano ha suprimido en la práctica (por ejemplo el impuesto de sucesiones y donaciones) en favor fundamentalmente de las rentas más altas. Hacerlo así o mediante despidos dependerá de la voluntad política del próximo Consell. Además, habría que evaluar la gestión los 130 organismos y empresas que ha creado el Consell para racionalizar los recursos de la Generalitat".
PREVISIONES
Es previsible que el partido ganador inicie un severo plan de ajuste del gasto público tan pronto como constituya el nuevo Consell. De hecho, estima que apliquen un plan para suprimir hasta mil plazas de funcionarios tras el 22-M. Conste o no en recortes de plantilla, el presidente de AVE confía en que se efectúe un reajuste sin mayor demora. "Estamos convencidos de que gane quien gane lo hará, como se desprende de muchos de los compromisos asumidos en sus programas electorales. Además, en las reuniones que hemos mantenido con el Presidente Francisco Camps, nos ha trasladado su firme compromiso de hacerlo".
"La situación ha cambiado y los medios que se utilizaban en tiempos de bonanza económica no pueden ser los mismos que en una situación de crisis, donde todos, y en primer lugar la Administración, debemos ser más austeros", añade Boluda.
En CC.OO no se aventuran a hacer previsiones, dado que "las elecciones autonómicas y municipales no se han celebrado todavía", pero recuerdan que el Consell del Partido Popular "ya ha intentado ajustes en el gasto público mediante recortes de plantilla en algún ayuntamiento, encontrándose con el rechazo frontal no tan sólo de CCOO, sino también de otros sindicatos, partidos políticos y de la inmensa mayoría de los ciudadanos".
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