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MADRID (EFECOM). Unos 50 inversores en pagarés de Nueva Rumasa han presentado hoy ante la Audiencia Nacional la primera querella contra el patriarca de la familia Ruiz-Mateos y sus seis hijos varones por presuntos delitos de estafa, insolvencia punible, administración y delito contra los intereses de los consumidores.

Según explicó a Efe el exmagistrado y abogado del bufete Martínez Echevarría Vicente Tovar también están acusadas por estos delitos siete empresas pertenecientes a la familia: Dhul, Clesa, Carcesa, Nueva Hotasa, Rumanova, Inversiones Ruiz-Mateos y José María Ruiz-Mateos SA.

Estas empresas fueron las que emitieron los pagarés o los avalaron, como fue el caso de Clesa y Dhul.

Asimismo, Tovar indicó que, junto a las correspondientes penas de prisión, los inversores exigen la devolución de los 10 millones de euros invertidos en los productos emitidos por las empresas de Nueva Rumasa, de los que sería responsable civil subsidiario el Estado.

Según explicó también a Efe el socio del despacho Enrique San Juan los Ruiz-Mateos cometieron, presuntamente, un delito de estafa con los inversores en pagarés, ya que "hubo un desplazamiento patrimonial basado en el engaño y en la certeza de que las cantidades aportadas no se podían devolver".

Además, San Juan considera que cometieron un presunto delito de administración desleal en las grandes enseñas de Nueva Rumasa al utilizar una sociedad que gestionaba su tesorería en su perjuicio y en beneficio de otras compañías del conglomerado de Nueva Rumasa.

En concreto, el entramado de empresas de Nueva Rumasa operaba con un sistema de caja única gestionado mayoritariamente por Bardajera, una sociedad administrada por Zoilo Pazos Jiménez, sobrino del patriarca de la familia Ruiz-Mateos.

El despacho de abogados aportará como prueba las cartas que la familia Ruiz-Mateos remitió a los principales responsables del grupo Santander, en las que José María Ruiz-Mateos admite que no es buen momento para invertir, contrariamente a lo que afirmaba en su publicidad para captar el dinero de los particulares.

El bufete no sólo culpa a los Ruiz-Mateos de la situación de los inversores en pagarés, sino también a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por considerar que incumplió su deber de vigilancia y no intervino para paralizar la suscripción de las emisiones de pagarés anunciadas por Carcesa, Maspalomas, Hibramer, José María Ruiz-Mateos SA e Inversiones Ruiz-Mateos.

Por otro lado, Vicente Tovar indicó que los Ruiz Mateos cometieron también un presunto delito contra los intereses de los consumidores y otro de insolvencia punible, al emitir pagarés y obligarse con sus acreedores sin tener "patrimonio" ni "nada con lo que responder".