VALENCIA (VP). Cada día de campaña electoral, los partidos mayoritarios darán respuesta a cuestiones formuladas por Valenciaplaza.com sobre problemas que afectan a los ciudadanos. Quince entregas que ayudarán a los electores a comparar las iniciativas y propuestas de las formaciones sobre las mismas cuestiones. (Las respuestas han sido ordenadas por orden de llegada a la Redacción de ValenciaPlaza.com).
LOS PARTIDOS RESPONDEN (IV): ¿Planean reducir la estrucura de la Administración autonómica así como el número de funcionarios o plazas? ¿Otros cambios?
COMPROMÍS: La administración pública valenciana está razonablemente dimensionada. De hecho la Comunidad Valenciana se encuentra muy por debajo de las necesidades de personal por habitante. La media europea se sitúa en 15 habitantes por empleado mientras nuestra Comunidad está en 29 habitantes/empleado. Eso quiere decir que el crecimiento de capítulo de personal en los presupuestos y su importancia relativa se debe a la reducción de los ingresos y las rebajas en otros capítulos de gasto. La reorganización de la administración autonómica pasa por la supresión de empresas públicas, fundaciones, altos cargos y asesores, reducción de consellerias.
Hay demasiados generales y poca tropa, además, hay poca participación de los trabajadores en decisiones en las que podrían participar para mejorar su funcionamiento.
Se suprimirían los complementos de productividad para funcionarios de libre designación y se pondría en marcha la carrera profesional para todos los funcionarios, como ya existe en docencia y sanidad. Se eliminaría la obligatoriedad de asistencia por las tardes, salvo la atención directa para implementar medidas de ahorro. Implantación total de la administración electrónica. Impulso del trabajo desde casa.
Para Compromís es prioritario reducir la cúspide de las estructura no la base sobre la que se sostiene el estado del bienestar, lo que significa reducir consellerias y junto a ello plantear el debate en torno a la estructura administrativa descentralizada, incluyendo la necesidad de la desaparición de las Diputaciones.
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EUPV: En ningún caso la solución a la crisis económica es reducir el número de recursos (personales o económicos) de las Administraciones Públicas. De lo que se trata es de reorganizarlos adecuadamente para atender todas las necesidades de la ciudadanía, que en época de crisis aumentan. La reducción del número de consellerias no tiene un efecto económico relevante, puesto que su impacto sobre el gasto público es mínimo, pero puede ser conveniente eliminar consellerias que se han creado únicamente para colmar las aspiraciones políticas de determinadas personas.
Para EUPV las medidas de austeridad deben ir encaminadas a concentrar los esfuerzos en el doble objetivo de luchar contra la crisis económica y el desempleo, por un lado, y desarrollar políticas públicas de protección social, por el otro. Y para esto no hacen falta menos sino más trabajadores en el ámbito de lo público, en servicios tan esenciales como la atención a la dependencia, la educación, la sanidad, etc.
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PARTIDO POPULAR: Uno de los objetivos principales del PPCV, tal y como anunció el presidente Camps, es conseguir la reducción del gasto en la administración así como la reorganización y reestructuración del sector público. Para ello, se reducirán las Consellerías hasta un máximo de 10, además del número de altos cargos y asesores.
Los funcionarios de la Generalitat están realizando un trabajo excepcional, por ello, tienen todo nuestro apoyo y confianza porque son pieza fundamental para seguir trabajando por los ciudadanos. No tiene ningún sentido recortar funcionarios porque todos son necesarios, pues nueve de cada 10 trabajan en la educación y la sanidad. La Comunitat es el territorio con menor número de funcionarios por habitante.
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PSPV: No, no sobran funcionarios, sobran estructuras inservibles que han potenciado la política del despilfarro y el exceso de Camps. Nosotros planteamos reducir la estructura de gobierno a siete consellerias y una vicepresidencia. Además, también contemplamos reducir un 15% del gasto corriente respecto a educación, sanidad y política social, así como una ley de eficiencia en el gasto que contemple un estudio coste-beneficio para reducir el 20% los sobrecostes y los costes excesivos. Por otro lado, también eliminaremos el 50% de los cargos de confianza de la Administración Autonómica. Todo ello, para que haya más servicios públicos de calidad. El PP lleva haciendo un ajuste en esta Comunidad desde hace 15 años: cada año menos maestros, menos médicos y menos servicios para los ciudadanos. Hay que invertir el ciclo.
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