Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• Economía incumple con Unión Gremial el criterio que aplicó para excluir a Anged del Observatorio
• El 'problema valenciano' se cuela en Madrid
• A quién le sube y a quién le baja los impuestos Joan Ribó

VALENCIA (VP). La I Jornada del Encuentro de Derecho Concursal de Xátiva, que reunió ayer a 25 Jueces de lo Mercantil de toda España, estuvo marcada por la necesidad de unificar criterios en relación al tratamiento de los concursos. Según señaló el presidente del TSJ de la Comunidad Valenciana, Juan Luis de la Rúa, el  principal reclamo de los empresarios es sentar unas bases jurídicas para agilizar los concursos de acreedores.

En el discurso de la inauguración oficial, De la Rúa, fue el primero en advertir de la  demanda de los empresarios, "que sienten las bases de una seguridad jurídica que agilice el desarrollo de los Concursos", afirmó. Además, añadió que esa seguridad jurídica conduce necesariamente a una seguridad económica.

La primera mesa redonda de la jornada, dedicada a La problemática anterior a la solicitud de concurso, estuvo moderada por el presdiente del Registro de Economistas Forenses, Raimón Casanellas. También participaron los magistrados de lo Mercantil Fernando Presencia (Valencia) y Pedro José Malagón (San Sebastián) junto a los de las Audiencias Provinciales de Barcelona, Juan Francisco Garnica, y Alicante, Luis Antonio Soler.

La mayor parte de la discusión se centró en uno de los aspectos más polémicos de la reciente reforma de la Ley Concursal que afirma que "El deber de solicitar la declaración de concurso no será exigible al deudor que, en estado de insolvencia actual, haya iniciado negociaciones para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio y, dentro del plazo establecido en el apartado 1 de este artículo, lo ponga en conocimiento del juzgado competente para su declaración de concurso"

A juicio de Fernando Presencia, el objeto de este artículo no se refiere tanto al convenio anticipado, que prácticamente no se aplica, como a la posibilidad de refinanciarse evitando que, durante este periodo, alguno de los acreedores solicite un concurso necesario.

Presencia, en una opinión compartida por sus compañeros de mesa, destacó que la intención de esta reforma era ayudar a la empresa insolvente en una coyuntura marcada por la crisis económica y afirmó que "los jueces no pueden entorpecer esta aplicación de la Ley" ya que, de lo contrario, "el mercado buscará sus propias soluciones al margen del concurso" y eso no es conveniente.

14.245 CONCURSOS EN SEIS AÑOS

En la conferencia inaugural, el catedrático de Derecho Mercantil Fernando Cerdà expuso una serie de datos relacionados con el Concurso entre los que destacan que desde la entrada en vigor de la Ley Concursal de 2004, se han producido 14.245 Concursos en España, de ellos 1.707 de enero a abril de este año.

Además, afirmó que en España el 85% de los concursos siguen correspondiendo a empresas -el 50% relacionadas con el sector de la construcción-, aunque ha ido incrementándose progresivamente el número de concursos de particulares.

"El 92% de los Concursos son voluntarios (los solicita la propia empresa deudora) y sólo el 8% son necesarios (los solicitan sus acreedores) explicó el catedrático, quien asimismo afirmó que la Comunitat es la segunda autonomía española con más suspensiones de pagos, el 13,8% del total.

Las jornadas continuarán durante el día de hoy con una mesa redonda dedicada a los concursos especiales, en referencia a los concursos en empresas inmobiliarias y en sociedades anónimas deportivas.

El ciclo ha sido impulsado por los magistrados jueces de lo Mercantil de Valencia, en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia y del resto de los colegios profesionales que operan en el Derecho Concursal. La Fundación Broseta, que incluye entre sus fines la formación jurídica, ha coordinado la organización y se ha contado también con la colaboración de las distintas Administraciones, como la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas, la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Xátiva.