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VALENCIA (EP). La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal por posibles delitos de prevaricación, malversación y fraude tributario en el caso de la contratación y edificación de la parcela M3 de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, para la construcción de las conocidas como 'Torres de Calatrava', ante la denuncia de EUPV.

La coordinadora de EUPV y candidata a la Presidencia de la Generalitat, Marga Sanz, ha anunciado en un comunicado la apertura de las diligencias y ha recordado que su formación presentó una denuncia ante Fiscalía para que investigara los contratos de la Generalitat Valenciana con el arquitecto valenciano Santiago Calatrava en este proyecto.

"La Fiscalía estima que los hechos que aparecen en la denuncia podrían ser constitutivos de delito y espera que se llegue hasta el final", ha asegurado.

"Tal y como denunciamos desde EUPV, pensamos que la Administración valenciana ha ido pagando cantidades millonarias en Santiago Calatrava por varios proyectos fantasmas que no se han realizado, entre ellos los rascacielos ante la Ciudad de las Artes en Valencia", ha apuntado.

EUPV presentó denuncias por el "pago" de la Generalitat por la redacción del anteproyecto de los rascacielos que se debían construir ante la Ciudad de las Artes en Valencia, así como los 2,7 millones por el Centro de Convenciones de Castelló, actualmente paralizado por la Justicia, o los 600.000 euros por la reforma de la dársena del Puerto de Torrevieja, ha explicado la dirigente de izquierdas.

"La Fiscalía provincial de Valencia ha abierto diligencias por el primer proyecto y esperamos que en Castelló y Alicante, donde se han derivado los otras dos, también se abra una investigación", ha añadido.

Sanz ha asegurado que las cantidades de las que estamos hablando en las denuncias son "astronómicas", y lo "más grave" es que las obras "no están hechas ni está garantizado que puedan hacerse".

Por ello, exige la "máxima transparencia" en cada uno de los proyectos encargados por el Gobierno valenciano a Santiago Calatrava, y se informe sobre el encargo de los mismos y si se ha cumplido la legalidad, para que sea la Justicia quien decida "si el dinero pagado para nada, deben devolverse a los ciudadanos".