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VALENCIA (EFECOM). El conseller de Economía y Hacienda, Gerardo Camps, ha anunciado este jueves que la Generalitat valenciana denunciará al Gobierno central tras el rechazo de éste a abonar a las comunidades el anticipo de tesorería del Fondo de Competitividad anunciado por la ministra de Economía, Elena Salgado, durante la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) este miércoles.
En una rueda de prensa ofrecida tras reunirse con el equipo económico de la Conselleria y la Abogacía de la Generalitat, Camps ha recordado que se trata de 633 millones de euros en juego que la administración autonómica tiene presentes en su contabilidad para el presente ejercicio y que "es de justicia" que se produzca efectivamente la transacción.
A su juicio, el objetivo del Gobierno es "centrifugar déficit a las comunidades autónomas" para que estas "aparezcan como despilfarradoras y derrochadoras, cuando el único que ha despilfarrado y ha derrochado ha sido la administración central". "De esa manera, su déficit es menor y el de las comunidades, mayor", ha apuntado.
Camps ha señalado también que la no transferencia de estos 633 millones "en absoluto pone en riesgo alcanzar el objetivo de estabilidad" nacional, ya que ese dinero en lugar de estar en el estado estaría en las comunidades y "como el cómputo es global, seguiríamos cumpliendo".
Asimismo, ha señalado que las comunidades quieren "cumplir con el objetivo de estabilidad, pero se nos pone difícil por parte del Gobierno porque si ingresos con los que contábamos no se trasladan, evidentemente traería dificultades, que no serían imputables a la gestión de una u otra comunidad".
En cualquier caso, ha indicado que la Generalitat mantiene esos ingresos presupuestados para 2011 y que, si finalmente los tribunales le dan la razón al Gobierno central, lo que se produciría sería una desviación al alza del déficit, previsto inicialmente en el 1,3%.
"Estos ingresos contablemente los tendré, pero si no se hace la transferencia, en la ejecución habrá gastos que no se podrán atender" y aumentará el déficit.
Gerardo Camps ha resaltado que los argumentos esgrimidos por la ministra de Economía, Elena Salgado, para no conceder el anticipo "no son de recibo, ni de peso, ni justifican esta decisión". Ha señalado que el argumento de que "así lo dispone la norma" no es tal porque "esa misma ley que ha traído consigo que se reciban esos anticipos en 2009 y 2010 no ampara que no se reciban en 2011".
"El Gobierno interpreta la norma, una interpretación que también puede hacer cualquier comunidad autónoma, y la interpretación del Gobierno no está por encima de la que podamos hacer los Gobiernos autonómicos", ha considerado el titular de Economía.
En este punto, ha señalado que el propio poder legislativo aprobaba este miércoles en el Senado una moción a favor del anticipo y que "queda pendiente un debate en el Congreso", por lo que parece que "por ahora, le está dando más la razón a los que defendemos que se debería realizar que al Gobierno de España".
Además, ha criticado que Salgado se excusara en que las comunidades recibirán en 2011 un total de 11.000 millones en fondos adicionales, ya que, según ha subrayado, "desde 2009, que fue el año base, a hoy la Comunitat recibe un 16,37%" de estos fondos.
IRRESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO
El conseller ha insistido en que con esta decisión, unos ingresos que "deberían estar en los presupuestos de las comunidades autónomas dejan de estarlo, se los queda el Gobierno", una actitud que ha calificado de "irresponsable".
Asimismo, ha alertado de que si este mecanismo de compensación para las comunidades con una renta per cápita inferior a la media "no entra en 2011" se está "condenando a los valencianos" a seguir por debajo de esta media y, además, supone faltar a los principios de contabilidad, ya que si el Fondo de Competitividad de 2011 tiene que cubrir gastos de 2011, "cómo lo va a hacer si lo recibimos en 2013".
"Nos estamos jugando mucho; si no se ingresan estos 633 millones que en estos momentos son los que financian parte de nuestros gastos, que me diga el señor Rodríguez Zapatero, que me diga la vicepresidenta económica qué gasto hemos de recortar, si es en la sanidad, en la educación, en el bienestar social, en el apoyo a actividades productivas, en la ejecución de infraestructuras de transporte, qué hemos de dejar de pagar", ha indicado.
"NO TODOS LOS GASTOS SE PODRÁN HACER"
Así, ha admitido que si ese dinero no llega "no todos los gastos se pueden hacer" y ha indicado al respecto que el Gobierno quiere ahora que las comunidades limiten el gasto nuevamente. "¿De dónde quieren que recortemos ya?. Tendríamos los capítulos 4,6 y 7 y no ligados al gasto social", ha detallado.
Ha criticado también duramente que "apenas dos años después de la puesta en marcha de un nuevo modelo de financiación" el Gobierno diga que "no queda más que la vía jurisdiccional para pedir aquello que les corresponde a los valencianos y que es justo reclamar".
A su juicio, esta actitud "da la razón a los que dijimos que el modelo era malo, que iba a ser difícil de aplicar y que favorece a unos y perjudicaba a otros".
"Si el modelo -de financiación- ya dijimos que era malo, si no se aplica este mecanismo que puede beneficiar en algo a la Comunidad valenciana, el modelo de financiación será peor", ha agregado Camps, que ha ironizado asegurando que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero "ha hecho peor lo que era malo".
Por ello, el conseller ha indicado que, si los informes de la Abogacía de la Generalitat, que "como parece que va a ser así", determinan que la judicial es la única vía que tenemos para reclamar ese dinero, el Consell irá a los tribunales. De las dos vías posibles, ante el Tribunal Constitucional y por la vía jurisdiccional ordinaria, Camps se ha mostrado más partidario de la segunda.
Se trata, según ha destacado que defender "aquello que entendemos es justo y que, además, es lo que determina que se cumplan con los principios del modelo de financiación", entre los que ha citado la solidaridad entre territorios y la igualdad entre personas.
"De no hacerse así, haríamos dejación desde el Gobierno de la Generalitat de la defensa de los derechos de los valencianos, del interés general", ha recalcado el conseller, que ha descartado una acción coordinada entre las distintas comunidades afectadas.
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