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VALENCIA (EP). La Conselleria de Sanidad ha mantenido a lo largo de esta semana reuniones y conversaciones con la Plataforma de Proveedores de la Sanidad Pública, con el objetivo de informarles de las actuaciones que la Generalitat está llevando a cabo para solventar los problemas planteados sobre el retraso en los pagos y que contemplan medidas a corto, medio y largo plazo, según informaron fuentes de este departamento.

La Plataforma, que agrupa a más del 80 por ciento de empresas del sector, exigió a finales de marzo a la Generalitat los "miles de millones" de euros que les adeuda en facturas, algunas de ellas de 2004, y advertía de que, que en caso contrario, se podía quebrar o cortar el suministro, con lo que además de la pérdida de 500 puestos de trabajo "peligraría la vida de muchos valencianos". La entidad había anunciado una reunión con la Conselleria para el próximo lunes que, finalmente, no se producirá.

Según la Conselleria de Sanidad, en las próximas semanas se van a liquidar los pagos con cerca del 85 por ciento de los proveedores pendientes de cobro de los ejercicios 2009 y 2010. De este modo, se propondrá la tramitación de un expediente para abonar facturas que permitan reducir el número de proveedores pendientes de cobro de unos 1.300 a unos 200.

Estas medidas se adoptan, según conselleria, como consecuencia de la "especial sensibilidad que la Generalitat muestra en todo momento hacia el conjunto de proveedores sanitarios y reconociendo su trascendental papel en el funcionamiento del sistema de salud".

No obstante, precisaron que estas medidas no afectan únicamente a los representados por la Plataforma de Proveedores -de la que aseguran que hasta el momento no ha ofrecido datos sobre las empresas a las que representa ni el volumen de pagos de reclama-, si no al "total" de las empresas proveedoras.

A medio plazo, indicaron que, en el marco de la legislación presente y previas las autorizaciones correspondientes, se está trabajando para plantear en los próximos tres o cuatro meses una operación "similar" a la realizada en las dos ocasiones anteriores, "para poder liquidar a aquellos proveedores la deuda pendiente de los ejercicios 2009 y 2010 mediante la compra de las facturas por parte de entidades financieras y su posterior pago aplazado a las mismas, a pagar anualmente por la Generalitat".

Por último, a largo plazo, fuentes de la Conselleria señalaron que se continuará la gestión "para ir equiparando los presupuestos de ejercicios futuros al gasto real de la asistencia sanitaria, a pesar de que la financiación obtenida del Estado sea menor de la que realmente le corresponde".

Según este departamento, "precisamente por la no adaptación de la normativa de financiación a la realidad del gasto sanitario, todas las comunidades autónomas han necesitado enormes esfuerzos financieros con sus fondos propios". En este sentido, recalcaron que en la Comunitat Valenciana "el esfuerzo presupuestario para financiar la sanidad ha sido del 38,4 por ciento del total del presupuesto en 2009, frente a la media nacional del 32,4 por ciento".

Desde la Conselleria han incidido en que este esfuerzo es "todos los años, el mayor de todas las comunidades autónomas" y añadieron que como esta falta de financiación afecta a todas las autonomías, "en estos momentos el conjunto de empresas proveedoras del Sistema Nacional de Salud son acreedoras por más de 18.000 millones de euros".

Sin embargo, precisaron que, de este importe, el que corresponde a la Generalitat "es de 1.100 millones de euros, es decir un 6 por ciento del total, cuando el peso de la Comunidad en el total del gasto es del 11 por ciento".

La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, en la rueda de prensa posterior al pleno, destacó que los retrasos en los pagos son casos "absolutamente puntuales" y señaló que desde la Generalitat están "en conversaciones" con los proveedores.

"PROBLEMA DE NACIÓN"

Asimismo, subrayó: "no es una cuestión puntual de un conjunto de proveedores" sino que, a su juicio, "la financiación sanitaria es un problema de nación". En este sentido, se ha mostró convencida de que este "problema" se solucionará, a partir de marzo del año que viene "o antes", cuando "haya un nuevo gobierno en la nación".

Respecto a la propuesta electoral del PPCV de reducir a 30 días el pago a proveedores, señaló que habrá que hacer "los ajustes necesarios para poder agilizar la burocracia", pero matizó que "el momento de abordarlo no es a menos de dos meses de los comicios electorales".