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MADRID (EP). El presidente del Santander, Emilio Botín, quiere un plan de garantías contra futuras pérdidas para hacerse cargo de Caja Mediterráneo (CAM), que busca comprador a instancias del Banco de España para evitar su nacionalización, informaron a Europa Press en fuentes financieras.
Botín no es proclive a hacer una oferta de compra por la CAM sin un sistema que minimice los riesgos y que podría articularse como un Esquema de Protección de Activos (EPA) o un 'banco malo' que englobase los activos inmobiliarios y problemáticos de la caja alicantina y no se incluyese en la negociación.
El Santander apoya esta fórmula tras analizar en detalle la situación de la CAM después de que ésta encargara a Nomura un cuaderno de venta, que también han recibido BBVA, La Caixa, Popular y Sabadell. Por su parte, el Banco de España sondea el interés de los potenciales compradores con contactos permanentes.
Nomura ya ha mantenido contactos bilaterales entre responsables de la caja alicantina y de entidades financieras que han recibido la documentación con las principales cifras de su negocio.
Expertos consultados por Europa Press cifran las necesidades de saneamiento de la CAM entre 6.000 y 7.000 millones de euros, lo que ha hecho que Santander se sume a la corriente de que es necesaria una fórmula de garantías que evite problemas de digestión de la entidad alicantina.
Desde que la CAM fuera repudiada por Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura, que precipitaron el naufragio de Banco Base, la entidad que preside Modesto Crespo se afana en buscar un socio estable para el futuro y, según fuentes financieras, el Santander suena como el candidato con mayores probabilidades.
La CAM disfruta de una importante red comercial en la Comunidad Valenciana que cubriría la falta de presencia en la región del Santander, que ya ha manifestado su intención de arañar cuota de mercado en España a otros competidores y goza de una indudable fuerza de balance.
La fórmula del EPA se ha utilizado en anteriores ocasiones, como en la adquisición de Caja Castilla-La Mancha (CCM) por parte de Cajastur, pero una vez que la entidad ya había sido intervenida por el Banco de España tras registrar problemas de operativa y funcionamiento normal.
El instituto emisor español contempla la intervención como el último recurso y desea encontrar una solución privada a la CAM para limitar al mínimo el uso de recursos públicos, mientras que el decreto de recapitalización del sector financiero no incluye alusión expresa a fórmulas de garantías contra pérdidas.
En caso de que la CAM alcanzara un acuerdo para integrarse en otra entidad, la operación debería recibir 'luz verde' del organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez. A falta de comprador, y si el FROB toma la mayor parte del capital de la CAM, la presencia del Estado sería transitoria y daría lugar a la subasta la entidad, tal y como sucedió con CCM.
Por su parte, la CAM ya ha anunciado que pedirá recursos públicos por importe de 2.800 millones al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para cumplir con los requisitos de solvencia establecidos por el Gobierno, y el próximo lunes presentará su estrategia de capitalización al Banco de España.
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