Tras la habitual reunión del Consell, la consellera portavoz, Paula Sánchez de León, compareció el viernes ante los medios 'escoltada' por la abogada general de la Generalitat y el interventor jefe. La comparecencia empezó con un "basta ya" y acabó con un "no hay nada más que añadir sobre este asunto"

-Sobre financiación autonómica y fiscalidad

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VALENCIA (VP). La comparecencia ante los medios de comunicación que protagonizó el viernes la portavoz del Consell Paula Sánchez de León tuvo más rotundidad de lo habitual, con mayor carga institucional. Una deliberada puesta en escena de extrema seriedad y rigor con el objetivo de denunciar, una vez más, la persecución que a juicio del Gobierno valenciano está sufriendo la Administración Camps.

El president se enfrentó esta semana de nuevo, en el Parlamento regional, a los ataques del portavoz socialista, Ángel Luna, que esgrimió un nuevo informe judicial en relación con el 'caso Gürtel' . Seguramente como consecuencia de este episodio, la respuesta fue diseñada con meticulosidad.

A un lado, la abogada general de la Generalitat Valenciana, Isabel Villalonga. Al otro, el interventor, Salvador Hernándiz. Y en medio, la portavoz del Consell y consellera de Justicia de Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León. El escenario ciertamente tenía peso.

"Se trata de evidenciar que hay un conjunto de profesionales que trabajan día a día en una Administración que merece todo el respeto y toda la dignidad", tomó posiciones la consellera instantes antes de lanzar un sonoro "basta ya" con el que lanzó el contraataque. "Ya está bien de infamias, mentiras y difamaciones. No vamos a consentir interpretaciones tendenciosas ni que se utilicen las instituciones de forma partidista", aseveró.

En su alegato, la consellera dijo que el último documento exhibido por el portavoz socialista, Ángel Luna, en Les Corts -informe elaborado por la Unidad de Auxilio Judicial sobre supuestas contrataciones irregulares en varios departamentos de la Administración- contiene "graves errores e interpretaciones tendenciosas", aunque el argumento de más peso apareció cuando dijo que quien lo escribió "es un cargo adscrito a la Vicepresidencia primera del Gobierno, que ocupa María Teresa Fernández de la Vega, y hermano de un alto cargo de la subsecretaría del Ministerio de Industria".

"¿Y qué importancia concede usted a este hecho?", preguntaron los periodistas. "Pues la misma importancia que entender que dos contratos por un vídeo y por un catering tienen el mismo objeto. Nosotros sólo damos datos a la ciudadanía para que se forme su propia opinión", respondió Paula Sánchez de León.

El ritmo pausado de las preguntas y las respuestas no escondía la tensión en el ambiente. "¿Y por qué los ciudadanos han de creer al Consell y no los informes judiciales y policiales? ", volvió a la carga de nuevo el periodista. "Estamos convencidos de que los tribunales decidirán de forma justa" fue la respuesta.

La profundidad de las respuestas empezó a menguar, especialmente cuando se preguntó por una posible implicación de la abogada general de la Generalitat, Isabel Villalonga, en determinados contratos que actualmente están siendo investigados, dada su vinculación anterior a la Consellería de Turismo. "Rotundamente, no", y no hubo más respuesta.

El Consell opina que ha sido objeto de "calumnias, infamias y mentiras," pero, según su portavoz, no va a haber, al menos de forma inmediata, respuesta en los tribunales. "Se hará lo que se tenga que hacer y se anunciará cuando se decida", apostilló.

"No hubo instrucciones para la contratación de ninguna empresa, ni por parte del Consell ni por parte del Partido Popular, y las preguntas en este sentido son tendenciosas". La consellera marcó una línea roja. "Y si ciertos contratos están siendo investigados es porque el Gobierno valenciano se los ha facilitado", añadió (aunque reconoció que fueron solicitados judicialmente) y quitó importancia a las cantidades que supuestamente se adjudicaron irregularmente. "En suma, las transacciones que están bajo sospecha suman únicamente el 0,04% del volumen total de contrataciones de la Generalitat".

"Si la información no estuviese focalizada y distorsionada, si se ofreciese de forma realista, se veríanclaramente la cantidad de adjudicaciones que se han dejado de realizar a las empresas investigadas", vino a concluir la portavoz del Consell.

En sus intervenciones, la abogada general de la Generalitat y el interventor jefe respaldaron las actuaciones del Consell, pero su presencia no se prolongó más de diez minutos. Leyeron los textos que traían preparados y, en cuanto terminaron, abandonaron la sala sin responder a las preguntas de los periodistas, pese a que hubo peticiones.