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LONDRES. Cuando Mozilla.org acepte oficialmente la solicitud de la Generalitat Valenciana para obtener sus claves maestras, será la única administración autonómica de España con derechos de emisión de certificados digitales de identidad en Firefox, además de Explorer. La petición del Consell se encuentra en fase ‘pendiente de inclusión', según ha podido confirmar Valencia Plaza.

Los principales navegadores de internet mantienen un directorio de organizaciones e instituciones con las que comparten los recursos indispensables para comprobar identidades virtuales. La pertenencia a esta categoría de colaboradores permite también la concesión de visas digitales para generar canales codificados, es decir, aquellos que se utilizan no sólo para la compraventa de artículos sino para conversaciones privadas y correo electrónico.

La Agencia Valenciana de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) se encuentra ya en posesión de la información necesaria para ejercer como institución certificadora en el navegador de Windows, el Explorer. La única comunidad autónoma que también se ha interesado por la capacidad de autentificar identidades digitales en la red es Catalunya, pero la Fundación Mozilla, productores de Firefox, todavía ha de estudiar la documentación de la parte catalana antes de admitirla entre su lista de ‘vigilantes'.

Declan McCullagh, experto en privacidad de CNET, cree que estas entidades ejercen un papel mucho más importante del que se les suponía hasta ahora: "El gasto de seguridad en Internet es de miles de millones de dólares, desde los programas antivirus a la prevención del intrusismo en el intercambio de mensajes. Sin embargo, la cuestión de por qué los navegadores confían en unos sitios en internet y no otros dependiendo de su relación con organismos privados y públicos, permanece bajo secreto".

En la Biblioteca Británica, el jefe del Departamento de Información Digital, Peter Bright, defiende una opinión más radical: "Los gobiernos que adquieren el rango de autoridades certificadoras pueden subvertir el sistema para espiar de facto a cualquier sector de la sociedad sobre el que deseen ejercer vigilancia". Bright acepta que la inclusión de instituciones estatales evita su dependencia de terceras partes y de corporaciones privadas, pero recalca que los casos de investigación ilegal a ciudadanos son demasiado comunes.

ASUNTOS DE NEGOCIOS

Privacy International, una organización no gubernamental con sede en Luxemburgo y más de veinte años de trayectoria, ha trabajado con la Comisión Europea y los parlamentos del Reino Unido y de Canadá en distintas ocasiones para contrastar de forma independiente la capacidad de las administraciones públicas de inmiscuirse en la vida de los internautas.

Sus informes arrojan unos datos terribles. En el caso de España, cuyo puesto en la clasificación no dista demasiado del conjunto continental, Privacy ha descubierto prácticas de vigilancia electrónica endémicas sobre las asociaciones cívicas, intercepción de correo virtual y retención de datos. La entidad señala, asimismo, que el marco constitucional presenta amplias lagunas legales, lo que impide proteger eficazmente a los ciudadanos.

Moxie Maluspike, de Whisper System, dice que "las compañías que emiten certificados disfrutan de un incentivo económico muy fuerte para hacer que los gobiernos obtengan las claves maestras sin demasiadas complicaciones". Explorer y Firefox han repartido sus llaves a más de 1.500 organismos, 650 de ellos en los últimos doce meses. En España, Explorer es utilizado por el 51,4% de usuarios de internet, mientras que el 37,5% navega a través de Firefox ─datos de 2010 de la Asociación de Investigación de Medios de Comunicación. Por otro lado, Google Chrome sigue el mismo listado que Windows para ceder sus claves maestras.

Pero para la agencia valenciana, los argumentos a favor de introducirse en el terreno de los servicios virtuales son transparentes. La ACCV dispone de 30 PRU o Punto de Registro del Usuario para habilitar identidades electrónicas que permitan a los contribuyentes una relación segura con la Administración, desde la Dirección General de Tráfico a la declaración de la Renta. Soin embargo, no es únicamente tiempo lo que se ahorra: la Tesorería General de la Seguridad Social ha conseguido recortar su gasto de notificaciones sobre decisiones administrativas en 38 millones de euros.

El riesgo, no obstante, es presente. La firma de telefonía móvil Blackberry tuvo que despachar urgentemente a sus clientes en los emiratos árabes una aplicación para anular la implantación de software de espionaje en sus aparatos, que permitía a la empresa Etisalat copiar contraseñas y leer correos electrónicos.

La semana pasada, el llamado Departamento Cibernético de Irán, del gobierno del país, se vio envuelto en acusaciones de intento de intromisión en Skype, Yahoo, Windows Live y Google Gmail a través del navegador Firefox. Mozilla pudo revocar las claves comprometidas en el ataque; en febrero, ha declarado que colocaba la agencia certificadora de China bajo observación.

Una ojeada a la evaluación que Privacy International ha realizado sobre el comportamiento de las administraciones públicas occidentales, desvela que la línea que ya se ha cruzado en estados con menor calidad democrática, es extremamente fácil de traspasar en cualquier otro lugar.

Y antecedentes recientes, como la denuncia interpuesta por el secretario general del Partido Popular valenciano, Antonio Clemente, contra la manifestación cívica del 26 de marzo de protesta al presidente Francisco Camps, despiertan la desconfianza: Clemente no sólo diluyó la frontera entre un partido político y la Administración pública, sino que exigió a la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana el cierre de "perfiles en Facebook, blogs y portales en internet" que promocionaran al Colectivo contra la Corrupción.

Si Clemente hubiera podido aprovechar las claves maestras de la agencia valenciana de certificados digitales, no le habría hecho falta ni siquiera la ayuda de la Policía.