E.G.C.. 01/04/2011 La plataforma prefiere mantener la prudencia ante las últimas palabras del president Francisco Camps y apuntan que son declaraciones "muy políticas y muy en la línea del presidente"

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VALENCIA (VP). Los impagos del Consell por valor de 1.300 millones de euros a los proveedores sanitarios ponen en peligro la situación laboral de cerca de 800 trabajadores, según la Plataforma de Proveedores de la Sanidad Pública Valenciana, que engloba más de 30 empresas afectadas por la morosidad de la Generalitat. A ello habría que añadirle "un goteo es incesante de empresas que no paran de sumarse" asegura Vicente Peiró, el representante legal de la recién constituida plataforma.

La mayor parte de las facturas pendiente de pago son de 2009, 2010 y 2011, pero los impagos denunciados se remontan a 2008, recuerda Peiró. "La situación de estas empresas es agónica", asegura el portavoz en declaraciones a Valenciaplaza.com y reconoce que consideran "muy difícil" su cobro. La plataforma prefiere mantener la prudencia ante las últimas palabras del president Francisco Camps y apuntan que son declaraciones "muy políticas y muy en la línea del presidente". Camps, afirmaba el miércoles que el sector empresarial sanitario de la Comunitat Valenciana recibe una media de 4.500 millones de euros al año de los presupuestos autonómicos, transferencia sin la cual «posiblemente no existiría».

La asociación se reunirá el próximo 11 de abril con la Consellería de Sanidad y espera también un careo con la de Ecónomía, y hasta entonces, prefieren ser cautos. "Estos encuentros no se han acordado hasta que no ha saltado todo", se refiere Peiró a la repercusión mediática.

Entre 2006 y julio de 2009 se contabilizaron 565 sentencias en contra de la Generalitat en este área por valor de 413,9 millones de euros. En el apartado de intereses de demora, los costes en el mismo periodo de tiempo alcanzaron los 51,1 millones.

Organizaciones de carácter nacional como la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad ya se han puesto en contacto con los proveedores valencianos para ofrecerles su asesoramiento jurídico. Desde la organización recuerdan que según la Ley 15/2010, "no necesariamente las empresas son las que tienen que denunciar la no prontitud de los pagos, sino que pueden hacerlo las asociaciones". Este tipo de plataformas pretenden, como es el caso, denunciar para proteger a las pequeñas empresas "para que no tomen represalias en su nombre". Los problemas de morosidad de la Generalitat "ponen en peligro la competitividad de las empresas y destruyen empleo", señala Francesc Sisó, director ejecutivo de la Plataforma Multisectorial.

La Plataforma de Proveedores Sanitarios ha emitido un comunicado oficial ante la reacción de Camps con motivo de las reivindicaciones de esta Asociación. En el manifiesto, la organización asegura que nunca ha puesto en duda que el sector sanitario sea el que más dinero público recibe, "es obvio que así es, aunque es evidente también que la dotación es insuficiente si es que se quiere mantener el actual nivel del sistema de la sanidad pública".

Sobre la próxima reunión con el conseller, esperan negociar una planificación de pagos, "firme y realista", que les permita "no sólo salir de la angustiosa situación económica" en la que están inmersos, sino buscar una solución de futuro que les permita "seguir subsistiendo para mantener la viabilidad" de sus empresas.

La mayor parte de las Empresas adheridas a la Plataforma fueron creadas hace más de 25 años, es decir "mucho antes de que el Molt Honorable President pasara a regir la Comunidad Valenciana, y muchas de ellas se constituyeron bastante antes de que naciera el señor Camps".

Inciden en que no representan a una "pequeña parte de los proveedores", como señaló el jefe del Consell. "La asociación aumenta su número de asociados día a día, y son muchos más los que están interesados en sus objetivos. Al día de hoy ya somos treinta Empresas en la Asociación, aunque su número aumentará día a día a la luz de las peticiones que tenemos en curso".