El Banco Base lleva varios días sin saber nada de la CAM pero espera que sus responsables se presenten mañana a la cita y puedan llegar a un acuerdo sobre el valor de los activos de la caja alicantina y la petición de ayuda al Estado.
Cajastur y las cajas de Cantabria y Extremadura quieren que la CAM reduzca su peso en Banco Base del 40 al 27 por ciento, facilitando así la entrada del Estado en el accionariado del grupo. Además, piensan que la CAM ya no puede poseer el 40 % de Banco Base -al igual que Cajastur- por la alta morosidad con la que ahora cuenta, próxima al 8,7 %.
Sin embargo, la caja alicantina ha reconocido en los últimos días que no está dispuesta a tener una participación menor que Cajastur en Banco Base, cuando su tamaño es casi el doble que el de la asturiana. También ha dicho que prefiere salir a bolsa en vez de solicitar ayuda al Estado, por lo que el acuerdo entre los cuatro socios de Banco Base parece difícil.
El grupo es el único Sistema Institucional de Protección (SIP) reversible, ya que las asambleas de la cuatro cajas que lo forman no han aprobado el traspaso del negocio al Banco Base, lo que está previsto que suceda el próximo miércoles.
No obstante, habrá que ver qué pasa mañana porque el Banco Base podría optar por seguir su andadura sin la CAM, a pesar de que esta opción convierte al grupo en una entidad mediana con apenas 55.000 millones de activos.
Esta cifra le colocaría incluso por debajo de la CAM, que posee 70.000 millones en activos, pero dejaría a la entidad alicantina al borde de la intervención del Banco de España si no logra una fusión alternativa, siempre según las mismas fuentes financieras.
Por eso, en el sector se rumorea que la CAM ha sondeado a la gran banca (Santander, BBVA, Banco Popular y La Caixa) y posiblemente a algún fondo para encontrar un socio que adquiera al menos el 20% de su capital y renunciar a formar parte de Banco Base.
Por si esta última opción se materializara o por si la CAM no se presentase a la cita, Cajastur y las cajas de Cantabria y Extremadura están siendo asesoradas por expertos jurídicos que determinarán si tienen que indemnizar a la alicantina por romper el contrato de integración.
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