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VALENCIA. La reciente publicación del aumento de la deuda en circulación de la Generalitat Valenciana durante el pasado año en un 22.77% y hasta un total de 17.600 millones, es un nuevo jarro de agua fría. para los contribuyentes valencianos. En especial a quienes pensaban que las difíciles circunstancias por las que atraviesa la economía española habían llevado a nuestros gestores públicos a realizar un ejercicio de responsabilidad poniendo fin a un endeudamiento sin límite (y a costes cada vez más elevados). Si por un lado esa deuda deberán pagarla en el futuro el conjunto de los valencianos, por otro, el endeudamiento de las administraciones públicas es uno de los factores desencadenantes de la crisis de la deuda soberana de España que tanto ha encarecido el crédito a las empresas.

Pero al mismo tiempo, la publicación de la cifra consolidada dice bien poco acerca del principio de rendición de cuentas a la que están obligados los gobernantes en tanto que ni a lo largo de 2010, ni desde la Conselleria de Economía ni desde el Palacio de la Generalitat se considerase necesario ir informando a los ciudadanos -con cuyos impuestos se tendrá que pagar ese elevado incremento del endeudamiento-, de la evolución de la deuda pública valenciana.

La argumentación cada vez menos tímida de que las elecciones son un cheque en blanco para hacer durante los cuatro años siguientes lo que a los ganadores de las mismas les viene en gana es una grave erosión de los principios básicos de la democracia. En varias ocasiones en el pasado ha sido la puerta a un rápido deterioro de su calidad con graves perjuicios incluso para los gobernantes que iniciaron el argumento.

Esta ausencia de transparencia se suma al abuso continuado que hace el Consell de la supuesta cláusula de confidencialidad de los contratos que firma. Con ella se hurta a los ciudadanos el conocimiento de lo que se hace con su dinero. La reciente confirmación de que el arquitecto Calatrava recibió sumas muy importantes a costa de proyectos que no han pasado de su fase inicial es el último eslabón, hasta el momento, de una larga cadena de ocultaciones que, como la ausencia de información sobre la marcha del endeudamiento, no tienen justificación alguna.

Los actuales gobernantes de la Generalitat no son sus propietarios. Son simples gestores de unos recursos que pertenecen a los contribuyentes. Sería importante que lo recordaran porque están jugando con las reglas de juego de las que depende el bienestar de todos.